Internacional

LAS CONSECUENCIAS DEL “NIÑO COSTERO”

Perú: ¿desastre natural o crimen social?

Los muertos, heridos, desaparecidos y damnificados que ahora lamentamos no son una consecuencia inevitable del desastre “natural”, como nos lo pretenden hacer creer los políticos del establishment y los medios de comunicación.

Viernes 31 de marzo | 15:56

Cada día que pasa la situación se hace más difícil en las regiones que sufren las lluvias, huaycos e inundaciones que hacen parte del fenómeno climático denominado “niño costero”. Según los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, el número de muertos se habría elevado a 90, mientras que existirían 20 desaparecidos y 374 heridos. A estas dramáticas cifras se suman los 120,899 damnificados y las más de 742,101 personas afectadas.

Los muertos, heridos, desaparecidos y damnificados que ahora lamentamos no son una consecuencia inevitable del desastre “natural”, como nos lo pretenden hacer creer los políticos del establishment y los medios de comunicación.

Existen responsables de carne y hueso que están detrás de estos sucesos y estos son los capitalistas que condenan al pueblo y a los trabajadores a la pobreza y a una vivienda precaria. A esa razón se debe que en las grandes ciudades como Lima o Piura - que desde la década del 60 fueron depositarias de las oleadas migratorias que le cambiaron el rostro al Perú - tengamos hoy a miles de personas condenadas a vivir en condiciones de hacinamiento en las orillas de los ríos, en antiguos causes de quebradas o en laderas inapropiadas para la vivienda. Este abandono estructural del Estado los convierte así en potenciales víctimas de inundaciones, temblores y de otros fenómenos de la naturaleza.

Esta tendencia se ha potenciado notablemente en los últimos años ya que el capitalismo no ha sido capaz de absorber laboralmente a los millones de trabajadores que son expulsados del campo y que se ven obligados a refugiarse en las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Por eso vemos que las barriadas - que en otros países son conocidas como villas miseria - han crecido notablemente en Lima y en otras regiones del interior, las cuales son pobladas en su mayoría por trabajadores desempleados, subempleados o informales que para poder sobrevivir muchas veces se dedican a actividades cuentapropistas lo cual no les permite salir de la pobreza. Esta situación contrasta notoriamente con la situación en la que viven los grandes empresarios y la casta de políticos en los cuales se sostienen para mantener sus mecanismos de explotación y saqueo.

Por otro lado, los capitalistas en su afán de lograr mayores ganancias también vulneran el medio ambiente y con ello alteran significativamente el clima. Como lo ha demostrado la ciencia; la permanente emisión de gases de efecto invernadero de la industria capitalista permite un incremento significativo de la temperatura promedio global del planeta. Por esa razón, fenómenos naturales como el niño costero se intensifican de forma violenta condenando a unas regiones a ser azotadas por tormentas e inundaciones terribles, como viene ocurriendo ahora en Perú, donde la gran minería transnacional a través de la explotación a cielo abierto ha elevado en los últimos años los índices de contaminación ambiental contando para ello con la complicidad del Estado que ha promovido políticas de desregulación como las implementadas a través de la Ley 30230 también denominada “paquetazo ambiental”.

El gobierno actual de Pedro Pablo kuczynski, quien ahora llama a la unidad nacional para encarar las consecuencias de este fenómeno natural, tiene también junto a los gobiernos regionales y municipales una alta responsabilidad ya que a pesar de conocerse los antecedentes climáticos, no tuvieran la voluntad política de articular un plan de prevención de desastres debidamente financiado por el Estado. La única prioridad del gobierno de Kuczynski y de los políticos que administran el Estado, han sido preservar los negocios y las ganancias de los grandes empresarios a través de una serie de medidas como aprobar el presupuesto público 2017 que no hace más que reducir el gasto social y mantener los beneficios tributarios al gran capital.

A pesar de ello el pueblo y los trabajadores han respondido con la mejor arma que tienen: la solidaridad con los sectores afectados. Un ejemplo digno de destacar en este sentido es la campaña que viene implementando el sindicato de trabajadores mineros de Cerro Verde, quienes a pesar de encontrarse en huelga indefinida contra su patronal, han hecho llegar a los damnificados víveres que fueron recabados entre los mismos afiliados. A esta iniciativa se suman también las muestras de solidaridad de los trabajadores de las minas de cobre que explota la empresa Southern en el sur del país (Moquegua y Tacna) y otras acciones que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país.

Queda claro entonces que lo que tenemos aquí más que un desastre natural inevitable es un crimen social, donde la responsabilidad de los muertos, los heridos y los daños materiales es de los capitalistas, del Estado y de quienes hoy se encargan de su administración. No podemos culpar solo a la naturaleza y hacernos de la vista gorda ante la gran responsabilidad que le atañe a las autoridades públicas, quienes sabiendo que estos hechos suelen ser recurrentes en el Perú en estas fechas, se mantuvieron de brazos cruzados y mirando para otro lado.

Por esa razón y a la par que seguimos promoviendo la solidaridad concreta con los afectados, consideramos que debemos exigir al Estado que se encargue de reparar a los perjudicados cuanto antes y de manera ágil e integral ya que muchos no solo perdieron sus viviendas sino también sus fuentes de trabajo. Por otro lado, se debe pelear para que a los empresarios se les imponga un impuesto que permita costear la reconstrucción de las zonas afectadas y obligar a que estos no dejen de pagar a los trabajadores por los días que no fueron a laborar debido a las consecuencias de las lluvias e inundaciones. Así mismo y para mitigar y evitar que estos sucesos se repitan, el Estado debería implementar en todo el país obras públicas de reconstrucción, de saneamiento y prevención de desastres. Y para que la corrupción, tan común en las obras públicas, no sea una constante debemos exigir que estas obras estén bajo control de los trabajadores.






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