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SE TENÍA QUE DECIR

Desaparición de Facundo: “Analizando el contexto se ve que hay responsabilidades políticas”

Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril. Todo apunta a la maldita Policía Bonaerense. Las novedades del caso las analizamos con Daniel Satur, editor de la sección de Libertades Democráticas de la Izquierda Diario, que junto a corresponsales de Bahía Blanca sigue este nuevo caso de desaparición forzada.

Lunes 13 de julio | Edición del día

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El 20 de marzo se decretó la cuarentena obligatoria y a partir de ese momento, las fuerzas de seguridad parece que tuvieron "vía libre para controlas las calles, rutas y demás accesos a las ciudades. No hubo un sólo día desde entonces que en La izquierda Diario no hayamos contado denuncias de la brutalidad policial", dice Daniel Satur en diálogo con Se Tenía Que Decir.

"Ahí se inscribe el caso de Facundo Castro", agrega, y recuerda que "a 30 kilómetros de su viaje de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, la Policía Bonaerense lo detiene en Mayor Buratovich (a 30 kilómetros), ambos del partido de Villarino, uno de los últimos partidos de la provincia de Buenos Aires".

Satur destaca que "muchos se preguntan porqué el caso se conoce recién cuando pasaron dos meses de búsqueda. La Izquierda Diario publicó la primera nota sobre el caso de Facundo el 21 de junio, cuando nos enteramos del caso. fue al otro día de que se realizaran rastrillajes en Buratovich. Al ver cómo ’buscaban’ pruebas y demás, Cristina entendió que la Bonaerense estaba involucrada".

"Ahí empieza a develarse todo el operativo de encubrimiento, y hay que nombrarlo: desde la Policía a los fiscales, como Dimas García (de Médanos) y Rodolfo De Lucía (Bahía Blanca), que desde el 30 de abril hasta que la causa pasó al fuero provincial dejaron a la Bonaerense volcar todos sus ’testigos’ y ’pruebas’ al expediente, y dándoles la espalda a otros testigos que tenían datos mucho más creíbles y fehacientes. Esos testigos son quienes se acercan a la familia para contar lo que vieron: que la Policía subió a Facundo a un patrullero a las 15.30h, ya no en el retén"

Los "testigos" aportados por la Policía "fueron siendo presentados a medida que tenían que armar una historia", agrega Satur, y destaca que "esto es así: a la luz de los hechos queda claro que fueron testigos planteados".

"También hay que decir que hay un enorme cerco de los grandes medios de comunicación, provinciales y nacionales. La bonaerense no cambió: es la misma de siempre. Y acá hay que nombrar claramente al grupo de la familia Massot, que controla el diario La Nueva Provincia, donde se publica la versión oficial. Este cerco político, judicial y mediático se ve todo el tiempo", dice el editor de Libertades democráticas de este diario.

Para Satur, "la actitud de Berni y Kicillof, la actitud institucional, no dista de la actuación que hubo en casos como el de Miguel Bru bajo la gestión de Duhalde en 1993, o de la del actual canciller Solá en 2006 ante la desaparición de Julio López, o la del excandidato presidencial y actual embajador en Brasil daniel Scioli en 2009 con la de Luciano Arruga".

"El caso de Facundo no es aislado: es una trama en la que todo hace sospechar que tiene que ver con el ’vía libre’ a esta institución", que actúa del mismo modo en todo el país: en el barrio de Flores, donde un pibe fue asesinado por el gatillo fácil de Gendarmería; en Tucumán, donde gobierna Manzur y fue desaparecido y asesinado Luis Espinosa; en Chaco con Capitanich que reprime a los qom; en el San Luis de los Rodríguez Saá con la chica Morales ’suicidada’ en una comisaría".

"Hace falta contextualizar para entender donde están las responsabilidades políticas", dice, y agrega que hasta el Comité contra la Tortura que depende Naciones Unidas ya exhortó al Estado argentino para que actúe con celeridad.

"El sábado todo el pueblo de Pedro Luro salió a pedir justicia a las calles", cuenta Satur, y destaca que la movilización popular y la denuncia constante a nivel masivo serán las que puedan echar luz sobre este caso.

La causa de Facundo reviste actualmente en el fuero federal, en el Juzgado 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón y con la fiscalía a cargo de Ulpiano Martínez, un fiscal muy cuestionado en la región por sus actuaciones contrarias a los reclamos populares.







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