Política México

ANTICAPITALISTAS A LA CONSTITUYENTE

Derecho al retiro y pensiones dignas

El gobierno, los partidos tradicionales y los empresarios han emprendido una cruzada contra los trabajadores, para recortar las pensiones y elevar la edad de jubilación.

Sergio Abraham Méndez Moissen

México @SergioMoissens

Sulem Estrada, maestra de secundaria

Agrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

Martes 31 de mayo de 2016 | 17:52

Los partidos que han gobernado siempre al servicio de los magnates como Slim han recurrido desde 1993 a trasformar los regímenes de jubilación existentes, iniciando por los más generosos obtenidos con importantes luchas obreras, como el Contrato Colectivo de Trabajo del Seguro Social. Actualmente son las cuentas individualizadas o afores las que transitan a descargar la responsabilidad del Estado sobre las espaldas del movimiento obrero mexicano.

Por un lado, está la reforma a la ley del ISSSTE, cuyos antecedentes se remontan a 1993. Entonces, con la aplicación de las medidas de corte neoliberal por parte del Estado mexicano, que incluyó políticas laborales que en el caso del ISSSTE ocasionó caída en el salario base de cotización, despidos masivos en el sector central, congelamiento de plazas, jubilaciones inducidas, estancamiento del número de cotizantes y administración corrupta de los recursos excedentes. Todo esto generó que las aportaciones y los rendimientos resultaran insuficientes.

Estas reformas impusieron el aumento en la edad de jubilación a 65 años y a 20 los años de servicio cotizados para tener derecho a una pensión de retiro; así como el aumento de las cuotas y aportaciones, entre otras, iban encaminadas a abrir el proceso de privatización del ISSSTE.

En el segundo semestre del 2003 el gobierno federal presentó su reforma a la ley del ISSSTE: sustituir el régimen de beneficios definidos actual por “un sistema de cuentas individuales con bono de reconocimiento”.

Así nació el Pensionissste. En esa nueva ley del ISSSTE se contempló la creación de un órgano desconcentrado que administrara los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, una iniciativa impulsada principalmente por el senador priísta Joel Ayala Almeida en 2005, rechazada en un primer momento por las principales centrales sindicales opositoras.

La nueva Ley del ISSSTE aprobada por las cámaras, los principales partidos al servicio de los empresarios y líderes sindicales charros, sin mucha discusión y con poca aceptación por parte del conjunto de los trabajadores/as al servicio del Estado.

Una transición hacia las afores

El Pensionissste se creó como entidad de tránsito hacia las Afores -Administradoras de fondos para el retiro-, instituciones privadas que administran los fondos de las cuentas individuales que cobran altas comisiones sobre los ingresos de los trabajadores.

En la modalidad de las Afores no hay una pensión mínima garantizada por el Estado. Salvo en el caso del Pensionissste, que se basaba en un sistema de reparto solidario y de beneficio definido sin importar los ingresos que se tuvieran a lo largo de la vida laboral. Pero con la reforma al Pensionissste, pretenden entregar los fondos de retiro de las y los trabajadores a la especulación financiera.

Las millonarias ganancias de la partida de las afores invertida en los negocios privados y de los bancos han sido sólo para los grandes capitalistas. Mientras tanto las pérdidas se socializan con los trabajadores formales e informales.

Aumento de la edad de jubilación

A esto se suma la actual ofensiva por extender la edad jubilatoria: por un lado, el plan de Carlos Slim para los telefonistas, por el otro el nuevo convenio firmado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). En este último caso, se exige del 1 de enero de 2017 a las trabajadoras 35 años de trabajo y los trabajadores 40 años de servicio para poder retirarse y acceder a una pensión.

Ahora los empresarios y los altos funcionarios de gobierno pretenden que la jubilación sea a partir de los 65 años para quienes hacemos funcionar la economía del país.

También en Pemex, se ha extendido la edad para poder acceder al retiro y a una jubilación a 65 años partir de 2021, mientras hoy llega a 60 años, en el marco de la aplicación de la reforma energética.

Pero hay –según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)– más de 30 millones de trabajadoras y trabajadores en México que ni siquiera tendrán la opción de jubilarse.

Mientras tanto, quienes legislan, administran e imparten la justicia de los ricos y los poderosos tienen jubilaciones inimaginables: un diputado, $77,000 por mes. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, $111,800; directivos de Pemex $250,000. Un insulto para todas y todos los trabajadores de a pie.

Pensiones dignas para todas y todos

Las trabajadoras y los trabajadores del sector público y del sector privado necesitamos que los fondos de pensiones estén al servicio de satisfacer y proveer pensiones que brinden una buena calidad de vida para todos y todas las trabajadoras al final de la vida laboral.

Por eso, desde la Plataforma Anticapitalistas a la Constituyente proponemos que las pensiones cubran por lo menos el costo de la canasta básica y se ajusten de acuerdo con la inflación. Que se abroguen los contratos y las leyes que imponen la jubilación a partir de los 65 años. Y proponemos terminar de una vez por todas con los privilegios de los altos funcionarios que se enriquecen a costa de entregar los recursos del país al capital privado y de incrementar el ritmo de explotación sobre el pueblo trabajador. Que los jueces, diputados, directivos y todos los funcionarios cobren la misma pensión que una maestra.

Otra de nuestras propuestas es eliminar el sistema de empleo a través de contratos por honorarios bajo los que laboran parte de los trabajadores del Estado, como numerosos profesionales y técnicos que laboran para la SEP.

Todas y todos los trabajadores que laboran en instituciones gubernamentales de los distintos niveles deben pasar a nómina y el Estado debe cotizar sus aportes al sistema de salud pública. Así aumentaría el número de cotizantes activos cuyos aportes puedan solventar las pensiones de aquellos que finalizan su vida laboral.

No se puede dejar la administración de los fondos de pensión en manos de asesores financieros al servicio de los grandes empresarios que especulan con nuestro dinero del retiro. Que los fondos de pensión sean administrados por las y los trabajadores del ISSSTE y el IMSS, y los derechohabientes, organizados de manera democrática, en comités de base, para evitar mala administración y desfonde de los mismos.

Este domingo 5 de junio vota fórmula 5, Anticapitalistas a la Constituyente.






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