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Derecho al aborto: el Código Penal de Macri retrocede cien años y criminaliza a las mujeres

Después de tres postergaciones sucesivas en 2018, el año de la marea verde, el proyecto de nuevo Código Penal entró al Senado. Fue este lunes por la noche, por lo que aún no se conoce el giro que tendrá para su tratamiento en Comisiones.

Sol Bajar

@Sol_Bajar

Martes 26 de marzo | 03:21

El texto incorpora lo que establecen más de 900 leyes sancionadas desde su última reforma, y debe leerse ante todo como parte de la campaña macrista en la coyuntura electoral. Así lo anticipan algunas cuestiones claves de este material cuya elaboración estuvo a cargo del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.

Muestra de ello es la elevación de las penas para delitos como el de corrupción, terrorismo y narcotráfico, o la mayor criminalización del derecho a la protesta, entre tantas otras medidas reaccionarias que el macrismo pretende poner en agenda, como parte de la campaña hacia las presidenciales de octubre.

Sin dudas, también es una muestra la rotunda negativa al reclamo de legalización del aborto, que nuevamente llevaron este 8 de marzo millones de personas que salieron a las calles de todo el país.

El útero tutelado

De aprobarse el proyecto oficial, la condena para la mujer que aborte se mantendría con uno a cuatro años de prisión, sin cambios de fondo al texto que ya tiene 98 años y contempla, como excepciones, los casos de violación, riesgo de vida y peligro para la salud de la mujer gestante.

A esas causales, como "novedad", el proyecto incorporaría la jurisprudencia que ya sentó hace 7 años, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el llamado caso F.A.L. Así, de aprobarse el proyecto, cuando se trate de un embarazo que provenga de un abuso sexual, se reemplazaría la actual referencia a la “violación o de un atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente”, por la referencia al “abuso sexual”.

Otro cambio que introduce el proyecto del oficialismo es la posibilidad de que el juez disponga, en los casos considerados punibles, que esa pena de prisión de 1 a 3 años, que rige actualmente, se deje en suspenso o no se aplique cuando éste considere que "los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho”, así lo justifican. Se trata, como advierte la escritora Claudia Piñeiro, de un verdadero retroceso respecto al Código que rige en la actualidad.

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Pero el proyecto va más allá y tipifica, además, al "aborto imprudente", que aplicaría en los casos de lesiones causadas "a la persona por nacer", en los casos de tratamientos médicos no consentidos y en los de violencia obstétrica.

El mensaje de fondo es, a todas luces, prácticamente el mismo que imaginó la autora de El cuento de la criada, Margaret Atwood, quizá sin pensar que podría llegar a expresarse con tanta claridad en la vida real. Es que, de aprobarse este proyecto, se estaría dando al feto un estatus jurídico distinto del cuerpo de la persona gestante, como si se tratara directamente de una persona nacida. Algo completamente alejado de cualquier visión más o menos científica, como demostraron las exposiciones de numerosas personalidades en el debate que se dio en 2018 en ambas cámaras del Congreso.

Este, sin dudas, es otro enorme retroceso que buscaría imponer el macrismo, y ya nadie puede negar que está a tono con la demanda de los dinosaurios que habitan los partidos mayoritarios, las cúpulas de las Iglesias, los gobiernos provinciales y los grupos fundamentalistas, que gracias a la complicidad con estos sectores, tienen -como se vio en los casos de las niñas obligadas a parir en Jujuy y Tucumán- un enorme poder sobre los derechos de las mujeres.

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Justamente, si hoy el útero de las mujeres sigue estando bajo tutela, como si se tratara de una parte de su cuerpo sobre la cual no tuvieran siquiera potestad, es gracias a esa alianza reaccionaria que se selló en los pasillos del Senado, de manera transversal, contra el reclamo de las mujeres.

En un año electoral, no está de más subrayarlo: a excepción del Frente de Izquierda, que mantuvo sin fisuras el apoyo al proyecto que exigía el aborto legal, seguro y gratuito, todos los partidos que habitan el Congreso garantizaron ese pacto, desde el oficialismo de la UCR-PRO a la oposición del PJ, incluido el propio kirhnerismo. Como se recordará, fue además la propia Cristina Fernández de Kirchner quien llamó, en esa oportunidad, a "no enojarse con la Iglesia" y a atar los intereses que representan los pañuelos verdes, que promueven el derecho a decidir, con los que buscan imponer los llamados "celestes".

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La movilización del pasado 8 de marzo, en la que cientos de miles de personas volvieron a exigir que no haya más muertes de mujeres por abortos clandestinos, mostró que a pesar de la derrota legislativa, ese reclamo mantiene una enorme vitalidad. Junto a los pañuelos verdes, los pañuelos naranjas que reclamaron la inmediata separación de las Iglesias del Estado, también volvieron a demostrarlo.

De cara a la próxima presentación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto, que se espera sea a mediados del mes de abril, está planteado, sin dudas, volver a expresar esa fuerza en las calles, con miles y miles en apoyo a esta demanda elemental. La historia de décadas de lucha por este reclamo, que se revitalizó con la más reciente marea verde, de miles de pibas que abrazaron esta lucha, lo merece.

Comenzar a debatir ya mismo, en los barrios, en los lugares de estudio y de trabajo, cómo construir esa gran movilización, paralizando el país en apoyo a este reclamo, sería un gran aporte. Es, por cierto, parte de las tareas que dejó planteado el último 8 de marzo al movimiento de mujeres.

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