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DERECHO A LA VIVIENDA

Denuncian ola de desalojos en el Estado español a quienes no puedan pagar alquiler

En septiembre finaliza en el Estado español la suspensión de desahucios y desalojos por impago de alquileres durante la pandemia. Millones de personas están suspendidas de sus trabajos sin pago o directamente han sido despedidas, pero los precios del alquiler no han bajado. Denuncia del sindicato de inquilinos.

Viernes 4 de septiembre | 10:17

El Estado español se prepara para una nueva ola, pero esta vez no es de contagios por Covid (que también los hay) sino de desalojos para todas aquellas personas que no puedan pagar el alquiler a partir de septiembre.

El Sindicato de Inquilinos denunció que los alquileres se mantuvieron inalterables a pesar de que miles de personas perdieron sus empleos o se encuentran suspendidas sin ingresos y no pueden hacer frente al pago de los mismos. La suspensión temporal de desalojos por la crisis del covid-19 vence este mes y si no se extiende miles de familias pueden terminar en la calle.

“Impagos de alquiler fruto de la pandemia que se traducen en desahucios masivos. En Estados Unidos ya se han disparado los desahucios. En España la suspensión termina este mes. O se amplía, o se viene algo parecido.” Así lo explica Javier Gil, del Sindicato de inquilinos de Madrid.

Gil también señala en su cuenta de Twitter que, mientras la firma de hipotecas inmobiliarias se desploma, los precios “no bajan de forma proporcional porque los propietarios y los especuladores se niegan a bajarlos e incluso prefieren mantener los inmuebles vacíos durante años.”

Desde 2015, el precio de los alquileres ha subido de forma totalmente desproporcionada, con un salto del 60% en Cataluña o el 57% en Madrid, haciendo cada vez más difícil para una familia trabajadora poder alquilar en las grandes ciudades. Y en el caso de la juventud precaria, emanciparse del hogar familiar es una quimera. Pero esta situación se ha agravado con la pandemia, porque cientos de miles de familias han quedado sin ingresos de un día para el otro, o con sus ingresos muy reducidos.

La campaña reaccionaria contra los “okupas”, agitada desde diferentes medios de comunicación durante este verano, se entiende en este contexto. Sin embargo, con 3,5 millones de viviendas vacías y 0,03% de viviendas ocupadas, queda claro que se trata de una campaña para prevenir, desde el punto de vista de los capitalistas y especuladores, las crisis de vivienda y de desempleo que podrían coincidir este otoño.

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Y mientras desde el gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos se han negado a aprobar una suspensión del pago de los alquileres, solo han ofrecido a cambio un sistema de ayudas totalmente insuficientes y un paquete de préstamos a tasa 0, que, aunque no tengan interés, implican aumentar el endeudamiento de las familias. “Ayudas”, que, además, hasta ahora no han recibido la mayoría de las personas que la han solicitado, al igual que sucede con el IMV.

En Cataluña, el Sindicat de Llogateres i Llogaters celebra que en los próximos días ingresará al Parlament un proyecto de Ley para regular los precios de los alquileres, imponiendo precios máximos y frenando futuras subidas. Si esto se aprueba, será producto de las protestas continuas de los sindicatos de inquilinos y las plataformas antidesahucios. Sin embargo, es una medida totalmente insuficiente, ante la gravedad de la crisis que estamos viviendo, y una vez que los precios ya han alcanzado picos desorbitantes.

El proyecto, que en principio ha sido negociado por ERC, CUP, JxCat y los Comunes, implica que los nuevos contratos que se firmen no podrán aumentar los precios, para “limitar la especulación”. Sin embargo, contiene varias cláusulas que permitirían a los propietarios saltarse esta normativa, como en el caso de realizar reformas en el inmueble, excepciones que han aumentado gracias a las enmiendas introducidas por JxCat en favor de los grandes propietarios.

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Para lograr bajar significativamente los precios de los alquileres es necesario tomar medidas de fondo. En primer lugar, terminar con la especulación de los grandes fondos de inversión y los grandes propietarios de viviendas, que las alquilan como pisos turísticos o en bloques, y que incluso pueden darse el lujo de mantener las viviendas vacías para no bajar los precios. Fondos buitre y especuladores que se beneficiaron de la crisis anterior, comprando vivienda a precios muy baratos o adquiriendo paquetes que estaban en manos de los bancos, mientras estos recibían más de 60.000 millones en ayudas de dinero público.

Las medidas son urgentes y son sencillas. Solo hace falta la voluntad política para afectar los intereses de los especuladores, a favor de las familias trabajadoras. En primer lugar, expropiar a los fondos de inversión que especulan con la vivienda, así como todas las viviendas vacías en manos de los bancos y grandes propietarios, para formar un parqué de vivienda social a precios bajos de acuerdo a las necesidades sociales. Junto con eso, la paralización completa de los desahucios, que han continuado escandalosamente durante la pandemia y aumentarán en los próximos meses. Finalmente, la regulación de los precios de los alquileres tiene que ir acompañada de una política para garantizar que cientos de miles de personas que están en ERTEs (suspensión) o desocupados, no vean reducidos sin ingresos: una renta de emergencia Covid, prohibición de las reducciones salariales y prohibición de los despidos. Un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que no han dejado de ganar fortunas durante la crisis, permitiría financiar de forma inmediata estas medidas de emergencia. Porque la vivienda debería ser un derecho para todos y no un negocio para pocos.







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