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AYOTZINAPA

Denuncian: ¿Cómo pueden garantizar que el gobierno asesino no intentará dar carpetazo?

A 41 meses de la masacre de Iguala, se realiza una nueva audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De cuarenta y ocho jóvenes que soñaban con ser maestros, tres murieron, dos están con secuelas de por vida, y 43 siguen desaparecidos.

Viernes 2 de marzo | 14:43

En la audiencia que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia, se alzan las voces contra el gobierno de Peña Nieto, a quien señalan como principal responsable de la masacre de Iguala.

“Les importan más las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad” denunció Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, durante la Audiencia Pública del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa.

“Anoche el gobierno se negó a firmar declaratoria de intención de cumplir con la atención y reparación; para el Estado es una estrategia de administración del caso. Se reafirma su voluntad de negar verdad, justicia y reparación”, fue otra de las denuncias contra el gobierno de Peña Nieto.

Por su parte, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), reclamó “Se debió ya determinar la responsabilidad de la policía y no se ha cumplido, se debió determinar la responsabilidad del Ejército y no se ha cumplido. No hay un solo detenido por desaparición forzada”.

Frente a los rostros indolentes de los defensores del gobierno mexicano, el representante del Centro Prodh denunció “En los últimos meses hay nuevos agravios contra las víctimas; doña Minerva falleció en los meses recientes por la tortura que significa no conocer el paradero de sus hijos”.

Resaló también que se debió ya determinar la responsabilidad de la policía y no se ha cumplido, se debió determinar la responsabilidad del Ejército y no se ha cumplido. No hay un solo detenido por desaparición forzada.

Otro cuestionamiento a las autoridades es que el acercamiento del Estado a las víctimas en un inicio fue para cooptarlos, ofrecieron dinero a los padres para que detuvieran sus demandas y todo está documentado en el informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, según el testimonio de Humberto Guerrero.

En cuanto al gobierno de Peña Nieto, en voz del fiscal Alfredo Higuera, responsable de la investigación del caso, dio a conocer que posee pruebas para esclarecer las razones del crimen de 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, pero señaló que no puede hacerlas públicas todavía.

Una aberración completa: siguen manteniendo su “verdad histórica” fabricada a base de mentiras y pruebas fraguadas. Todo lo redujeron a un grupo de policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos que supuestamente mataron e incineraron a los estudiantes en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Sin embargo, distintos peritajes independientes tiraron abajo esa versión. Señalaron que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos, lo que invalida la versión oficial cuestionada por los expertos de la CIDH que asistieron el caso.

En Twitter se expresa fuertemente el repudio y el cuestionamiento al gobierno de Peña Nieto y sus instituciones.






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