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¿Democratizar los sindicatos de la mano de Macri?

El día antes del paro, el ministro de Trabajo Jorge Triaca publicó una serie de “recomendaciones” para los sindicatos. ¿Quiere “fortalecer la democracia gremial” o negociar con las cúpulas?

Martes 11 de abril | Edición del día

No fue casualidad. El día del paro, el ministro Triaca anunció que había emitido la disposición 7-E/2017, con una serie de “recomendaciones para transparentar los sindicatos”. El ministro acompañaba el anuncio con una acusación: "Hay algunos que desde la posición se han transformado en extorsionadores”.

Las “recomendaciones” resonaron en los despachos gremiales. También en los medios. El principal aliado del Gobierno, de hecho, hace sus propias “recomendaciones”: “La ofensiva de Mauricio Macri sobre los sindicalistas marca la agenda política. Es una estrategia tentadora pero convendría, como siempre, echarle una mirada atenta al pasado reciente. Fue Raúl Alfonsín el último que se tentó con la batalla frente a los sindicatos peronistas y le fue mal” (Clarín, 10/4).

En ese marco se abren los interrogantes: ¿quieren aprovechar – Macri y las grandes patronales – para dar un golpe al sindicalismo peronista? O ¿intentan negociar un nuevo pacto?, ¿vandorismo empresarial tras la tardía escena de vandorismo sindical el 6A?

“Recomendaciones”

La disposición del Poder Ejecutivo comienza planteando que la legislación “reconoce como derecho a los trabajadores una organización sindical libre y democrática”, para plantear luego cuatro “recomendaciones” que analizamos más abajo.

El texto deja claro, a cada paso, el poder de control del Ministerio de Trabajo y las consecuencias del no cumplimiento de esas medidas.

Un problema de origen

Lo primero que hay que decir es que – por si alguien tuviera alguna duda – la iniciativa del Ministerio no apunta a ningún “fortalecimiento de la democracia gremial”.

En primer lugar, porque plantea como “eje rector” de las organizaciones gremiales a la Ley de Asociaciones Sindicales. Es necesario un breve resumen. Fue Perón el que sentó las bases de esa legislación. Dejó en manos del Estado el derecho a supervisar toda la actividad sindical, reglamentar las huelgas, otorgar o retirar personerías gremiales. Más tarde Frondizi establecería las cuotas compulsivas para sostener sindicatos y obras sociales, además de establecer una central única. En los 70, la nueva ley fortalecería el poder de las cúpulas para poder intervenir a las seccionales y comisiones internas díscolas. En los 80, la última versión, pactada por Raúl Alfonsín y Lorenzo Miguel, confirmaría los pilares del modelo sindical peronista. Según ese modelo, los sindicatos deben subordinarse al Estado, y las bases deben subordinarse a las cúpulas.

Por eso, una medida que plantea como principal recomendación “adecuarse a la Ley de Asociaciones Sindicales” jamás podría fomentar la democracia sindical. Como lo resumió con claridad un dirigente clasista de Zanon: “Estas leyes son moldes para fabricar burócratas”.

¿Democratización?

Aclarado el problema de origen, repasemos los límites y peligros de las “recomendaciones”.

La recomendación electoral se limita prácticamente a una cuestión técnica: boletas electrónicas. Cualquiera sabe que el problema de las elecciones sindicales son los padrones inflados por la burocracia, la conformación y los poderes absolutos de la Junta Electoral y todo tipo de maniobras fraudulentas que practican las cúpulas con la complicidad permanente de los “veedores” del Ministerio.

El planteo del cupo femenino se limita a enunciar una norma ya existente, que aunque limitada ni siquiera es cumplida por la misoginia y el machismo de las cúpulas sindicales. Las mujeres trabajadoras, que en algunos gremios superan holgadamente el 30 % del total, son discriminadas en la vida sindical. A lo sumo son ocultadas en cargos suplentes sin ningún tipo de incidencia. La “recomendación” macrista: disimular.

Quizá la que más ruido hizo en los despachos sindicales fue el “rechazo efectivo de la integración de las listas con candidatos inhibidos en sede penal o civil”. Allí recomienda “un exhaustivo análisis de las listas de candidatos, con la necesaria recolección de los antecedentes civiles y penales de los candidatos”. Macri, procesado por escuchas a docentes, lavado de dinero y fraudes al Estado, recomienda revisar el prontuario de los candidatos gremiales. Algunos sindicalistas, comprometidos muchas veces con hechos de corrupción y enriquecimiento, lo tomaron como una amenaza. Pero un argumento tan general constituye también una amenaza a activistas combativos procesados y hasta embargados por piquetes, huelgas u ocupaciones.

Por último, la “adecuación estatutaria a la Ley de Asociaciones Sindicales”. Como decíamos antes, no se puede esperar de una medida inspirada en esa ley ningún avance en la democracia sindical. En algunos casos, como los estatutos que han sido reformados como el Ceramista (Neuquén) o el de Aceiteros, sería “recomendarles” un retroceso.

¿Otra Ley Mucci o vandorismo empresarial?

Cuando se conocieron los anuncios de Triaca, surgió la inevitable comparación: ¿otra Ley Mucci?

Antonio Mucci, primer ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín, buscó aprovechar el desprestigio del sindicalismo peronista tras la dictadura para lograr un “reordenamiento sindical”, aunque más ofensivo. Como recordábamos hace unos días en La Izquierda Diario, aquel proyecto naufragó por el lobby de la burocracia sindical que lideraba, entre otros, el padre del ministro Triaca. El intento radical apuró además la reunificación de la CGT en enero de 1984, y el primer paro general meses después.

Golpear a las desprestigiadas cúpulas puede ser una forma de sumar imagen e incluso de golpear indirectamente al verdadero enemigo principal, las bases obreras. Pero la verdadera “relación de fuerzas” – lejos de la fortaleza que intenta mostrar el Gobierno – y los beneficios que le ha traído en estos 16 meses el pacto con lo que demagógicamente llamó “mafias sindicales”, son buenos argumentos para que Macri siga los consejos de Clarín. Todo parece parte de una estrategia de “vandorismo”, pero empresarial: golpear para negociar cómo sigue el pacto.

Las respuestas del sindicalismo peronista

En Azopardo prendieron la alerta. Héctor Daer dijo que “las conducciones gremiales están en regla” y el vocero del Triunvirato Jorge Sola intentó bajar los decibeles: "El ministro de Trabajo y el propio presidente tienen que sobrevolar estas tensiones".

Las cúpulas han abandonado cualquier atisbo de autoreforma, como el que promocionaba en 2014 Facundo Moyano. Sus colegas del Frente Renovador y la CGT, los triunviros Daer y Acuña, le habrán hecho entender que era como “dispararse en las patas”.

¿Quién puede democratizar los sindicatos?

Dentro de la izquierda, el PTS-FIT tiene claro que la democratización de las organizaciones obreras nunca puede venir de parte del Estado capitalista. De hecho, una de las condiciones para esa democracia es la independencia de los sindicatos del Estado y las patronales.

Por eso rechaza, antes que nada, la intromisión de Macri y Triaca en la vida gremial. Y pelea por organizar en cada gremio agrupaciones clasistas, que entre otros puntos levanten un programa para recuperar los sindicatos y terminar con la burocracia.

Un programa que va al hueso: quebrar las bases materiales que permiten la perpetuación de la burocracia. Que los dirigentes sindicales cobren lo mismo que cualquier trabajador, que vuelvan al trabajo tras ocupar un período en su cargo, que sean revocables, que las decisiones se tomen en asambleas, que las minorías tengan representación proporcional en todos los organismos.

Un programa que se ha hecho carne en la realidad, por militantes que han enfrentado a las cúpulas, sus patotas y fraudes. Como la pelea que dieron Raúl Godoy, Andrés Blanco y muchos dirigentes clasistas para reformar el estatuto de los ceramistas de Neuquén, que en su preámbulo plantea que “el SOECN se orienta y basa su práctica en la lucha de clases y bajo los principios del sindicalismo clasista, conservando su plena independencia del Estado y todas las organizaciones patronales”. La que ha dado Claudio Dellecarbonara no sólo contra la UTA sino para que el nuevo Sindicato del Subte tenga un estatuto verdaderamente democrático. O el planteo que han hecho Carlos Artacho, Mariela Pozzi y la Agrupación Violeta para que la reforma del estatuto de telefónicos sea real y no una lavada de cara, entre otras cosas impulsando la participación de las mujeres trabajadoras, como proponen las agrupaciones que impulsan Lorena Gentile en la Alimentación o Macarena Guzmán en Ferroviarios. La que dan nuestras compañeras docentes o del neumático para que los sindicatos recuperados aprovechen para sentar nuevas bases para la más amplia participación y autorganización de las bases.

Es el único camino para democratizar los sindicatos y ponerlos realmente al servicio de la lucha de clases.






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