Sociedad

SAN LUIS / TRANSPORTE INTERURBANO

Del legítimo reclamo salarial a la viveza empresarial y la desidia gubernamental

Salarios adeudados, viveza empresarial y desidia gubernamental: la crisis en el transporte interurbano de San Luis, ¿tiene solución?

Martes 2 de junio | 17:47

La crisis en el transporte público puntano sigue más vigente que nunca, estallando otra vez por deudas salariales, falta de subsidios e inversiones. Las trabajadoras y los trabajadores del sector, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), continúan con las medidas de fuerza ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del Gobierno provincial y de los empresarios del transporte.

Las patronales del servicio, aun recibiendo subsidios millonarios de parte del Estado, siguen aduciendo que no les alcanza el presupuesto, que tienen crisis y que no pueden hacerle frente a los salarios y las demandas de las y los choferes.

Sin embargo, resulta extraño que con semejante descripción de su situación económica y patrimonial (sin respaldo probatorio alguno), las dueñas y los dueños de las empresas que brindan el servicio de transporte interurbano no cedan las concesiones que tienen a su favor, si es que tantas dificultades les generan.

Es que, evidentemente, con los aumentos de boleto, subsidios, préstamos y beneficios impositivos, hacen negocios redondos a costa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del transporte, y de la pauperización de un servicio público que es vital para la vida diaria de cientos de miles de personas en la provincia.

A más de 20 días de haberse interrumpido el transporte interurbano por falta de pago de salarios (que en algunos casos, las empresas adeudan el 70 % de los mismos), sigue todo igual: las trabajadoras y los trabajadores del servicio siguen sin cobrar y mantienen las medidas de fuerza con paro y movilizaciones; y no hay respuestas, no hay soluciones, ni de los empresarios, ni de la gobernación de Alberto Rodríguez Saá.

Ante ello, desde el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad (FIT-U), planteamos cinco propuestas para darle una salida a la crisis del transporte. Partiendo de una medida elemental, como la anulación de los aumentos de boleto, nuestras ideas son opuestas a las de los Gobiernos y del resto de las fuerzas políticas, que apuestan y apoyan la privatización de este servicio público elemental.

1.- ¿Por qué no exigirle a las empresas que abran los libros de contabilidad y muestren los números?

Para demostrar su supuesta crisis, ¿no es preciso dar a conocer los números reales del funcionamiento del transporte? Se podría garantizar una auditoría seria de todas las empresas en las cuales se determine si realmente están teniendo pérdidas. También para establecer cuál es el precio real e ideal del boleto, a los fines de que el transporte continúe funcionando, y cuánto pagamos (de más) para que los empresarios prestadores se lleven sus ganancias. Ligado a esta medida, lo primero que hay que hacer es anular los aumentos de boleto.

2.- ¿Qué hacemos cuando se demuestre el negociado que se hace con el transporte?

La concesión es un contrato entre el Estado y los empresarios. Con la apertura y el análisis de los libros contables se demostraría que el precio del boleto es un robo, y que los subsidios y tarifazos han sido destinados a aumentar las ganancias empresariales. Hay que terminar con las concesiones para que el transporte y su prestación estén en manos del Estado provincial. Este servicio, al igual que la luz y el gas, son un derecho, no un negocio.

3.- ¿Qué pasa con las trabajadoras y los trabajadores, y con las unidades de transporte si se terminan las concesiones?

Sumando todos los subsidios, aumentos de boleto y préstamos que les han otorgado los distintos Gobiernos a los empresarios en la última década se pagaron con creces cada colectivo, cada herramienta y cada terminal. Todo ello es legítima propiedad del pueblo trabajador, que además de tener que pagar cada tarifazo con más esfuerzo, les ha dado en impuestos millones y millones de pesos desde hace años.

¿Por qué deberíamos indemnizar a los empresarios desplazados de los servicios? ¿Por haberse llenado de plata por un servicio que nunca hicieron funcionar bien? ¿Por haber llegado a una supuesta crisis que les impide hoy no afrontar el pago de salarios?

El cese de la concesión debe ir acompañado de la estatización del servicio, con toda la logística e infraestructura y, además, debe garantizarse el pase al Estado y a planta permanente de todas las trabajadoras y todos los trabajadores del transporte, manteniendo el mejor convenio laboral para su actividad y su pertenencia sindical a la UTA.

4.- ¿Y cómo se administraría el transporte?

Primeramente, si sacamos de la ecuación la ganancia empresaria y el transporte funcionase como un derecho, el boleto sería más barato.

¿Se lograría un mejor servicio? Para garantizar que el servicio funcione bien y mejor en interés del pueblo trabajador, la única garantía es que lo administren las mismas trabajadoras y los mismos trabajadores del transporte. ¿Quién mejor que un/a chofer para saber los problemas de horarios, de circuitos, de frecuencias?

Quizás, nos digan que es muy difícil, pero en realidad quienes lo han administrado hasta ahora nunca se subieron a un bondi, no dependen del transporte para ir al trabajo o trasladarse y no conocen la tensión de manejar un colectivo en la hora pico.

Pero no alcanza solamente con volver al viejo modelo de las empresas de servicios estatales. Bajo la administración de funcionarios políticos, los servicios pueden convertirse fácilmente en fuente de corrupción, como ha sucedido a lo largo de todas las gobernaciones.

A inicios de la década del ’90, el menemismo decía que las empresas de servicios eran una pérdida para el Estado. De esta manera, las terminó regalando a precios bajísimos a los mismos empresarios que presionaban para que se privatizaran. Hoy ganan fortunas a costa de los aumentos del boleto y de los subsidios estatales, y el servicio sigue siendo pésimo.

Para evitar que la historia se repita, desde la izquierda proponemos que se estaticen, pero bajo la administración de las trabajadoras y los trabajadores del sector y bajo el control de comités de usuarias y usuarios, garantizando también el asesoramiento de profesionales y especialistas de las universidades públicas de la provincia y el país.

5.- Y a esos comités, ¿cómo los hacemos?

La administración correría por cuenta de las trabajadoras y los trabajadores del transporte, con delegadas y delegados por línea y representantes por sector, que sigan de manera integral el sistema de transporte de San Luis. A su vez, cada línea de transporte siempre está relacionada con algún barrio.

Así como existen comités vecinales, podrían desarrollarse comités de choferes y usuarias y usuarios de cada línea y cada barrio, donde se intercambie sobre las condiciones del servicio, donde se planteen las necesidades de frecuencias y recorridos, y donde se discuta sobre cómo mejorar el estado de las unidades de transporte, si hacen falta más unidades, entre otras problemáticas. Las y los profesionales podrían ayudar a la contabilidad y a la planificación del transporte para volverlo más eficiente, que consuma menos, y para que vaya de la mano con el crecimiento de cada ciudad y localidad.

En resumidas cuentas…

Al contrario de lo que proponemos desde el PTS/FIT-U, las propuestas que las demás fuerzas políticas ponen sobre la mesa no tienen como jerarquía garantizar un mejor sistema de transporte para la población. Su principal objetivo es garantizar que las empresas del sector sigan lucrando, aunque sea a costa de que las familias trabajadoras paguen un boleto cada vez más caro.

Esta es la política que, vía subsidios y tarifazos, todos los gobiernos implementaron. El transporte es un servicio esencial, como la luz y el gas. Hace a la vida de cientos de miles de personas en nuestra provincia. Que esté en manos de un puñado de empresarios solo ha significado un empeoramiento del servicio y un encarecimiento del mismo, al punto tal que miles de personas ya no puedan viajar.

Dar vuelta las prioridades, es decir, poner antes que nada las necesidades y los derechos de la clase trabajadora y de cientos de miles de mujeres, jóvenes, jubiladas y jubilados, es más que necesario, más aun, cuando las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del coronavirus, y las políticas de los distintos Gobiernos, seguirán profundizando la precarización de nuestras vidas.

Organizarnos y luchar para que ello no suceda, significará que la crisis generada por el COVID-19 sea pagada por el empresariado, los terratenientes y los sectores que mayor fortuna concentran, y no por las grandes mayorías que hacen hasta lo imposible para llevar un plato de comida a sus casas y llegar a fin de mes.







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