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DECLARACIÓN CRT

Defender el referéndum del 1-O con una gran movilización social en Catalunya y el resto del Estado

El Govern convoca el referéndum pero manteniendo la misma hoja de ruta que viene llevando al proceso catalán a un callejón sin salida. Solo una gran movilización social en todo el Estado en su defensa y en la perspectiva de imponer procesos constituyentes sobre las ruinas del Régimen del 78 puede hacerlo posible.

Viernes 16 de junio | Edición del día

Foto: EFE

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El pasado viernes 9 de junio el president de la Generalitat hizo pública la fecha y la pregunta del referéndum en el que el pueblo catalán podrá pronunciarse por cuál quiere que sea su relación con el resto del Estado. Será el próximo 1 de octubre y las catalanas y los catalanes deberán responder a una pregunta: ¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente con forma de república?

Puigdemont anuncia un referéndum, pero se niega a toda medida efectiva para que pueda realizarse

El anuncio no estuvo acompañado de ninguna medida concreta. El decreto de convocatoria no será presentado al Parlament hasta el mes de septiembre. Según el govern, para reducir los plazos en que el gobierno central y el Tribunal Constitucional maniobrarán para situarlo por fuera de la legalidad. Sobre su organización han trascendido pocos detalles, como el anuncio de que se reclutarán 4.500 voluntarios para hacer de agentes electorales y más de 70.000 para ocuparse de las mesas de votación, una medida para tratar de evitar las sanciones legales a los trabajadores públicos que tomen parte.

Hasta el momento estas son las medidas que se preparan para que el 1O el referéndum pueda realizarse. Medidas totalmente insuficientes, por no decir negligentes. El Estado español dispone de los dispositivos legales, judiciales y policiales suficientes para intentar evitar que la votación pueda llevarse adelante. El bloque que busca evitar el referéndum va desde el poder judicial, la policía y las fuerzas armadas, el PP, el PSOE y Cs, hasta la Corona. Entre las medidas con las que cuentan, destacan la nueva Ley de Seguridad Nacional que otorga funciones ejecutivas al Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus sentencias, el artículo 155 para anular total o parcialmente la autonomía -empezando por las competencias de Interior- y otras muchas como sanciones directas a funcionarios o empresas que colaboren con el referéndum, como a las que se pretenden encargar urnas y papeletas.

¿Se pretende sortear a todo este aparato con maniobras de fogueo como retrasar la convocatoria formal o que ésta recaiga en sectores de la sociedad civil voluntaria? Nadie podría responder que sí a esta pregunta con un mínimo de seriedad. Por lo tanto, una vez más, Puigdemont y Junqueras, con el resto del bloque soberanista como compañeros de viaje, siguen conduciendo el movimiento por el derecho a decidir con una hoja de ruta que sólo puede desembocar en nuevas decepciones, aplazamientos o en una derrota represiva de parte del Estado.

El “processisme” como bloqueo a la organización y movilización social por el derecho a decidir

El camino para que el 1-O las catalanas y los catalanes puedan ejercer su derecho a decidir la relación con el resto del Estado pasa por una vía opuesta a la ensayada desde 2012 por el ya conocido como “processisme”, y no es otra que el desarrollo de una gran movilización social que lo organice y lo defienda.

En aquel año 2012, y tras la histórica Diada, el partido histórico de la burguesía catalana, miembro fundador del Régimen del 78 y lugarteniente del mismo por más de tres décadas, decidió ponerse a la cabeza de este vasto movimiento democrático. El “giro independentista” de Convergencia -hoy PDeCAT- tenía tres grandes motivaciones. Tratar de forzar una mejor negociación con el Estado en una posible redefinición del modelo territorial, evitar que la crisis de representación contra los partidos del Régimen del 78 arrastrase al pujolismo y sus herederos y desviar el movimiento de masas para bloquear un posible desarrollo que empalmara esta reivindicación democrática con otras sociales que buscaran una respuesta a los problemas de vivienda, paro, miseria...

El primero de ellos quedó fuera de agenda rápidamente. El gobierno del PP, y en general el Estado central, no está dispuesto a rediscutir el modelo territorial y de financiación a causa de la crisis de deuda generada tras la crisis de 2008 en adelante. La crisis capitalista puso en jaque varios pilares del Régimen del 78, entre ellos su Estado de las Autonomías, y no ha encontrado por el momento una resolución que regenere el consenso entre las diferentes burguesías territoriales alcanzado en las tres décadas anteriores a la crisis.

El segundo solo se ha conseguido muy a medias. La gran coalición de la burguesía catalana, CiU, saltó por los aires. Convergencia se recicló en PDeCAT y ha sufrido el sorpaso electoral de su socio ERC, aunque mantiene la hegemonía del bloque gracias al ventajoso acuerdo logrado con la conformación de JxSí. La vieja guardia del pujolismo ha sido desplazada, azuzada por los múltiples casos de corrupción, por una segunda línea de dirigentes con más lazos orgánicos con la pequeña y mediana burguesía -más favorable a la independencia- aunque sin romper ni mucho menos lazos con las grandes familias y empresas catalanas -que quieren seguir siendo parte de España y agradecidos súbditos de su Corona, que tantos negocios les ha conseguido en el extranjero-.

El tercero ha sido sin duda el mayor de los éxitos de aquel giro de los convergentes. En casi 7 de años de “processisme” Convergencia ha logrado que el fantasma de un gran movimiento democrático que nacía a solo un año del 15M y en medio de las dos huelgas generales de 2012, quedara desactivado como amenaza a la estabilidad capitalista. Reducido a grandes manifestaciones anuales, con algunos hitos de movilización importantes como el 9N y otras concentraciones contra medidas represivas del poder judicial, y sobre todo controlado políticamente, sin que nadie cuestionase la vía institucional y de negociación con el Estado que acabó convirtiendo al “procés” en el día de la marmota. En esta labor desmovilizadora el hecho de que la burocracia sindical de CCOO y UGT no haya tomado esta demanda más que testimonialmente también ha allanado el camino.

El anuncio del referéndum no pone fin a esta hoja de ruta. Tanto el PDeCAT, como ERC, como las direcciones de las entidades soberanistas (Omnium, ANC y AMI), se niegan a promover la movilización social, por el temor, bien fundado, a que además de conquistar el derecho de autodeterminación los sectores populares y la clase trabajadora pudieran abrir un proceso de transformación social mucho más profundo que terminase cuestionando los beneficios e intereses de los grandes capitalistas catalanes y no catalanes. Sus intereses de clase, o la defensa de los intereses de la clase capitalista para la que vienen gobernando desde hace más de 30 años, como en otros momentos de la historia del catalanismo conservador o pequeñoburgués, siempre está por delante de la lucha hasta el final por los derechos democráticos del pueblo catalán.

Una izquierda dividida entre el seguidismo al “processisme” y al flanco izquierdo del bloque constitucionalista

La CUP viene negándose a pelear por una hoja de ruta propia basada en la movilización social y la independencia política de los partidos de la burguesía catalana. Hoy por hoy, sigue entregada cada vez más a la política de “mano extendida” que llegó este año a su máxima expresión con el voto de los presupuestos neoliberales de JxSí. Sería necesario una ruptura copernicana con esta política en un momento clave como el actual, y que la izquierda independentista señalara la irresponsabilidad e impostura de quien convoca un referéndum pero se sigue negando a poner los medios materiales -la movilización social, los piquetes, las huelgas...- como para poder derrotar a quien se dispone a prohibirlo y reprimirlo si es necesario, y al mismo tiempo llamar a la izquierda anticapitalista, los movimientos sociales y las organizaciones de trabajadores a preparar un plan de lucha independiente en defensa del 1-O y la lucha por un proceso constituyente realmente libre y soberano.

En el caso de los “comunes” y Podem mantienen una posición calculadamente ambigua que puede terminar ubicándolos como furgón de cola del bloque constitucionalista. Atrincherados en la defensa de un imposible referéndum pactado como el que se rubricó en el Pacte Nacional pel Referèndum, se niegan a reconocer el referéndum del 1-O más allá de una jornada legítima de movilización. Su apego al respeto de la legalidad del 78 y sus pétreos mecanismos de reforma les lleva en la práctica a renunciar al derecho a decidir, aunque formalmente y en abstracto lo defiendan, y no se jueguen a ser parte de un bloque en clara defensa del 1-O.

Por su parte, Unidos Podemos se mantiene en una posición abiertamente constitucional. Sus declaraciones en favor de la plurinacionalidad del Estado español o el derecho a decidir chocan con su propuesta concreta, nada menos que una reforma constitucional que debería ser aprobada por 2/3 de Congreso y Senado y un referéndum en todo el Estado. No sólo no apoyan el referéndum del 1-O, sino que reproducen el principio de que para que Catalunya pueda decidir primero debe hacerlo el Estado español sobre Catalunya.

Por lo tanto, el rol de las formaciones del nuevo reformismo no promete que vaya a servir de gran ayuda en esta pelea democrática fundamental. Su integración en la gestión institucional y su apuesta estratégica de formar un gobierno de coalición con el PSOE para aplicar un programa de tibias reformas y una regeneración superficial del Régimen, como explicó Pablo Iglesias en su discurso de la moción de censura, les lleva a que, en la cuestión nacional, como en otros temas tales como la Corona, opten por no sacar los pies del plato.

Es por tanto necesario que la izquierda anticapitalista, las organizaciones y movimientos sociales, la izquierda sindical y otros sectores que siguen defendiendo un derecho democrático básico como el de la autodeterminación, impulsemos movilizaciones en todo el Estado en defensa del referéndum catalán y por retomar la lucha por la apertura de procesos constituyentes para acabar con esta democracia para ricos y liberticida de derechos, y al mismo tiempo exijamos a la CUP el fin de la política de “mano extendida”, al conjunto de las formaciones del nuevo reformismo el fin de la ambigüedad y la defensa sin paliativos del referéndum del 1-O y a las direcciones sindicales que lleven también esta pelea a los centros de trabajo.

Grupos como Anticapitalistas, que hicieron pública una posición en apoyo al referéndum y que defendía la organización de movilizaciones en todo el Estado deberían pasar de las palabras a los hechos, y poner sus posiciones institucionales y en Podemos al servicio de esta línea. Otros reagrupamientos, como las Marchas de la Dignidad, que tiene entre sus reivindicaciones la defensa del derecho de autodeterminación, deberían también hacer suya esta bandera y ponerse a la cabeza de un gran movimiento de solidaridad que suelde lazos entre los sectores obreros y populares de Catalunya y el resto del Estado.

Es necesario poner en pie un gran movimiento democrático en defensa del referéndum y la lucha por procesos constituyentes en todo el Estado

Contar con fecha y pregunta puede tener un efecto reactivador en el movimiento por el derecho a decidir. La masiva concentración del pasado domingo en Montjuic en respuesta a las amenazas del gobierno central es un síntoma de ello. Algunas encuestas vuelven a mostrar un fortalecimiento de los partidarios de la independencia y sobre todo una cifra que no ha descendido desde 2012, el 80% están a favor de que se pueda realizar un referéndum.

Esta masiva aspiración democrática y la posibilidad de que el Estado español termine, como ya ha anunciado, tomando medidas represivas y punitivas excepcionales para evitar la votación, abren la posibilidad de que el movimiento democrático pueda recobrar fuerzas y reabrirse un proceso de movilizaciones en defensa del referéndum y el derecho a decidir.

Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadores (CRT) , consideramos que, sin depositar ninguna ilusión en las direcciones del “processisme” que solo preparan un terreno para la derrota o la claudicación ante la ofensiva del Estado central, es clave impulsar la movilización social en defensa del referéndum del 1-O.

Una movilización que para nosotros debe buscar ampliar la base social del movimiento democrático y llegar especialmente a la clase trabajadora y los sectores populares. Para ello la pelea por el derecho a decidir la relación con el resto del Estado debe estar vinculada a la lucha por abrir un verdadero proceso constituyente catalán, como parte de la pelea por procesos constituyentes en todo el Estado sobre las ruinas del Régimen del 78, en el que además se puedan discutir y decidir qué medidas son necesarias y urgentes para resolver otras demandas democráticas irresueltas y los grandes problemas sociales que azotan a las mayorías sociales, como el paro, la vivienda, el desmantelamiento de los servicios públicos, la deuda pública o el aumento de la pobreza.

Los militantes y las militantes de la CRT, sin ser independentistas, somos firmemente partidarios de que se impulse una gran movilización que además busque la confluencia con los sectores obreros y populares del Estado español, para pelear juntos contra el Régimen del 78. Esta unidad de la clase trabajadora y los pueblos del Estado español en una lucha común creemos que es el mejor pegamento para construir una unidad sobre las ruinas de lo viejo, una pelea en común que desde la CRT hacemos en la perspectiva de acabar con los gobiernos de los capitalistas y poder conquistar verdaderos gobiernos de trabajadores que pongan las bases para una Federación de Repúblicas de trabajadores en la península ibérica.






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