CONGRESO NACIONAL

Debate por Ganancias: (no) todos ponen

“A todos nos gustaría bajar impuestos, pero la consecuencia es quedarnos sin recursos”, dijo Prat Gay. Millones para el agro y las empresas. Miserable modificación en el impuesto al salario.

Miércoles 30 de noviembre | Edición del día

En el día de ayer el Gobierno defendió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto oficial de modificación del Impuesto a las Ganancias que afecta al salario. Para tal fin, asistieron el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Alfonso de Prat Gay y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad.

Mauricio Macri había prometido en la campaña electoral que los trabajadores no pagarían más ese impuesto. No cumplió. Durante este año subió el mínimo no imponible, pero la gran mayoría siguió pagando.

Lejos de aquella promesa, con el proyecto oficial que impulsa el Gobierno, más trabajadores serán afectados por el Impuesto a las Ganancias.

Durante su presentación Prat Gay afirmó cínicamente que "a todos nos gustaría bajar impuestos, pero bajar impuestos es quedarnos sin recursos para atender a los que están en situación más preocupante". La afirmación la hizo luego de llamar a la "responsabilidad de los legisladores".

Esa “responsabilidad” no la exhibió el Gobierno cuando en diciembre del año pasado, apenas asumido, llevó adelante una serie de medidas que abultaron las ganancias de las grandes empresas exportadoras del agro.

A través del Decreto 133/2015 el oficialismo eliminó de un plumazo las retenciones a la mayoría de los productos agrarios y las bajó 5 % en el caso de la soja. Esa decisión significó una transferencia de unos $ 80 mil millones al agro. Si se suma el efecto de la devaluación que se realizó en simultaneo con el levantamiento del “cepo” cambiario, las patronales agrarias embolsaron en total alrededor de $ 120 mil millones.

Para que las únicas privilegiadas no sean las patronales del campo, Cambiemos completó las medidas pro patronales quitando las retenciones a los productos industriales y, posteriormente, a la minería.

Las diferencias de trato entre la velocidad para reducir impuestos a las patronales y la lentitud para modificar el impuesto que afecta al salario obrero, se debe a diferencias de clases sociales.

El Poder Ejecutivo sigue ratificando, a cada momento, que es verdaderamente un Gobierno de los ricos, para los ricos.

Cambiemos para que nada cambie

"Lo hacemos a lo largo del tiempo (la baja gradual del impuesto a las ganancias) porque es la única manera compatible, viable políticamente y socialmente posible, debido a la situación fiscal en la que nos encontramos. Es el mayor esfuerzo que podemos hacer", señaló el ministro de Hacienda en la presentación de ayer.

El proyecto enviado por el Ejecutivo calcula un incremento del 15 % en el mínimo no imponible y menos deducciones debido a que no se podrán deducir a cónyuges ni tampoco a padres y abuelos, cuando en la actualidad es posible hacerlo. Además, sólo se podrán deducir a los hijos hasta los 18 años de edad, mientras que en la ley vigente se puede hacerlo hasta los 24 años.

El mínimo no imponible vigente se encuentra en $18.800 de salario neto para los solteros y subiría a $21.700 si se ejecuta el 15 % de aumento impulsado por el Ejecutivo. En el caso de casados con dos hijos, el mínimo no imponible se elevaría en una proporción menor pasando de $25.000 a $25.231 netos mensuales. Casi un chiste.

Prat Gay indicó que el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría afecta "sólo" al 8 % de los asalariados y subrayó que la nueva escala apunta a corregir una situación actual en la que "la mayoría de los afectados se concentra en la última escala".

Puntualizó además la rebaja del 9 % al 5 % en la primera escala de la alícuota y la creación de un tramo inicial de 2 % para el trabajador que paga por primera vez el tributo, porque transforma al gravamen en uno de los más bajos de la región.

En caso de aprobarse sin modificaciones el proyecto del Gobierno, se calcula que en 2017 más trabajadores van a estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Si los salarios suben un 25 % el año próximo, no menos de medio millón de empleados podrían pasar a pagar el impuesto, en especial los casados con hijos, sumándose al 1,4 millón que ya pagan el impuesto.

Demagogia massista

En el Congreso hay presentados alrededor de 70 proyectos de modificación del Impuesto a las Ganancias. Pero el debate tiende a concentrarse entre el del Gobierno y el del Frente Renovador (FR).

El proyecto del massismo establece que el mínimo sube en casi un 50 %, siendo $48.500 para los trabajadores casados con dos hijos, $34.000 en el caso de los solteros y de $ 60.000 para los jubilados.

En cuanto a las deducciones, el proyecto del bloque de Sergio Massa establece deducciones anuales por $63.406 por el cónyuge, de $31.703 por cada hijo menor de 24 o nieta o bisnieto o en caso de tener el padre a cargo.

Desde el FR esperan poder acordar con el Gobierno sobre las alícuotas del impuesto a las Ganancias, porque no hay muchas diferencias entre los dos proyectos, ambos estiman una máxima del 35 % y la mínima es del 3 % en el del massismo y del 5 % en el del Ejecutivo.

Mientras de manera demagógica el FR plantea grabar la renta financiera y el juego, no propone elevar las escalas del Impuesto a las Ganancias para que paguen más las grandes fortunas.

“Golpean” para negociar

Junto a Prat-Gay y Abad también estuvieron defendiendo el proyecto oficial la subsecretaria de Ingresos públicos, Claudia Balestrini, el presidente de la comisión, Luciano Laspina y el jefe de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

El titular de la AFIP realizó una serie de comparaciones y proyecciones en la que concluyó que entre el proyecto oficial y el del FR que encabeza Sergio Massa, el costo fiscal aumenta unos $30 mil millones.

El proyecto del FR propone una suba mayor del mínimo no imponible y de las alícuotas y la creación de una serie de impuestos al juego, a la renta financiera (plazos fijos, Lebacs y dividendos) y a las mineras para compensar los ingresos fiscales que se perderán.

Abad marcó las diferencias en las estimaciones de ambas iniciativas y calculó que el costo fiscal del plan del massismo es de unos $63 mil millones contra unos $33 mil millones que insume el proyecto oficial.

Marco Lavagna tomó la palabra en representación del Frente Renovador y le planteó al oficialismo la discusión en términos políticos y no económicos: "La pregunta que yo quiero hacerle al Gobierno es si está dispuesto a discutir gravar la renta financiera, al juego y a las mineras, porque si es así luego lo técnico lo podemos discutir". Balestrini le respondió que el Gobierno está trabajando en una "reforma impositiva integral", señaló que se están analizando todas las exenciones "incluso las de las mineras" y se mostró a favor de discutir "todos los temas".

Laspina afirmó que "están de acuerdo filosóficamente con gravar la renta financiera", pero llamó la atención sobre los riesgos de aplicarlo a determinados segmentos y con una ingeniería financiera inteligente.

"Antes de proponer lo que propusimos al Congreso acordamos con los gobernadores que el costo fiscal de la propuesta iba a ser de 30 mil millones de pesos para 2017", señaló Prat Gay, quien recordó que además "esa es la pauta que además incluimos en el Presupuesto".

Este es un dato importante porque los gobernadores ven detrás de la reducción de la recaudación del impuesto aplicado sobre el salario una menor coparticipación de recursos. Por lo tanto, son en gran medida “solidarios” con que las modificaciones sean graduales y aportan votos de senadores.

Las transacciones entre el Gobierno y los bloques opositores vienen desde hace días. Tras las negociaciones con el massismo para levantar la sesión del jueves pasado por Ganancias, el Gobierno realizó diversas reuniones informales con representantes del FR y del bloque Justicialista. El objetivo del oficialismo es alcanzar algún acuerdo con el massismo, obtener dictamen este jueves y que se trate en Diputados el martes 6 de diciembre.

Desde Cambiemos, los contactos llegaron hasta Axel Kicillof, que ayer denunció que el proyecto oficial viola en forma "flagrante" las promesas que realizó el presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral y pidió que el "Gobierno no sea amarrete" en la rebaja del impuesto a las ganancias.

Como ya ocurrió con el pago a los fondos buitres y el blanqueo de capitales, el régimen político patronal se apresta a negociar un proyecto donde el reclamo de la eliminación del gravamen sobre el salario seguramente será postergado.

El salario no es ganancia

El impuesto a las Ganancias grava las ganancias de personas físicas y empresas que ganan una cantidad mínima de dinero por mes, y se estima en proporción a sus beneficios.

El impuesto se divide en cuatro categorías: rentas del suelo, rentas de capitales, rentas de empresas y la cuarta categoría es la que se refiere al trabajo.

La recaudación de este impuesto fue creciendo en la última década. A través de los años el impuesto a las Ganancias correspondiente a la cuarta categoría pasó de significar el 1,0 % del PBI en 1999 al 3,21 % en la actualidad, incluyendo cada vez más a trabajadores en relación de dependencia. Se estima que están alcanzados por el impuesto 1,4 millón más 400.000 jubilados. En la década del 90 sólo alcanzaba a gerentes o supervisores, personal jerárquico.

El Frente de Izquierda es el único que levanta la eliminación del Impuesto a las Ganancias aplicado al salario. Así lo viene sosteniendo Myriam Bregman en todos los debates públicos.

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Ayer, en la presentación del proyecto de Cambiemos en Comisión, el Frente de Izquierda volvió a insistir –mediante la intervención de Néstor Pitrola- en pedir la "abolición" del impuesto a las ganancias para los trabajadores de convenio.




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