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Debate en el Senado: claves del Consenso Fiscal, Responsabilidad Fiscal y jubilaciones

En acuerdo con la oposición, el Gobierno trató tres proyectos importantes. Los ejes de las modificaciones implican jubilaciones de hambre, desfalco a la Anses y congelamiento del gasto.

Jueves 30 de noviembre | Edición del día

Foto: Senado

Tras la nuevas asunciones en la Cámara Alta comenzó una maratónica sesión para tratar una serie de proyectos, entre ellos la reforma previsional, el Consenso Fiscal y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, todas iniciativas negociadas con los gobernadores, incluido el bloque peronista.

El proyecto de ley de ajuste en las jubilaciones fue pactado especialmente con Pichetto, Senador del Partido Justicialista, una nueva fórmula para actualizar los haberes que obtuvo un amplio repudio entre los especialistas.

El Consenso fiscal y la ley de Responsabilidad Fiscal fueron acordados por el gobierno nacional y los mandatarios de todas las provincias, a excepción de San Luis. Un acuerdo que congela el gasto de las provincias que impactará en la salud, la educación, y medidas que desfinanciarán la Anses.

Jubilaciones de miseria

  •  Se modificó la forma de actualizar las jubilaciones. Ahora se calculará un 70 % según la inflación de dos trimestres anteriores y un 30 % al crecimiento de los salarios registrados (RIPTE). Se trata de la fórmula sugerida por el FMI y la OCDE.
  •  Si se hubiese utilizado esta fórmula desde 2009, la jubilación mínima hoy sería de $ 5.703 en vez de $ 7.246 como es en la actualidad. Esto representa una pérdida neta de 21 %.

    Vale aclarar que con la actual ley de movilidad jubilatoria, los jubilados están lejos de la canasta básica de la tercera edad, que ronda los $ 17.000. La senadora Nancy González (FPV) defendió la actual ley al destacar que sin cambios en la fórmula los jubilados ganarían $ 8.200. Una suma que tampoco permite llegar a fin de mes.

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  •  La actualización atrasa un semestre al incrementarse las jubilaciones en seis meses después respecto a la variación de los precios.
  •  Para aquellos que hayan aportado al menos 30 años tendrán el “beneficio” de percibir un haber mínimo de un monto equivalente al 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, esto representa sólo $ 20 más que la mínima actual. Lejos de la demanda histórica de los jubilados que es el 82 % móvil del salario en actividad.
  •  Para los trabajadores del sector privado se alargará de manera “optativa” la posibilidad de trabajar hasta los 70 años. La extensión de la edad no tendría casi gastos para el patrón y reduce el costo de la indemnización.

    Consenso fiscal

  •  El acuerdo fijó nuevas pautas para el reparto de fondos entre Nación y provincias, y modificará gravámenes.
  •  Las provincias reducirán el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos por 1,5 % del PBI en los próximos cinco años.
  •  Acuerdo por el Fondo del Conurbano: Buenos Aires recibirá $ 40.000 millones en 2018 y $ 65.000 millones en 2019. Retirará la demanda judicial.
  •  Ley de Impuesto a las Ganancias: derogación del artículo 104, establece que el 10 % de lo recaudado por este impuesto debe ser destinado a Buenos Aires, con un tope de $ 650 millones.
  •  Juicios: todas las provincias (excepto San Luis) acordaron desistir de las demandas, lo que significa un monto de $ 340.000 millones para las provincias y $ 400.000 millones de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.
  •  Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno Nacional financiará los déficit por este concepto.

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  •  El perdedor de este acuerdo es la Anses ya que lo perdido por las provincias por la coparticipación vendrán de recursos que antes recibía el organismo.
    Ley de responsabilidad fiscal: congelar el gasto
  •  Los gastos primarios no podrán aumentar por encima del Índice de Precios al Consumidor Nacional, en caso de que las provincias y el Gobierno reflejen resultados deficitarios.
  •  La dotación de personal no puede ser mayor a la tasa de crecimiento poblacional proyectada en cada jurisdicción. Esto podría habilitar a despidos de trabajadores estatales.
  •  Cláusula de “fin de mandato”: desde dos trimestres antes de la terminación de los mandatos ejecutivos como presidente o gobernador no se podrá aumentar el gasto corriente en forma permanente.
  •  Fondos Anticíclicos Fiscales: se crean fondos por cada jurisdicción constituidos con los recursos excedentes de los años que la balanza fiscal sea positiva. Sólo se podrán usar en emergencias o situaciones excepcionales.
  •  No podrá subir la presión impositiva legal, en particular en impuestos aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.

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