Economía

De buitres “malos” y “patriotas”

En el marco del creciente escepticismo de varios analistas ante el nuevo canje de deuda anunciado por el gobierno el martes pasado, apareció este fin de semana un fondo de inversión amigo que podría apuntalar la estrategia del gobierno.

Esteban Mercatante

@EMercatante

Martes 26 de agosto de 2014 | Edición del día

David Martínez Guzmán, titular del fondo Finthech Advisory, que tiene títulos de deuda pública argentina por una cifra cercana a los mil millones de dólares, ha planteado su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso el pasado martes y su intención de cooperar para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.

En el marco del creciente escepticismo de varios analistas ante el nuevo canje de deuda anunciado por el gobierno el martes pasado, apareció este fin de semana un fondo de inversión amigo que podría apuntalar la estrategia del gobierno. David Martínez Guzmán, titular del fondo Finthech Advisory, que tiene títulos de deuda pública argentina por una cifra cercana a los mil millones de dólares, ha planteado su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso el pasado martes y su intención de cooperar para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.
Empieza a tomar cuerpo el objetivo de involucrar a los bonistas de los canjes para encausar la crisis creada por la decisión de la Corte Suprema el pasado 16 de junio de no tomar la apelación argentina al fallo de Griesa, que obliga a pagar el 100% de la deuda más punitorios a los bonistas holdout (que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010) y ordena el embargo de todos los fondos que argentina deposite para pagar vencimientos de la deuda canjeada. El depósito que realizó la Argentina para el vencimiento del 30 de junio por 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon (BoNY), no fue finalmente embargado pero sí bloqueado. Aunque el gobierno sostiene que al pagar cumplió con sus obligaciones, y responsabiliza al agente de pago (el BoNY), después del 30 de julio se activaron los mecanismos que declaran al país en default.

Un tercer canje con destino incierto

Con el anuncio del nuevo canje, que con las declaraciones de Martínez Guzmán muestra aceptación entre algunos acreedores, el gobierno apuesta a salir del default en un tiempo limitado. De ser posible antes del 30 de septiembre, cuando hay un nuevo vencimiento de deuda por 200 millones de dólares del bono Par. Es que, después de la oficialización del default, difícilmente pueda Economía repetir la decisión de junio y depositar en el BoNY. Sin embargo, la aparición de Fintech en escena no despeja los puntos dudosos de la estrategia oficial. El primero es el mecanismo para canjear los bonos. El Gobierno decidió remover al BoNY como agente de pago y reemplazarlo por Nación Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los bonistas). Este cambio se topa con una dificultad: la necesaria participación del BoNY validando los registros de los bonistas podría volverlo pasible de caer en desacato ante la corte neoyorquina, ya que el fallo de Griesa prohíbe a los agentes de pago de jurisdicción neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio. La segunda cuestión son los fondos de inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de jurisdicción. Salvo que los fondos “amigos” se ocupen de la compra de esta porción de la deuda, todo el mecanismo fracasaría ante la baja aceptación. Es decir que surgiría una se generarían más holdouts que podrían iniciar nuevos juicios. A pesar del respaldo de Fintech, los interrogantes al atajo que presenta el gobierno persisten.
Lo que pone en evidencia es que, aunque se sigue apelando a la retórica de “Patria o buitres”, los intentos de restablecer el pago de la deuda externa persisten. Es natural. Durante años el gobierno y todos los “progres” que desde diversos medios replican el pensamiento oficial, sostuvieron hasta el hartazgo que la deuda había dejado de ser un problema, gracias a la “capacidad de pago” del país (que se basó en un ciclo inédito de crecimiento de las exportaciones que revirtió tendencias previas) y la supuesta reestructuración “soberana” que había pactado una quita elevada (que después se hizo evidente que no era tal en los hechos). La estrategia del kirchnerismo fue resolver el problema de la deuda pagando “serialmente”, y en esto fue acompañado por buena parte de los “progres” que en otros tiempos habían repudiado el costo social de la deuda. Desde 2005 el kirchnerismo fue el mejor pagador, aunque quedaron en el tintero algunas de las hipotecas que había dejado la hecatombe de 2001, como ocurría con el Club de París, o los bonistas holdout. Conviviendo con estos frentes, el gobierno se obligó a redoblar el ritmo de transferencia de recursos a través de los pagos netos de deuda. Donde otros pagaban deuda con deuda, el gobierno argentino entregaba dólares contantes y sonantes. También reemplazaba deuda externa con deuda interna, contraída mayormente con ANSES y el Banco Central, es decir, retrayendo recursos paras las jubilaciones, preparando un futuro desfalco de la caja previsional y minando los márgenes para hacer política monetaria. Estrategia costosa y fallida: a pesar de ser “pagadores seriales”, la deuda pública pasó de 126 mil millones de dólares luego del canje de 2005, a 200 mil millones de dólares a fines de 2013. En la actualidad estaría superando los 225 mil millones de dólares.
Los 190 mil millones de dólares que el propio gobierno dice haber pagado desde 2003 (equivalente a media producción anual de la economía argentina), está entre las explicaciones de fondo de la escasez de dólares. Sumada a una fuga de capitales que se acerca a otros 100 mil millones en la última década, a las remesas de utilidades de las corporaciones al exterior que fueron récord, al descalabro energético y al fracaso de la publicitada reindustrialización, que se ver de forma patente en la industria automotriz que muchos más dólares de importaciones requiere cuanto más produce. Hasta 2011 se toleró alegremente estas sangrías, confiando que los dólares de la soja alcanzarían para cubrirlas. Cuando se hizo evidente que no era tan así, se confió en el cepo cambiario para cuidar las divisas. Sin embargo las reservas en manos del Banco Central siguieron cayendo.
Por eso el gobierno pegó el volantazo en enero: devaluación de más de 20 por ciento en días y vuelta a los mercados. El gobierno pagó los litigios del Ciadi (tribunal a la medida de las grandes empresas multinacionales), pactó con el Club de París, e indemnizó generosamente a Repsol. Sin embargo, se topó con la decisión adversa de la corte norteamericana, y el resultado es que por ahora cualquier resolución de la escasez de dólares por la vía de endeudarse afuera está archivada. Esta escasez, sumada a la inflación, ya está volviendo a apretar para generar un segundo ajuste cambiario en un año.
En la última semana el mercado paralelo se volvió a mover en espera de un nuevo ajuste en el tipo de cambio, ante el complicado panorama para conseguir dólares que genera el default que el gobierno pretende no ha ocurrido. El vice ministro de economía Emanuel Álvarez Agis salió a negar a finales de las semana pasada que se venga una devaluación, pero ya sabemos lo que suelen preanunciar estas declaraciones. Al mismo tiempo que hacía sus declaraciones, el Banco Central permitía que el dólar oficial subiera 11 centavos. Ya con los efectos que tuvo la devaluación de enero, las proyecciones apuntaban a una caída del salario de 5 por ciento para 2014, a pesar de las paritarias. Las nuevas turbulencias anuncian que la pérdida podría ser aún más severa, lo que se suma al deterioro del empleo.

El problema no es el default sino la deuda

En el debate entre oficialismo y oposición patronal sobre qué hacer con los buitres, que con el proyecto de canje se vuelve a trasladar al congreso, hay un acuerdo básico que es seguir pasando la deuda usuraria y fraudulenta. Deuda que se pagó varias veces desde la vuelta de la democracia, lo que no frenó su aumento desde 35 mil millones de dólares hasta su monto actual. Con o sin aprobación del proyecto oficial, el gobierno, el PRO, el Frente Renovador y las principales fuerzas del FAUnen coinciden mantener y profundizar el lastre de la deuda, comprometiendo nuestro futuro. La deuda es un fraude y un saqueo, que golpea con todo sobre los trabajadores y sectores populares. Por eso es urgente discutir no cómo pagarla, sino las medidas para dejar de pagarla.







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