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De Vido y la patria contratista, la “caja” de oficialistas y opositores K

A propósito de los procesos judiciales contra De Vido, un repaso por los negociados con la Patria Contratista tanto de oficialistas, como opositores K.

Miércoles 25 de octubre | Edición del día

Fotografía:DyN

En el día de hoy el diputado Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, afrontará una ardua jornada. Es que en una sesión especial la Cámara de Diputados tratará su desafuero, producto que así lo dispuso en el día de ayer el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Los pedidos de desafuero contra el ex ministro kirchnerista son dos. El primero pedido corresponde al juez Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga una defraudación con fondos destinados a obras en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Luego le siguió el juez Claudio Bonadio en una causa por sobreprecios en las compras de gas natural licuado y por la que fue detenido Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación. Bonadio además pidió su prisión preventiva.

Es una incógnita si De Vido prenderá el ventilador o no. Según lo revelan algunas fuentes periodísticas, su molestia contra todos los que le soltaron la mano es tan grande que estaría dispuesto a hablar. Así, bajo la figura del arrepentido, podría implicar a varios ex funcionarios y empresarios. Entre ellos estaría Ricardo Etchegaray, ex titular de la AFIP, quien habría controlado los precios y volúmenes de las operaciones a través del “canal rojo” de la Aduana y también empresarios como gerentes de Shell, cuando era presidida por el ministro de Energía Juan José Aranguren, y Repsol-YPF, antes de su reestatización en 2012. Claro que si habla, se autoincriminaría, razón por la cual algunos desestiman que esto suceda.

De Vido es un engranaje más de una aceitada maquinaria que le reportó y reporta millonarias ganancias tanto a funcionarios como empresarios alrededor de la obra pública. El gobierno Nacional, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, festeja la embestida judicial contra el ex ministro caído en desgracia y quiere convertirlo en un emblema de su lucha contra la corrupción y las mafias. Pero no hay nada más lejos de la realidad que pensar que Macri y los funcionarios de su fuerza política están dispuestos a llevar esta “lucha” hasta el final. Son varias las razones. Veamos.

El grupo Macri y la Patria Contratista

En primer lugar, porque la historia del grupo Macri es la historia de un grupo que amasó su fortuna en base a los negociados con la obra pública. Comandado por Franco Macri, el grupo familiar inició sus actividades económicas asociándose con el Estado en negocios ganaderos, bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía en 1966. A mediados de los ‘70 encontró otra veta que le reportaría más ganancias: convertirse en contratista del Estado. Y es así que el clan Macri se convirtió en un emblema de la denominada “Patria Contratista”, concepto utilizado para denominar a un grupo de poderosas empresas proveedoras del Estado que obtuvieron fabulosas ganancias con la obra pública. “La ayudita del Estado” fue tan grande, que el grupo Macri pasó de tener 7 empresas, en 1973, a ser el propietario de 47, en 1983.

La dictadura militar cayó, pero la Patria Contratista no. Siguió siendo un gran negocio para unos pocos, incluso a costa de la vida de la mayoría, como lo sufrieron las más de 50 víctimas fatales de la llamada Masacre de Once. Hecho por el cual está afrontando un proceso judicial De Vido y está preso otro ex funcionario kirchnerista, Ricardo Jaime, enjuiciado y encarcelado en 2015.

Las conexiones entre De Vido y el grupo Macri

En segundo lugar, hay otra razón. Y es que el grupo Macri fue altamente beneficiado por las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. En 2004 Franco Macri se convirtió en el nexo comercial entre los gobiernos de Argentina y China, lo que le reportó millonarias ganancias en dólares. En el año 2010, se dieron a conocer una serie de mails secuestrados de la computadora del testaferro y asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, a quien todos señalaban como “su recaudador”. Entre esos mails figura que la empresa china CITIC, vinculada a Franco Macri, cobró sobreprecios de un 160 % por la venta de vagones chinos para el subte. Por esa transacción, que se realizó de manera directa y sin licitación, Macri se llevó una comisión millonaria.

En el 2006 una sociedad formada entre el grupo Macri, Roggio, una empresa china y los gremios La Fraternidad y de camioneros se hizo cargo del ferrocarril Belgrano Cargas. El decreto, emitido por Néstor Kirchner, establecía, además, la entrega de subsidios no reintegrables de parte del Estado. Entre Macri y sus socios chinos concentraban el 51 % de las acciones. La importancia de esta red es enorme, ya que abarca casi 7400 kilómetros de territorio donde se generan más del 70% de las exportaciones del país.

Una intrincada red de empresas de la familia - que incluye al holding Socma, la empresa Ghella e Iecsa - fueron destinatarias de importantes y numerosas licitaciones durante los mandatos kirchneristas. Entre ellas: obras hidráulicas y represas (como Yaciretá), repavimentaciones de rutas nacionales y construcción de autopistas, construcción de viviendas del Plan Federal de Viviendas, obras de reparaciones de hospitales, obras ferroviarias, tendidos eléctricos, restauración de la Basílica de Luján, etc.

La relación entre el clan Macri y De Vido, y sus funcionarios allegados, era tan estrecha que, en el 2015, un comunicado de su ministerio reveló un listado de las empresas que más licitaciones habían recibido en obras públicas. En tercer lugar, se ubicó Iecsa, cedida por Franco Macri a su sobrino, Ángelo Calcaterra, que a su vez en muchas de las obras realizadas presentó como subcontratista a Lázaro Báez. Se estima que desde el 2003 recibió más de 1.800 millones de dólares para obras de todo tipo. A principios de este año se conoció que Calcaterra vendió Iecsa al dueño de Edenor, Marcelo Mindlin, para evitar denuncias por corrupción. Un poco tarde.

Un gran discípulo de Franco Macri es el amigo y ex socio del presidente, Nicolás Caputo, propietario de dos empresas: Caputo S.A. Y Ses S.A. Para intentar ocultar lo inocultable, con la firma que lleva su apellido hace negocios con el Estado nacional, y con la otra lo hace con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en manos del macrismo desde el 2007.

Pero las conexiones no terminan ahí. Un ejemplo más es la relación entre Eduardo Ramón Gutiérrez, propietario de la casa donde fue detenido José López, ex secretario de Obras Públicas y mano derecha de De Vido, y varias de las empresas del grupo Macri y Caputo. O la relación de sociedad entre Iecsa y la empresa española Isolux Corsán, involucrada en los negocios de Río Turbio.

La lista de vinculaciones entre funcionarios y empresarios oficialistas y de la oposición kirchnerista puede seguir infinitamente. La única razón que lo explica es que, aunque con algunas diferencias, ambas fuerzas políticas defienden intereses similares: los de la clase capitalistas, los de aquellos que consideran que sus ganancias valen más que las vidas del pueblo trabajador y las de sus hijos. Porque dirigen un Estado pensado con el objetivo de garantizar e incrementar permanentemente las ganancias de las patronales, y en muchos casos de ellos mismos.

El planteo de la Izquierda

Lejos de todos estos negociados, la izquierda defiende intereses totalmente distintos: los de los trabajadores y sectores populares. Por eso denuncia la corrupción de ambos bandos. Sostiene la exigencia de la exposición pública de todas las licitaciones y concesiones de servicios y empresas públicas. También plantea la apertura de todos los libros contables de las empresas que hacen negocios con el Estado y el levantamiento del secreto bancario para conocer a fondo el destino de los millonarios fondos de la corrupción.








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