Economía

FLEXIBILIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN

De Vaca Muerta al país: la batalla contra las condiciones laborales

"Esto va a ser una revolución del trabajo", afirmó Macri al festejar el acuerdo. La “revolución productiva”, la “Banelco”, y sus catastróficas consecuencias sobre la clase obrera.

Pablo Anino

@PabloAnino

Miércoles 11 de enero | Edición del día

Fotografía:DyN/LUCIANO THIEBERGER

"Esto va a ser una revolución del trabajo", afirmó Mauricio Macri al festejar el acuerdo para Vaca Muerta. Luego de unas lujosas vacaciones en la Patagonia el presidente volvió con las pilas recargadas para continuar el ataque contra los trabajadores.

El acuerdo para los yacimientos no convencionales, como el de Vaca Muerta, implicará reducciones salariales. Entre otros cambios, la burocracia de Guillermo Pereyra cedió las llamadas “horas taxi”, por las cuales se consideraba hora extra el tiempo de traslado del operario al yacimiento y la pernoctación. Además, se reduce la cantidad de integrantes de cada equipo de trabajo por pozo. Por otro parte, las maniobras y operaciones con viento en altura tendrán un límite de 60 kilómetros por hora.

Para las empresas es todo beneficio. No sólo por la flexibilización laboral, sino porque en simultáneo se les subsidia los precios y se les quita retenciones a las exportaciones. Eso sí, ahora llegaría la prometida “lluvia de inversiones”. Un negocio redondo.

"Necesitamos este acuerdo en todos los sectores", se entusiasmó Mauricio Macri durante el anuncio. Se acababa de anotar un triunfo en la batalla comenzada meses atrás cuando habló de cambiar los convenios colectivos.

El Gobierno expresó su intención de extender el "modelo" Vaca Muerta a los trabajadores textiles y de la industria de Tierra del Fuego.

Tras el mantra de la “productividad” y la “competitividad” para generar empleo se trafica un ataque contra la clase obrera con catastróficos antecedentes en los 90.

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El “costo laboral”

La principal iniciativa formulada por Nicolás Dujovne, apenas asumió como ministro de Hacienda, fue proponer una reducción diferencial de las contribuciones patronales, lo cual implicaría un desfinanciamiento de la seguridad social a partir de la cual se pagan jubilaciones, asignaciones universales y familiares, entre otras prestaciones.

El desfinanciamiento de la seguridad social, con rebajas de contribuciones patronales, durante el gobierno de Carlos Menem se complementó con la privatización de la administración de fondos jubilatorios a manos de las AFJP. No es casual que la ley que estableció la falsa reparación histórica para jubilados (y un blanqueo para evasores y fugadores) contenga la perspectiva de una reforma del sistema previsional, por ejemplo, elevando la edad jubilatoria como propuso el FMI.

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El argumento del nuevo ministro, reproducido por las patronales, es que la reducción de impuestos ampliaría la base de aportantes dado que muchos blanquearían trabajadores, compensando las menores tasas impositivas.

Pero la experiencia práctica muestra que la reducción de las contribuciones patronales no conducen a un blanqueo, sino, por el contrario, al reemplazo de trabajadores estables o con mejores condiciones laborales por aquellos que provienen del segmento desocupado o peor remunerado, que se incorporan bajo los nuevos parámetros, para disminuir el "costo salarial" de conjunto.

Incluso, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habló de subvencionar por tres años las contribuciones de aquellas patronales que contraten empleados nuevos por hasta $ 12.000 (es decir, $ 9.960 netos), consagrando salarios que representan menos de la mitad de la canasta familiar.

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Además, Triaca instaló la idea de utilizar los planes sociales como un “voucher” para colocar 280.000 trabajadores como mano de obra barata. El fin es subsidiar una parte del salario a las empresas que los incorporen en sus plantas.

Para los jóvenes propone discutir un sistema de pasantías. La Administración Pública Nacional es una de las principales empleadoras que precariza y hace fraude laboral recurriendo a los llamados convenios de “asistencia técnica” con universidades.

Mediante ese sistema, la mayoría de los que trabajan no son estudiantes provenientes de las universidades con convenio ni brindan ninguna asistencia técnica, sino que desarrollan iguales tareas laborales que otros empleados estatales, pero sin derecho a licencias, estabilidad, servicio médico ni indemnización. En esta materia el kirchnerismo hizo escuela en todas las dependencias públicas.

No los voy a defraudar

Carlos Menem dejó signada su campaña hacia la primera presidencia con la promesa de "salariazo" y "revolución productiva". “Síganme, no los voy a defraudar”, remataba el entonces carismático candidato.

Luego de la puesta en vigencia la Ley de Convertibilidad, en julio de 1991 firmó el Decreto 1334 que prohibía homologar los convenios colectivos con cláusulas de indexación salarial, los incrementos no podían pactarse por plazos menores a seis meses y estaban atados a la productividad.

La Ley Nacional de Empleo, de noviembre de 1991, proclamaba combatir el trabajo en “negro”. Para tal fin, habilitó modalidades contractuales temporales atacando la estabilidad laboral, bajó cargas sociales y limitó las indemnizaciones por despidos injustificados. El ataque menemista también tuvo su capítulo en el empleo estatal con la Reforma del Estado y las privatizaciones.

Al finalizar la década del 90 el empleo en “negro” alcanzaba al 36 % de la Población Económicamente Activa (PEA). El desempleo pasó de 8,1 % de la PEA en 1989 a 14,5 % en 1999. En ese mismo período, el desempleo sumado al subempleo trepó del 16,7 % al 29,4 %. El salario real de convenio bajó alrededor del 30 % durante sus gobiernos.

Las reformas laborales anti obreras no trajeron más trabajo ni empleo de mayor calidad. Todos defraudados.

Billetera mata derechos laborales

La Alianza de Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez que llegó al gobierno teniendo como uno de sus ejes el combate contra la corrupción, tuvo un acta de defunción anticipada por la escandalosa votación de la “Ley Banelco”. A través de la SIDE se había “adornado” generosamente a varios senadores peronistas para que votaran esa norma.

Esa Ley 25.250, llamada de Reforma Laboral, se promocionó como un estímulo al empleo estable, pero de hecho implicaba mayor flexibilización y precarización, extendiendo los períodos de pruebas hasta seis meses, e incluso doce en algunos casos particulares de pequeñas empresas. Luego del período de prueba se reducían las contribuciones patronales a la seguridad social.

La “Ley Banelco” también establecía subsidios a una parte del salario a determinados tipo de empresas, como cooperativas, que contrataran trabajadores desocupados mayores de 45 años incrementando la dotación de personal. Esto habilitaba un fraude laboral a través de la simulación de la relación cooperativista. Además, la ley debilitaba el poder de los trabajadores para celebrar convenios colectivos.

Aquel gobierno culminó en un mar de desocupación y trabajo en “negro”, durante una de las crisis más profundas de la historia del país.

Década preservada

La “Ley Banelco” había quedado fuertemente cuestionada por la autodenuncia del radical Mario Pontaquarto.

El régimen político que la había votado, fuertemente cuestionado en las calles en el 2001, volvió sobre sus pasos y la derogó en 2004. La votación ofreció varias notas de color. Una notable la dio Margarita Stolbizer: “El pueblo espera un mea culpa del radicalismo y de la Alianza. Yo estoy dispuesta a hacerlo sin ningún tipo de pudor”, afirmó en aquel entonces la actual aliada de Sergio Massa.

A pesar de que la “Ley Banelco” se cayó y aumentaron las negociaciones colectivas, el kirchnerismo también tuvo su “pesada herencia” neoliberal en cuanto a condiciones de trabajo, la cual no fue trastocada en lo esencial.

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Como señaló Clara Marticorena, investigadora del CEIL-CONICET, en una entrevista concedida a La Izquierda Diario, donde sí hubo excepciones fue “en sectores puntuales, producto de la organización de los trabajadores, en muchos casos enfrentados a la dirigencia sindical de sus gremios (caso subterráneos, Fate, entre otros).”.

Música para los oídos empresarios

El Gobierno no tiene las condiciones políticas ni sociales para llevar una reforma laboral integral al Congreso en el año electoral. Ya quedó empantanado en 2016 con la Ley de Primer Empleo para precarizar a la juventud.

Por eso evalúa alternativas, como decretos o normas de menor jerarquía, por ejemplo resoluciones ministeriales, para imponer aunque sea aspectos parciales de las reformas.

Más allá de que los planes antiobreros no puedan avanzar íntegramente, en lo inmediato el oficialismo busca generar las condiciones para cambiar la relación de fuerzas y mientras tanto ofrecer un gesto hacia las patronales que reclaman que se bajen los “costos laborales”.

"Es bueno lo que dijo Dujovne", señaló José Urtubey, director de Celulosa, vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA) y hermano del gobernador salteño.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) también saludó las propuestas que puso en debate el macrismo. Lo mismo hizo la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). Son algunas muestras de simpatía, pero hay más.

Cuando a la patronal le brillan los ojos, los trabajadores tienen que agarrarse el bolsillo.




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