Política México

NEGOCIOS Y REPRESIÓN

De Guerrero a Veracruz: epidemia de crisis en gobiernos estatales

Desvíos de fondos públicos, enriquecimiento personal, lavado de dinero, colusión con el narcotráfico, represión, militarización, entrega de recursos a la inversión privada, violencia contra las mujeres, contra periodistas, recorte de fondos para jubilados y para educación son las prácticas en común.

Bárbara Funes

México D.F |

Viernes 14 de octubre

Ni uno solo de los partidos tradicionales y al servicio de los empresarios queda fuera. Todos cuentan entre sus filas con alguno de los casos más emblemáticos de corrupción y violencia gubernamental. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), todos están salpicados por los escándalos.

Es así que una de las características del sexenio de Enrique Peña Nieto es el estallido de crisis recurrentes en los estados de la república.

Veracruz

Uno de los endeudamientos más altos de todos los estados, el aumento sostenido de violencia contra las mujeres y contra periodistas, la proliferación del crimen organizado son algunos de los desbordes más sonados que detonaron la crisis del gobierno de Javier Duarte.

Quintana Roo

El priista Roberto Borge, que acaba de terminar su periodo de gobierno, no se queda atrás. “Los piratas de Borge” es uno de los escándalos más sonados: se trata de una red de funcionarios públicos asociados con notarios que se apropiaron del patrimonio de empresas y particulares. Su alianza estratégica fue con constructoras y empresas de turismo, como las que llevaron a cabo el ecocidio de Tajamar.

Chihuahua

César Duarte es otro exponente de la decadente “clase política”. Una de las últimas acusaciones contra el exgobernador es negociar el pago de una deuda privada adquirida en 2004, con el empresario español Ángel Cano Martínez.

Morelos

La inhumación clandestina de 119 cuerpos en Tetelcingo, Cuautla, fue uno de los últimos escándalos que enfrenta el gobernador Graco Ramírez, del PRD, junto con el incumplimiento en la entrega de recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También fue acusado de desvío de fondos y enfrentó la oposición al Proyecto Integral Morelos (una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto).

Guerrero

La noche de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa revelaron los nexos de Ángel Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex priista, con el crimen organizado. Fue uno de los primeros funcionarios separado de su cargo ante la crisis que abrió Ayotzinapa para el gobierno nacional. Tras su destitución, se mantiene en la impunidad. Renunció al PRD en febrero de 2015. Ahora reapareció en Acapulco, donde haciendo gala de cinismo, el 9 de octubre exigió el esclarecimiento del caso Ayotzinapa tras mantener una reunión con perredistas guerrerenses.

Nuevo León

Rodrigo Medina, quien gobernó entre 2009 y 2015, es otro de los cuestionados. En este caso, enfrenta una investigación por desvío de recursos por 3,683 millones de pesos en incentivos indebidos aprobados a la automotriz Kia. A su vez, es acusado por lavado de dinero y de desvíos de recursos públicos por 14,135 millones de peso.

Ciudad de México

El exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, que estuvo al frente de la capital del país entre 2006 y 2012. El máximo escándalo fue el de la línea 12 del metro, cuya construcción estuvo plagada de irregularidades, la “línea dorada”, que apenas al mes de inaugurada se cerraron 11 de las 20 estaciones.

Sonora

Guillermo Padrés, del PAN, que gobernó este estado norteño entre 2009 y 2015, fue acusado de autorizar la evasión impositiva por millones de pesos a distintas empresas y de construir una presa sin contar con los permisos que exige la ley.

Michoacán

Otro gobernador que salió por la puerta trasera, alegando problemas de salud, fue Fausto Vallejo, del PRI. Gobernó esta entidad entre 2012 y 2014, hasta que fue insostenible que se mantuviera en el cargo por el escándalo de sus vínculos con el crimen organizado.

Un instrumento político de la clase trabajadora

Estos gobernadores del escándalo son representantes de la “clase política”, que despliegan las fuerzas represivas contra los jóvenes que exigen justicia por Ayotzinapa, el magisterio que tomó las calles contra la reforma educativa, y las comunidades originarias que enfrentan los megaproyectos.

Es la “clase política” de las reformas estructurales que exigen las trasnacionales y el imperialismo, cuya gestión es ampliamente respaldada por los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el FMI y el Banco Mundial.

Andrés Manuel López Obrador, líder del Morena, habla de tragicomedia, tiempo después de haber declarado que si llega a presidente en 2018 dará impunidad a los actuales funcionarios, una suerte de reconciliación por adelantado para quienes gobiernan al servicio de las trasnacionales, el imperialismo estadounidense -y también de la edificación de sus propias fortunas personales.

Los de arriba lo único que tienen que ofrecer a las mayorías es degradación de las condiciones de vida, explotación y opresión. Contra la podredumbre capitalista, es necesario que la clase trabajadora, las mujeres que luchan por sus derechos y la juventud combativa tengan una organización propia, que impulse una perspectiva revolucionaria. Ése es el desafío que nos proponemos desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas.

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