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CORRUPCIÓN SANIDAD

Cuando la malversación de fondos no está reñida con la gestión de la sanidad pública

La Generalitat valenciana no impedirá que Ribera Salud siga gestionando hospitales públicos hasta que finalicen las concesiones pese a estar acusada de malversación de fondos.

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Jueves 1ro de diciembre | 18:38

Foto: EFE

La Generalitat de Valencia ha comunicado recientemente a Ribera Salud que no continuará siendo la empresa que gestione la concesión del hospital de Alzira cuando termine la concesión en 2018. Esta parece ser la primera consecuencia tras el escándalo de las presuntas irregularidades por el cobro de comisiones que la compañía sanitaria facturaba a sus proveedores y que, sin embargo, costeaba la Generalitat Valenciana. Sin embargo, en ningún momento la Generalitat valenciana ha optado por revocar la concesión antes de su vencimiento.

La Fiscalía de Valencia ha solicitado la declaración como imputados de Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, y de Pablo Gallart, directivo de la compañía. El juzgado de instrucción número 4 de Valencia investiga desde mayo el presunto cobro de comisiones por parte de Ribera Salud, a través de una filial, a empresas de material ortoprotésico.

El origen de la investigación es una denuncia de un sindicato médico, que llevó a la policía información del presunto cobro de las comisiones de Ribera Salud a través de su central de compras B2B. Ese "peaje” habría sido condición necesaria para acceder a las tres áreas de salud de la Comunidad Valenciana que gestiona la compañía, que además es socia minoritaria en una cuarta.

Ribera Salud tiene como coparticipes a partes iguales al Banco Sabadell y la compañía estadounidense Centene Corporation. Fue la primera que estableció el denominado “modelo Alzira” en 1999, el primer hospital público con gestión privada. Es además la única compañía que tiene como actividad única el desarrollo del modelo público-privado de gestión de infraestructuras sanitarias.

Esto no le impide tener un negocio muy boyante, lo que ilustra claramente la rentabilidad financiera que supone la gestión privada de los recursos sanitarios públicos. Así, en 2015 facturó 350 millones de euros dando empleo a 5.883 trabajadores y con un beneficio estimado en 13 millones de euros. Es decir un beneficio de prácticamente el 4% sobre el total de la facturación, lo que no está nada mal. Todo ello a costa de lo que obtiene de la gestión de la salud de 701.042 valencianos, los análisis clínicos de 1,2 madrileños, además de dos hospitales en Perú.

El presunto delito de Ribera Salud consiste en que cobraba comisiones por ventas que ella no costeaba de material sanitario de sus proveedores, mientras, por otra parte, trasladaba la cuantía global del coste, sin descuentos de ningún tipo, a las arcas de la administración valenciana. Negocio redondo calificado como un presunto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación por parte de los tribunales que han iniciado la investigación del caso.

Estas comisiones cobradas, además, no han sido desmentidas por Ribera Salud. Más bien al contrario, han ubicado la discusión con el gobierno de la Generalitat en si la empresa tiene o no la “obligación de negociar los precios” con el gobierno valenciano. Es decir, que se trata de una interpretación de procedimiento de la concesión de la gestión del hospital. Una prerrogativa, según la cual Ribera Salud podría legítimamente negociar precios rebajados de sus proveedores gracias al volumen de compras de material sanitario o por pronto pago, por ejemplo. Para, posteriormente pasarle la factura correspondiente al gobierno de la Generalitat, sin necesidad de incluir ese nuevo precio más rebajado obtenido.

Entienden así que se trataría de un beneficio legal para Ribera Salud, obtenido por realizar una óptima gestión de compras que se encontraría fuera del precio de la concesión sanitaria que es un coste global por la totalidad de los servicios de gestión del hospital. Una especie de peaje sanitario en la sombra para la población adscrita al hospital y una facturación directa para los que acuden de otras zonas no adscritas, a lo que habría que añadir ahora los “rappels” (descuentos) por compras que no hacen, quizás también en la sombra. Todo ello a costa del erario público y para acrecentar los beneficios a costa de nuestra salud de las grandes empresas concesionarias.

Lo más deleznable de toda esa situación, consecuencia directa de la gestión privada de un sector esencial como es el sanitario, es que los recortes en las inversiones públicas sanitarias de las comunidades autónomas, entre otras la de Valencia de una manera muy acusada, fueron justificados por el sobrecoste generado como consecuencia de un supuesto mal uso de los pacientes de esos servicios sanitarios.

Sin embargo, en realidad el gasto se ha disparado por la reducción de los ingresos públicos, consecuencia de la contrarreforma fiscal, y la prioridad insoslayable del pago de la deuda establecida por los gobiernos del PP y del PSOE, así como los comportamientos corruptos y derrochadores de la gestión privada, en este caso, de la sanidad. Comportamientos no solo no perseguidos, sino amparados e impulsados sobre la base del negocio de los “amiguetes empresarios” y de las puertas giratorias de las políticas del PP y del PSOE que han hecho de la sanidad pública un gran negocio privado.

En definitiva, mientras unos han estado “robando” para su negocio privado sanitario, otros como el PP en la Generalitat miraba para otro lado beneficiándose por activa o por pasiva de todo ello y por ese agujero se han perdido muchos millones de euros.

Es más, lo que se viene justificando como un gasto sanitario excesivo por un mal uso de los usuarios y que explicaba el recorte del gasto según sus impulsores, ha acarreado multitud de atrasos en la atención y malas praxis que han desencadenado la muerte y el empeoramiento de la salud de muchos pacientes.

Por otra parte, y a pesar de las graves acusaciones que están investigando los tribunales, el gobierno del socialista Ximo Puig, sostenido por Compromís y Podemos, ha decidido esperar a que termine la concesión del hospital de Alzira en 2018 para finalizar dicha concesión.

El gobierno de la Generalitat valenciana no contempla la posibilidad de revocar la concesión antes de su vencimiento por graves incumplimientos de contrato, algo que tiene que estar en cualquier contrato de concesión de un servicio público. Pero es que ni siquiera se habla de ningún tipo de sanción.

Además, el gobierno de Ximo Puig mantendrá al menos hasta 2019 la gestión de otras cuatro concesiones que actualmente gestiona Ribera Salud en los departamentos de sanidad: La Ribera, Torrevieja, Elche y Denia.

La Generalitat valenciana tampoco ha dejado claro todavía cuál va a ser la fórmula que gestionará a partir de 2018. Una de las formas que se baraja es la posibilidad de crear una fundación pública absorbiendo a la plantilla actualmente existente en el hospital. Sin embargo, ya conocemos como suele funcionar la gestión por la vía de las fundaciones. Suena mejor porque parece no tratarse de gestión privada, pero sin embargo, sí lo puede ser dependiendo de quiénes compongan el patronato.

En todo caso, una gerencia del hospital, aunque sea una fundación pública, basada en principios de gestión económica empresarial abocan a la desregularización del trabajo y la orientación de las inversiones sobre bases economicistas y de beneficios en favor de la propia fundación, es decir de interés privados espurios, alejando la actividad del hospital de su principal función.

Para revertir todo esto, es necesario el establecimiento de una gestión sanitaria del hospital bajo control de los trabajadores y los usuarios, con una gerencia elegida por los propios trabajadores y usuarios que garantizara una gestión pública irreversible, no corrupta y al servicio de las necesidades médicas de sus usuarios, algo impensable bajo los parámetros políticos capitalistas.




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