En el marco de la crisis social y económica los datos de la encuesta realizada por la Asociación de Inquilinos Agrupados resultan preocupantes. Las preguntas realizadas por la entidad a más de 2.900 inquilinos a nivel nacional arrojaron que el 29,9% no podrá abonar el alquiler de agosto. Además el 51,1% de los que adeudan el pago acumula 2 meses o más de atraso en el pago.

Según el informe ampliamente difundido, en promedio, los encuestados destinan el 45.5% de los ingresos totales de sus hogares a pagar el alquiler. En lo que va del 2020, en CABA, el monto por firmar un contrato de locación aumentó un 19,8%, bastante más que la inflación, que está en un acumulado de 13,3%. Entre la baja de los ingresos y la suba de los precios por parte de los propietarios, garantizarse el derecho a tener un techo es cada vez más difícil.

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La situación de la vivienda a nivel nacional es crítica y la cuarentena agudiza los problemas. Más de 3,5 millones de viviendas tienen serios problemas habitacionales según el Registro Nacional de Barrios Populares. Al mismo tiempo hay más de 2 millones de viviendas desocupadas, una imagen de la desigualdad que se profundiza día a día.

Los planes de construcción de viviendas y los préstamos hipotecarios impulsados por los sucesivos gobiernos se muestran insuficientes. Desde el Frente de Izquierda vienen exigiendo que para lograr revertir la tendencia y cada vez más familias puedan tener acceso a un hogar digno es necesario invertir las prioridades del Estado. Por ejemplo, con los USD 5.000 millones destinados a la fraudulenta deuda externa durante este año se podrían haber construido más de 125.000 viviendas de dos dormitorios. Los recursos están, la cuestión es a qué destinarlos.

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