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OPINIÓN

Crisis política en Nicaragua: entre el diálogo y la movilización popular

Después de la masacre del Día de las Madres (el 30 de mayo pasado, después de una multitudinaria marcha antigubernamental) así como la reciente de este domingo y lunes en Masaya, y tras la consiguiente interrupción del “Diálogo nacional”, se ha abierto una nueva página de la crisis, de mayor polarización, mientras “por arriba”, sigue buscándose la negociación.

Domingo 17 de junio | Edición del día

El gobierno de Ortega y Murillo rechazó en la mesa de negociaciones los cambios pedidos por la oposición por “inconstitucionales”, mientras que intentó cínicamente, desconocer su responsabilidad en la brutal represión estatal y paraestatal que ya ha costado un centenar de muertes. Según ellos “en Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno” y todo sería producto “de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro País, se confabulan para denunciar “ataques” inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público”. O sea que la versión oficial de la “conspiración golpista” descansa en la increíble afirmación de que las protestas populares que se multiplican por todo el país desde el 18 de abril se atacarían a sí mismas.

La Iglesia suspendió las reuniones pues “no se puede reanudar la mesa del Diálogo Nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”. El bloque opositor de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democratización (ACJyD, encabezada por las cámaras empresarias) insiste en que “el Diálogo Nacional sigue siendo una vía para encontrar una salida pacífica a la crisis actual. No obstante, después de los últimos acontecimientos, solo será posible seguir dialogando si se cumplen las condiciones planteadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y si se cuenta con garantes internacionales independientes”, amenazando con “intensificar la protesta pacífica”.

En vísperas de la Asamblea General de la OEA que se inicia en Washington (y que trataría la injerencia en Venezuela y posiblemente Nicaragua, según impulsan EE.UU. y la derecha regional), se recordó que mantiene contactos con el gobierno de Ortega, para acordar modificaciones al sistema electoral durante los próximos meses y su Secretario general, Almagro, declaró apoyar “elecciones tan adelantadas como se puedan hacer” rechazando que “otros quieren que instalemos a otro gobierno en el poder sin contar con nada de esto (elecciones transparentes), y eso ni de casualidad, no cuenten con la organización (OEA) para avalar ninguna chanchada de esa”, lo que significa que apuesta a sostener en el poder a Ortega para que primero derrote las protestas populares y luego presida su propia sucesión, pactando con los empresarios.

Apoyándose en este cuadro, el gobierno del FSLN apuesta a “pegar para negociar” ya que cuenta con que la oposición y el imperialismo no tienen por ahora un recambio político y temen un agravamiento de la crisis que afecte la “gobernabilidad” y, sobre todo, un “estallido social”. Por eso, trata de presentarse como el único garante de la estabilidad económica y política, para discutir en mejores condiciones, mientras recrudece la represión y trata de desgastar al movimiento de protestas.

Por ahora, a consecuencia del impasse en el Diálogo, tiende a ponerse a prueba la relación de fuerzas en la calle, lo que puede llevar a una escalada de enfrentamiento entre las fuerzas represivas y el levantamiento popular en curso (si no se reinstalan las negociaciones). En estas jornadas han recrudecido los ataques de las pandillas del FSLN y la policía, incluyendo el empleo de francotiradores contra la población civil desarmada. Pero por otro lado se están reforzando o re instalando numerosos tranques camineros y en Managua, Masaya, Chinandega, Estelí y otras ciudades, en los barrios populares se multiplican las barricadas y los aprestos defensivos. Parecen estarse desarrollando incipientes elementos de autoorganización y autodefensa, con un alto grado de espontaneidad, donde ganan fuerza las consignas contra el gobierno, exigiendo la salida de Ortega y Murillo.

Por otro lado, el gobierno a pesar de su dureza represiva y discursiva, está debilitado. Ha perdido base social y los viejos pactos con el empresariado y la Iglesia, claves para su hegemonía de 12 años, se han pulverizado. El clan Ortega-Murillo (que maneja un importante grupo de empresas y medios informativos) y sus aliados en la burguesía sandinista enriquecida en los tiempos de la “piñata” privatizadora de los 90, tiene su sostén principal en el control del aparato del Estado y del FSLN, principal formación política del país, y coopta mediante programas de asistencia social y la burocracia adicta, a las “organizaciones de masa” estatizadas, mecanismos que sin embargo han perdido eficacia, como denota el que haya perdido la calle. El Ejército ha optado por mantenerse en un segundo plano, sin reprimir activamente, y la policía viene sufriendo el desgaste por el constante despliegue represivo y el repudio popular. Los francotiradores y los grupos de choque de la Juventud Sandinista, con su táctica de ataques nocturnos a las tomas, barricadas o tranques, han resultado insuficientes para desgastar y aterrorizar a la población, pese al factor desmovilizador que fueron las expectativas en el diálogo promovido por la Iglesia.

¿Hacia un paro nacional?

En este marco, gana terreno la discusión sobre un “paro nacional”. Entre los grandes empresarios, la idea no es vista con agrado. Carlos Pellas, el mayor millonario del país y posiblemente de Centroamérica, insistió en que la vía del “diálogo y la negociación” para alcanzar "una salida ordenada, dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua" contra la idea del paro nacional, que según él, “a quien más afecta es a los trabajadores y a la población en general (…) una medida extrema, ya que la historia nos enseña que los paros nacionales terminan debilitando enormemente a la pequeña, mediana y gran empresa, generando desempleo masivo". Para Pellas y sus socios de la COSEP, se trata de utilizar la protesta popular para presionar a Ortega, pero nada temen tanto como la “desestabilización” que una mayor rebelión popular podría ocasionar; prefieren no arriesgar todo lo que lograron bajo el “orteguismo”: mercados “abiertos” al capital extranjero, libertad para avanzar con la concentración de tierras y la destrucción ambiental, altas ganancias gracias a la superexplotación de la mano de obra y los subsidios del Estado, adhesión a los “consejos” del FMI y el capital financiero internacional…

Voceros de la coalición estudiantil que forma parte de la ACJyD, comparten ese plan de “reforma parcial a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, adelantando las elecciones. Así, Lester Alemán sostiene que el “Diálogo nacional” es “una agenda para darle a Nicaragua su derecho a la democracia”, en línea con lo que dicen las cámaras empresariales. Es que este sector de dirigentes universitarios que participan en la Alianza Cívica, arrogándose la representatividad de todo el movimiento estudiantil busca encauzar la lucha a la mesa de negociaciones, más allá de sus altisonantes discursos. Según la web de Confidencial, Valenka Valle, otra de las referentes estudiantiles dijo que “es difícil para nosotros aceptar esto, pero la represión no va a acabar hoy. Continuará, y necesitamos optar por medidas de presión y estrategias organizativas en las cuales podamos proteger la integridad física, protegernos lo más que podamos”; sin embargo, se inclina por una vía de resistencia “cívica” en lugar de un paro nacional activo. Aunque otro vocero estudiantil, Harley Morales, se refiere a “una articulación de movimientos sociales que hacían llamado a paro nacional ciudadano, que invitaban a arreciar los tranques, pero también a conformar comités de autodefensa como en Masaya” (…) La forma en que la está haciendo Masaya, organizándose para hacer frente a los saqueos y la represión de los grupos de choque, son formas en que tenemos que comenzar a pensar cómo promover y pensar en gestionarlas”.

Una recientemente conformada “Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la sociedad civil”, integrada por sectores campesinos, estudiantiles, grupos feministas y organismos de DD.HH. declaró su propósito de “conformar un espacio autónomo para apoyar la organización y la lucha de los sectores populares, teniendo como estrategia la movilización y presencia permanente en las calles” y convoca a la “organización en los territorios, comunidades, valles, comarcas, municipios y ciudades, estableciendo las concertaciones y coordinaciones necesarias, incluyendo a los empresarios locales”. Propone fortalecer los tranques y levantar barricadas en “las comunidades, pueblos y ciudades”, impulsando “comisiones de organización, logística, seguridad y autodefensa, salud y comunicación” y llama a la “resistencia cívica”, dejando de pagar impuestos y servicios, entre otras medidas. El movimiento Madres de Abril, tras denunciar la masacre del 30, respaldó también la necesidad de un paro nacional.

Efectivamente es imperiosa una respuesta superior a la escalada represiva del gobierno, una acción contundente del movimiento de masas para derrotar a Ortega y Murillo, que signifique un salto para el levantamiento en marcha, pero eso requiere romper con los empresarios opositores, que lo que menos quieren es que la movilización de masas desborde su plan reaccionario de pactos con el régimen. La subordinación del movimiento de protesta a la política de la COSEP y la Iglesia es un grave escollo político para que el proceso se desarrolle y triunfe.

En Nicaragua se evidencia la bancarrota política del “progresismo”

El curso del gobierno sandinista –que de izquierda y antiimperialista no tiene nada-, es una muestra extrema de la deriva de los gobiernos que se autoproclamaron progresistas y populares durante la década pasada, y terminan no sólo sin resolver ninguno de los problemas estructurales de los países latinoamericanos, sino aplicando ajustes y represión y preparando el camino para el retorno de la derecha neoliberal.

A nivel internacional, sólo unas pocas veces en el campo progresista persisten hoy defendiendo a Ortega, como si todo fuera una conspiración de la CIA y las masivas protestas de universitarios y pueblo en general, equiparables a las “guarimbas” orquestadas por la derecha venezolana. La mayoría, prefiere mirar para otro lado y hablar lo menos posible de lo que sucede en Nicaragua.

Otro sector, dentro del cual podemos incluir a varios importantes intelectuales y disidentes del sandinismo, como Carlos Mejía Godoy, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, critican con dureza al régimen de Ortega. En palabras del escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez (referente del Movimiento Renovador Sandinista, MRS), “todos estamos del lado del cambio democrático, del lado de los muchachos en la calle”; o como dice Mónica Baltodano se trata de “que la pareja presidencial salga del gobierno, y que el diálogo sea realmente una negociación para encontrar cauces democráticos para este cambio, con el afán de evitar más derramamiento de sangre.” Pero esta política de centroizquierda es funcional a la estrategia de transición negociada que persigue la burguesía opositora, con la bendición de la Iglesia y el visto bueno de la Embajada.
Hace falta una política independiente, de los trabajadores, basada en el desarrollo de la movilización para derrotar al régimen y abrir paso a una salida acorde con las necesidades y demandas profundas del pueblo nicaragüense.

Por una huelga general obrera, campesina y popular

Lo que la situación reclama es la preparación de una huelga general indefinida, con movilización y tranques, para paralizar realmente al país y poner en las calles toda la fuerza de los trabajadores, los campesinos y las masas populares, confiando en sus propios métodos y organización. Para ello, es necesario generalizar la organización de comités y otros organismos de lucha, capaces de tomar en sus manos las múltiples tareas del levantamiento, incluyendo la autodefensa contra la represión estatal y las bandas sandinistas. Pero también su coordinación y centralización nacional, democráticamente organizada como un gran frente de las organizaciones que se den las masas en lucha y que adopte un programa propio, obrero y campesino ante la crisis nacional.

Se ha realzado el papel de la nueva generación, en particular de los estudiantes, protagonistas de un nuevo movimiento universitario, que viene jugando un importante papel en la vanguardia de las protestas, mientras el pueblo humilde de los barrios y poblaciones, así como el movimiento campesino anticanal, de conjunto, son la gran fuerza de este levantamiento de características plebeyas, populares, con epicentro en ciudades que fueron símbolo de la revolución de 1979 y hasta no hace mucho, bastiones del sandinismo.

Los trabajadores y entre ellos, muchos jóvenes y mujeres participan de la lucha en sus barrios. Sin embargo, la clase obrera como tal, como sujeto social y políticamente diferenciado está todavía invisibilizada. Y esta es una seria dificultad para el desarrollo de la rebelión, porque son los trabajadores los que pueden paralizar la producción en los centros vitales de la economía nacional. Hasta ahora pesan las condiciones de precarización, extrema explotación y recorte de derechos de organización impuestos por los empresarios y el régimen, como ocurre, por ejemplo, con los más de 100.000 obreros y obreras que laboran en las “maquilas” de las Zonas Francas, principalmente en Managua. Las principales organizaciones sindicales, como la Central Sandinista de Trabajadores (CST), el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT, cuyo secretario general es también diputado y preside la Asamblea Nacional), la federación de trabajadores de la salud, la Confederación del magisterio y otras, son controladas por el Gobierno, a través de una burocracia adicta que ha cerrado filas en su defensa, como mostró en el acto oficial del 1ª de Mayo junto a Ortega. Pero es el desarrollo mismo de la movilización en curso el que abre la posibilidad de que los asalariados de la industria, los transportes y servicios, etc., sacándose de encima esa “losa burocrática”, comiencen a jugar un papel superior.

Para ayudar a ello y fortalecer la movilización de conjunto, es necesario combinar las legítimas demandas democráticas contra la represión y por justicia, contra el régimen autoritario y corrupto de Ortega y Murillo, con las demandas obreras, campesinas y populares, por el salario, el trabajo y la tierra, contra el pago de la deuda externa y la “tutela” del FMI, contra la entrega de los recursos naturales a las mineras y agroindustrias y contra el proyectado Canal, como parte de un programa de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Ni bonapartismo de Ortega y Murillo, ni “transición” a una “democracia para ricos”
Una salida política que verdaderamente dé respuesta a las profundas aspiraciones democráticas del pueblo “nica” no va a venir de la mano de las negociaciones y pactos para adelantar elecciones o cualquier otra variante negociada entre el FSLN, la COSEP, el Ejército y la Iglesia de ese tipo, en nombre de algún “gran acuerdo nacional”.

Que el pueblo delibere y decida democráticamente sobre todos los grandes problemas nacionales en una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana, impuesta mediante la movilización sobre las ruinas de este régimen bonapartista, corrupto, ligado por mil lazos a los capitalistas. En esa Asamblea, representantes libremente elegidos, revocables y que ganen lo mismo que un trabajador especializado, podrían adoptar el no pago de la deuda externa, la anulación de los acuerdos del Canal, la nacionalización de la banca y las grandes empresas bajo control de los trabajadores, una nueva reforma agraria integral y profunda y otras medidas para poner la economía del país en función de los trabajadores y campesinos, el establecimiento de las más amplias libertades, la disolución de los cuerpos represivos y plena justicia a los crímenes y asesinatos cometidos.

La resolución íntegra y efectiva de las tareas democráticas y nacionales sin las cuales es imposible salir de la pobreza y la sumisión al imperialismo, incluyendo una verdadera democracia, profunda y radical, sólo puede ser garantizada en una República obrera y campesina, basada en los organismos de lucha que se den las masas.

Una nueva generación se foguea en estos días en las tomas de universidades, en las barricadas populares. A sus sectores más avanzados se les plantea una disyuntiva: o permitir que los jóvenes sean utilizados como masa de maniobra para los objetivos reaccionarios de la burguesía opositora, envueltos en demagogia democrática; o combatir la subordinación a la ACJyD y su política de “diálogo nacional” e impulsar que la juventud sea el tambor batiente de la alianza con los trabajadores, los campesinos, las mujeres, en esa perspectiva revolucionaria, para retomar las tareas inconclusas de la gesta de Sandino y de la revolución de 1979 traicionada por el FSLN, dotándose de una nueva estrategia revolucionaria, anticapitalista y antiimperialista, enraizada en la clase obrera, por una Nicaragua obrera y campesina, parte de Centroamérica unida y socialista.







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