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CARCELES Y CORONAVIRUS

Crisis penitenciaria: ante presión de la CIDH, Fernández “propone” hacer más cárceles

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera curso a un reclamo de la Procuración Penitenciaria y le pidiera al Estado argentino rendir cuentas por el maltrato a presos en las cárceles en el marco de la pandemia, el Presidente anunció la construcción de nuevos penales. Cambiar algo para no transformar nada.

Jueves 6 de agosto de 2020 | 14:09

En su anuncio de un plan de obras públicas, Alberto Fernandez se refirió al estado de las cárceles y anunció la construcción de nuevos penales en Buenos Aires, San Juan y otros lugares del país.

Fernandez señaló que es necesario contruir nuevos penales, como le plantearon los gobernadores Sergio Uñac de San Juan y el bonaerense Axel Kicillof, asegurando: " Hay que hacerlo, soy un hombre del Derecho y quiero que las leyes se respeten, y también cuando el que infringe la ley, pague las consecuencias. Para eso tenemos que tener cárceles dignas que no se conviertan en un tormento para los q están allí si no que sirvan realmente para hacerlos reflexionar y ayudarlos a encarar un futuro distinto al del delito el día q recupere su libertad.

Y agregó: "A un país y una sociedad se los mide por las condiciones carcelarias y la verdad que estamos bochados en esa materia, y tenemos que corregirlo, para que el que sea responsable del daño, pague por lo que haya hecho, pero que no pague más tortura que la de estar encerrado, que ya es bastante tortura".

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Sin embargo, en las cárceles del país se tortura todos los días, por el hacinamiento, la falta de asistencia médica, de comida, de elementos de higiene, la falta de comunicación con sus familiares, por la violencia de los Servicios Penitenciarios.

Tal es así que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), denunció que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín, al mismo tiempo que rechazaba las solicitudes de arresto domiciliario de los presos pertenecientes al grupo de riesgo frente a la pandemia por COVID -19, ordenaba el cumplimiento de medidas compulsivas de aislamiento en confinamiento solitario por tiempo indefinido "mientras dure la pandemia" para esos mismos detenidos, un total de 13.

En esos penales, presos que pertenecen a grupos de riesgo ante la pandemia, estuvieron encerrados durante 23 horas por día en celdas sucias, sin luz ni ventilación, con la excusa del COViD 19, situación denunciada por la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Desde la Procuración Penitenciaria aseguraron que el Estado argentino debe investigar y sancionar adecuadamente a los funcionarios responsables del sometimiento de esos presos a lo que denominó un "régimen de tortura".

Las personas detenidas denunciaron que se encontraban sometidos a un régimen de aislamiento en celda individual de 23 horas por día y que en esas condiciones estuvieron entre 60 a 95 días. De acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, el aislamiento prolongado e indefinido de presos equivale a un acto de tortura o, cuanto menos, a un trato o pena cruel, inhumano o degradante.

Los detenidos denunciaron, además, que las celdas estaban sucias y muy húmedas, que los colchones en los que dormían estaban en mal estado, que no poseían calefacción y que incluso, en algunos casos, tenían los vidrios de la ventana rotos, razón por la cual el frío invernal se tornaba insoportable. No se les habría provisto adecuadamente ropa de abrigo, sabanas y frazadas.

Además señalaron que la comida que recibían era insuficiente y que muchas veces se encontraba en mal estado y debían comerla fría. No recibían atención médica adecuada y, además, a varios de ellos habían dejado de proporcionarles regularmente la medicación que debían tomar a raíz de sus respectivas patologías.

Según denunció la Procuración Penitenciaria, "a pesar de que el aislamiento de estos detenidos carecía de base legal en el derecho local y que se desarrollaba en franca violación de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, los reclamos en favor de estas personas fueron desatendidos por la Justicia argentina. En esas condiciones, la PPN decidió denunciar la situación ante la CIDH y la ONU".

Los relatos de los detenidos dejaron en evidencia la preocupante situación en la que estas personas se encontraban como así también los efectos nocivos que el aislamiento genera en aquellos que lo padecen.

En un audio puede escucharse el relato desesperado de uno de ellos: “Yo me siento secuestrado sinceramente. El estar aislado 23 horas me está haciendo mal psicológicamente, yo no tengo más ganas de vivir, estoy muy cansado. Estoy esperando desde la hora que me levanto hasta las 6 de la tarde para poder hablar con mi familia, saber cómo están mis hijos".

El relato continúa: "Nosotros acá adentro como que no existimos, nos sentimos que somos perros, me falta el aire, yo lo que pido es que me saquen de ahí adentro, por favor. Estoy en una habitación con un ventiluz, con una chapa pegada a la pared toda oxidada que es donde como, el baño al lado de donde como, no tengo movimiento. Es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Acá adentro la sanción más larga que hay, cuando usted hace algo mal son 15 días, nosotros llevamos 60, 45 días más de la sanción más alta que hay acá”.

¿Y el Ministerio de Justicia?

Mientras todo esto sucede la Ministra de Justicia de la Nación Marcela Losardo, estuvo abocada a la Reforma Judicial, que es un proyecto que no apunta a democratizar el Poder Judicial y mucho menos a mejorar la situación de las miles de personas privadas de su libertad.

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Las cárceles federales dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, y el 8 de julio pasado, el Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió una nota a la Ministra, donde le expresó su preocupación por el caso denunciado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

En particular, solicitó “la adopción de las medidas necesarias de carácter urgente para garantizar la integridad personal, física y psíquica, el trato digno y la salud de las personas privadas de su libertad que se encuentran bajo régimen de aislamiento, asegurar que las condiciones en las que se encuentran actualmente detenidas estas personas se adecúen a los estándares internacionales de derechos humanos y se les provea de manera inmediata las condiciones adecuadas de detención, alimentación, recreación, contacto con sus familiares y defensores y atención médica de acuerdo a las patologías que padecen”.

Recién después de más de dos meses de mantener bajo tortura a los detenidos, la interventora de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigos, solicitó a los jueces del TOF 5 que dispongan “el cese de la medida (de aislamiento) y que las autoridades de los mencionados complejos de Ezeiza y Marcos Paz reasignen el alojamiento de los internos antes mencionados en los sectores correspondientes conforme a sus características personalísticas, perfil criminológico, riesgos y necesidades”.

Mientras la CIDH remitió el 30 de julio una nota al Estado argentino a los fines de que remita información relativa a la situación denunciada por la PPN, dentro del plazo de 5 días. En particular, solicitó al Estado argentino que informe los siguientes puntos: a) sus observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares; b) información sobre la situación actual de salud de los propuestos beneficiarios, indicando si estarían recibiendo la atención médica que requerirían ante las sospechas de diversas enfermedades; c) medidas que el Estado estaría implementando para proteger la vida, integridad personal y salud de los propuestos beneficiarios en sus condiciones actuales y ante la actual pandemia por coronavirus o COVID – 19.

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El anuncio sin medidas concretas de Alberto Fernandez, llega después de la presión ante la denuncia de la CIDH y casi cinco meses después de declarada la cuarentena, situación que agravó las ya inhumanas condiciones de detención de las más de cien mil personas privadas de su libertad en el país.







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