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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Crisis en las cárceles bonaerenses: torturas por dentro, demagogia por fuera

Tras la denuncia del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por la feroz represión del SPB a cientos de presos de varios penales, el Gobierno de Kicillof y el Poder Judicial se muestran “preocupados”. Muchas reuniones y pocas soluciones, mientras la situación se agrava.

Viernes 13 de noviembre | 12:13

La gravedad de la represión que causó más de mil presos heridos, con penitenciarios disparando a quemarropa dentro de las celdas, trasladando presos sin informar por casi una semana donde estaban, castigos en buzones, negación de atención médica a los heridos, fueron algunas de las escenas que los propios detenidos lograron filmar y difundir.

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Familiares y amigos se movilizaron dos veces en una semana en La Plata, denunciando que después de cinco días no sabían adónde habían sido trasladados sus seres queridos, que no sabían cómo estaban después de semejante represión y que en las cárceles y comisarías se tortura y mata todos los días.

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La saña del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue tal, que hasta incendió centros universitarios que están dentro de los penales bonaerenses.

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La crisis humanitaria en las cárceles no fue resuelta por ningún gobierno. Todo lo contrario. El encarcelamiento aumentó en forma alarmante en los últimos años.
Como publicamos en este diario, las condiciones inhumanas de detención, la falta de alimentos y atención médica, las torturas son parte de una larga cadena de violaciones a los derechos humanos que todos los días sufren las más de cien mil personas privadas de su libertad en el país.

Vale insistir en que el 50 % de esas personas están presas sin condena, por delitos contra la propiedad o venta de drogas al por menor, lo que muestra cómo el dicho popular es cierto: "las cárceles están llenas de pobres".

Tan grave es lo que ocurrió el fin de semana del 31 de octubre que el Comité Nacional Contra la Tortura (CNPT), organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, se reunió esta semana con el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, y otros funcionarios del Máximo Tribunal.

Josefina Ignacio, una de las comisionadas del CNPT, en diálogo con este diario afirmó que “claramente hay una gran responsabilidad de la represión por parte del Poder Ejecutivo, que tras la reunión que tendremos esta semana este Comité tomará alguna decisión seguramente en cuanto a su tarea. Pero insistimos en la responsabilidad del Poder Judicial en el hacinamiento”.

“Todas esas personas que reclamaban y reclaman por sus derechos, que están hacinadas, que son trasladadas, golpeadas están a cargo de un juez, y fueron muy pocos los que aparecieron el fin de semana, ni hablar de la defensa pública. En fin, en mi opinión se necesita un acuerdo de los tres poderes del Estado para resolver el tema de la sobrepoblación carcelaria que claramente la solución no es la construcción de más cárceles”, agregó Ignacio.

La referente del Comité contra la Tortura sentenció que “hay que sacar gente de la cárcel y dejar de detener por cualquier pavada, se perdió una oportunidad al inicio de la pandemia de abordar un tema que ya es de índole humanitario. Veremos ahora cómo se sigue. Dependerá de la voluntad política”.

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Según informó el organismo a través de un comunicado, “en la reunión se compartió un diagnóstico sobre la grave situación en comisarías y establecimientos penales bonaerenses y se conversó sobre cursos de acción que coadyuven a modificar este escenario, en el marco de las distintas competencias y de la cooperación interinstitucional”.

Al respecto, el CNPT considera “que las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires constituyen una grave violación a los derechos humanos y recuerda que la propia Corte Suprema bonaerense señaló, en su pronunciamiento del 11 de diciembre de 2019, que ’el panorama actual de las condiciones de detención de los alojados en unidades penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y en comisarías de la provincia de Buenos Aires es insostenible’”.

A su vez, el Comité mantuvo una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, y con Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal de esa cartera. De acuerdo a lo informado por el organismo, se planteó la necesidad de realizar las investigaciones administrativas necesarias para determinar las responsabilidades en la represión a las personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Pero lo cierto es que, a casi un año del pronunciamiento de la Corte bonaerense y ante una realidad imposible de ocultar respecto a la situación de las cárceles, comisarías y otros lugares de encierro, lejos de tomar medidas serias para resolverlo, ni los Poderes Judicial y Legislativo, ni el Poder Ejecutivo que encabeza Axell Kicillof han dado respuesta ante las condiciones y tratos inhumanos tras los muros.

Como denuncian los presos y sus familiares, “está lleno de pactos internacionales, pero no se respeta nada, las cárceles se convirtieron en centros de tortura”.

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