Sociedad

RÍO NEGRO

Criminalizar las tomas de tierras: una política estatal que no cambia

En la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, aunque no figuran en los planos oficiales, existen más de 30 asentamientos irregulares en los que se calcula que viven 20.000 personas.

Miércoles 26 de octubre de 2016 | 14:17

Asentarse en un espacio, construir un lugar para habitarlo, reforzar identidades ancladas en los territorios urbanos, son prácticas históricas de quiénes sufren la compulsión económica de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. La desposesión se reedita generación tras generación, porque la imposibilidad de un lugar en la ciudad deviene en condición de la explotación de la fuerza de trabajo, y por lo tanto, en arena privilegiada de conflictos sociales, en los que se despliega la dominación política bajo la forma Estado.

En la fase actual de mundialización de las relaciones sociales capitalistas, el espacio en las ciudades latinoamericanas es sometido a la ley el valor, su mercantilización deviene en especulación inmobiliaria de propietarios y asociados, mientras que los trabajadores no pueden cubrir los costos de alquileres, menos aún los de terrenos y bienes inmuebles.

En la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, aunque no figuran en los planos oficiales, existen más de 30 asentamientos irregulares en los que se calcula que viven 20.000 personas, aproximadamente el 25% de la población total. Durante la última década, mientras la economía nacional crecía a tasas chinas y el sector de la construcción era uno de los protagonistas del boom inmobiliario regional, los sectores populares avanzaron en la autourbanización y la política que desplegó el Estado fue su criminalización.

La criminalización como política de Estado implica un amplio y sistemático proceso en el que intervienen diversas instituciones y sujetos que contribuyen a la estigmatización, judicialización y/o represión en los territorios con el objetivo de subordinar y generar un efecto multiplicador del disciplinamiento político y social de quienes luchan, en este caso por tierra y vivienda.

El pasado jueves 20 de octubre en la ciudad de Cipolletti, se llevó adelante una audiencia pública convocada por el Juez Cabral y Vedia, del Juzgado N° 1 en lo civil, en la que se citaban a las partes y a responsables del gobierno nacional, provincial, y local en el marco de una sentencia –confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia y recurrida ante la Corte Suprema- que ordena el desalojo de las 70 familias que viven en el B° Los Sauces. Cabe señalar que además de las irregularidades cometidas en esta causa -entre ellas que los vecinos fueran notificados por edictos del desalojo sin haber sido escuchados por el juez y sin haber intervenido los organismos de derechos humanos correspondientes-, en este mismo juzgado fue rechazado un recurso de amparo para posibilitar el acceso efectivo de las familias a agua potable, el juez sostuvo entre sus argumentos que por ser ‘ilegales’ no tienen derecho a gozar de este derecho humano universal.

Otro dato importante, es que una semana más tarde estaba convocada por el mismo juzgado la audiencia por desalojo del Barrio Obrero A, sin embargo ante la presión de los vecinos para que se trate el proyecto de declaración de utilidad pública sujeto a expropiación en el Concejo Deliberante y en la Legislatura provincial, el juez resolvió suspender la audiencia. Pero en el caso del B° Los Sauces, el Juez Cabral y Vedia no sólo rechazó diversos pedidos de suspensión de la audiencia con los mismos argumentos del B° Obrero, sino que además ordenó un operativo de seguridad a la policía provincial en una clara demostración de fuerza.

Los vecinos y organizaciones marcharon al Centro Cultural de la ciudad donde estaba convocada la audiencia, y allí los esperaba una puesta en escena donde el Juez Cabral y Vedia negaba que el objetivo de la audiencia fuese cumplir con un paso necesario para legalizar el desalojo y comunicaba que era una audiencia de negociación en la que se buscaba arribar a una solución del conflicto. Entonces ¿por qué no suspendió la audiencia y posibilitó el tratamiento político del proyecto de expropiación en el Consejo Deliberante?

Porque el show debía continuar, centralmente porque el juez tenía que decir desde el escenario y ante las luces y las cámaras de los medios que su función es ‘hacer cumplir la ley’, por eso su sentencia ordena el desalojo pero ahora su voluntad de diálogo posibilitaba que el poder político en sus diferentes niveles encontrara una solución, esa que desde hace años se negó a dar. La audiencia fue una muestra de la selectividad y arbitrariedad de la justicia burguesa en los conflictos por la propiedad, sino que alguien nos explique por qué al terminar la audiencia el juez, el abogado del propietario, los representantes del ejecutivo local, provincial y nacional, se subieron, todos ellos, a la misma camioneta y se marcharon, juntos.

La situación es grave, no por las formas, por las irregularidades y desprolijidades jurídicas y políticas, no -pero sí-… fundamentalmente es grave porque durante años, días y noches, heladas bajo cero y calores infernales, lluvias desbordantes y vientos arrasadores, cientos de familias transcurren sus vidas en la total precariedad habitacional. El intendente actual, empresario representante del gobierno PRO, Aníbal Tortoriello, planteó como uno de los ejes de su campaña la regularización de las tomas de tierras, recorrió los barrios y con un discurso caritativamente cristiano prometió combatir la miseria. En estos meses de gestión, ha repetido que su herramienta es la negociación entre las partes y que en caso de que fracase –como si la historia de las tomas empezara con ellos- una posibilidad es la expropiación. Mientras las necesidades urgentes recorren el camino sinuoso de la burocracia, esta misma gestión que se autoproclama abanderada del diálogo anuncia un plan anti-tomas apurando la instalación de un destacamento policial en la zona de la Isla Jordán ante la inminente inauguración del puente que posibilitará mayor accesibilidad a dicha zona.

En sintonía con la fórmula general PRO, mientras zigzaguean gestionando barnizados de diálogo y buenas intenciones, avanzan desenfrenadamente en el despliegue de fuerzas represivas en los territorios. Por eso es sumamente preocupante el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, en el que se identifican a todas las personas que viven en los asentamientos, con Nombre, Apellido, DNI a través de una aplicación en el celular de los encuestadores que permite una ubicación inmediata vía GPS. Si bien se plantea como un insumo necesario para el diseño de políticas públicas para dichos barrios, en la encuesta no se consulta por el estado de las viviendas ni de la urbanización. El relevamiento es realizado por las organizaciones nucleadas en CTEP, junto a la CCC, Barrios de Pie, Techo y Caritas, con el respaldo de ANSES y Presidencia de la Nación. Además de violar el secreto estadístico por el cual para cualquier relevamiento es condición el anonimato de los encuestados, se precariza abiertamente a los encuestadores ya que se les paga 40 pesos la encuesta realizada y cargada.

Para la urbanización no es necesario regularizar la propiedad de la tierra, y menos aún relevar a quiénes viven en cada asentamiento, si el Estado decide urbanizar lo hace, y hasta suele ser un muy buen negocio. Pero tal vez la urbanización esté siendo supeditada a los intereses de los capitales involucrados en la construcción y especulación inmobiliaria, basta con echar un vistazo a los socios y aliados estratégicos de TECHO para fundar nuestra sospecha. El resto es parte de la dominación política que este gobierno necesita establecer, veremos si lo logra.







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