Política Chile

DERECHOS HUMANOS

Corte Suprema solicita extradición de ex agente de la DINA

En fallo unánime el poder judicial acepta solicitud de extraditar a Armando Fernández Lario. Esto, a raíz de su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Manuel Sanhueza Mellado, obrero y militante de las Juventudes Comunistas. Actualmente reside en Miami en medio de una vida impune y de lujos.

Raúl Gómez

Trabajador AP de Salud

Sábado 15 de julio

Esta semana fue aceptada la solicitud del ministro en visita, Mario Carroza, con la unanimidad del máximo tribunal que declaró "procedente requerir al gobierno de los Estados Unidos la extradición del ciudadano chileno Armando Fernández Larios por la responsabilidad que se le atribuye como autor de los delitos de secuestro agravado y de homicidio calificado cometidos en la persona de Manuel Sanhueza Mellado el 10 de julio de 1974”.

Fernández Larios es un reconocido agente de la DINA, con participación en el ataque a La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y en la horrible Caravana de la Muerte de Sergio Arellano Stark; quien además era conocido en el mundo de la tortura y los asesinatos de la época de dictadura por abrir con corvo a los detractores del régimen dictatorial de Augusto Pinochet.

El oficial en retiro del Ejército de Chile (ex Mayor) reside en Miami en medio de una ostentosa vida con arriendos de 3 millones de pesos mensuales y propiedades avaluadas en 494 millones. El mismo, se encuentra en ese país desde 1987 trasladado por miembros del FBI brasilero, siendo partícipe de la preparación del homicidio del canciller Orlando Letelier, en Washington en 1976. También está involucrado en el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, asesinado junto a su esposa por una bomba que estalló en su automóvil en Buenos Aires.

Esto, en medio del polémico ambiente que se vive en el país por el intento de legislar en favor de violadores de los DDHH, a quienes se le busca indultar en caso de enfermedad terminal y hasta por ser mayores de 60 años; paralelamente, el actual gobierno pretende avanzar en el cierre de la cárcel de Punta Peuco. Evidentemente, decisiones ambiguas que no profundizan en los casos hasta ahora libres de ajusticiamiento como el caso del ex cabo de Carabineros Claudio Salazar Fuentes, quien disfruta de su libertad condicional.

Siguen siendo inaceptables tales resoluciones de impunidad ante los actos genocidas de la Dictadura Militar. Es urgente acabar con los fantasmas y herencias de este terrible período de nuestra historia, terminar con los privilegios de los altos mandos de este ejército que disfruta de incomparables derechos sociales, como pocos en este país; y que además nos enrostra, en medio de pensiones y salarios de hambre para el pueblo trabajador, los archiconocidos casos de corrupción en sus Fuerzas Armadas.






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