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Corte Suprema brasileña frena el decreto de Temer que permitía indultar a corruptos

El presidente golpista Michel Temer lo había firmado el viernes y ampliaba el alcance de los tradicionales indultos de Navidad para beneficiar a presos por la mega causa Lava Jato.

Viernes 29 de diciembre de 2017 | Edición del día

La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucia Antunes, suspendió los efectos de algunos de los artículos del decreto sobre el indulto de Navidad. La decisión del presidente golpista Temer habían generado una intensa polémica debido a que beneficiaba a condenados por corrupción.

La suspensión parcial del decreto presidencial fue determinada mediante una cautelar emitida por Antunes, a petición de la Fiscalía General de Brasil, que cuestionó las flexibilizaciones a las reglas para conceder los indultos por "ampliar los beneficios y crear un potencial escenario de impunidad en el país".

Antunes, demoró sólo un día en expedir la medida en la que aceptó parcialmente los argumentos de la fiscal general, Raquel Dodge, contra los artículos del decreto de Temer. "El indulto no es y no puede ser un instrumento de impunidad", argumentó la jueza.

También explicó que suspendió cautelarmente los artículos cuestionados por tratarse de un asunto urgente pero que espera que en febrero, cuando concluya el receso judicial, el plenario del máximo tribunal analice la petición de la Fiscalía y tome una decisión definitiva.

"El indulto no es un premio al criminal ni tolerancia con el crimen sino un perdón con el que, el beneficiado que ha respondido en parte a su pena, puede volver a reconciliarse con el orden jurídico", argumentó la magistrada en su cautelar.

El indulto navideño, una prerrogativa del presidente de la República, beneficia con el perdón de la pena por lo general a presos con buen comportamiento que han cumplido al menos una tercera parte de condenas que no superen los 12 años.

Pero el decreto de Temer reducía el tiempo de cumplimiento de la pena a un quinto sin establecer un límite en la condena máxima, para delitos no violentos. Así, podía beneficiar en forma directa a decenas de políticos y empresarios presos en el marco de la mega causa Lava Jato que investiga desvíos de fondos en la gigante Petrobras. Entre ellos figuran varios correligionarios y aliados políticos de Temer.

La descarada medida de Temer fue rápidamente criticada por diversas organizaciones y por los fiscales que siguen las principales investigaciones por corrupción en el país.

En la petición que hizo el miércoles para que la Corte Suprema suspendiera el decreto por su supuesta inconstitucionalidad, Dodge alegó que una persona condenada a ocho años de cárcel, una de las penas previstas por la ley para delitos de corrupción, puede beneficiarse del indulto y salir de la cárcel sin cumplir un año de condena.

Según argumentó, con dicho decreto "la Constitución brasileña será desprestigiada, la sociedad dejará de creer en sus instituciones y el infractor, el transgresor de las normas penales, será el único beneficiado".

La fiscal también advirtió que el jefe del Ejecutivo "no tiene poder ilimitado para conceder indulto" ya que, de tenerlo, "aniquilaría las condenas criminales, subordinaría al Poder Judicial, restablecería el arbitrio y extinguiría los pilares básicos de la República".

De esa manera hacía referencia al enorme desprestigio que pesa sobre las instituciones y poderes públicos corroídos por la corrupción. El hartazgo de la población con esa casta de políticos y funcionarios fue uno de los motivos que desató las masivas movilizaciones en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff y que conmovió durante semanas a todo el sistema político.

No obstante, la denuncia de la fiscalía y la cautelar de Antúnez, que frenaron este decreto de impunidad de Temer, no salvan a la Justicia brasilera de ser parte de esa misma casta política llena de privilegios, que ganan exorbitantes sueldos y que es la misma Justicia que avaló y contribuyó a consumar el golpe institucional contra Dilma Rousseff, así como todos los ataques y ajustes contra los trabajadores y el pueblo pobre que viene imponiendo el gobierno de Temer y que ya venía aplicando la administración petista de Rousseff.








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