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OPINIÓN

Coronavirus: qué medidas urgentes necesitamos en Jujuy

La provincia está en cuarentena estricta, en menos de dos meses se superaron los mil casos de Covid-19, siendo el sector obrero, tanto de la salud como industrial, de los más afectados. Necesitamos medidas de emergencia en defensa de las vidas trabajadoras y de los sectores populares.

Natalia Morales

Diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Lihuen Eugenia

Redacción Ciencia y Tecnología

Jueves 23 de julio | 14:54

Gerardo Morales anunció el martes 21 la vuelta a fase 1. El 8 de junio había 6 personas con Covid-19 en la provincia y pasamos a más de 1000, solo 46 días después, con 39 fallecidos en total.

Además según los últimos datos, los casos se duplican cada 9 días, la positividad (casos positivos sobre el total de test realizados) se encuentra arriba del 20% y la letalidad en un 3,5% muy por encima del promedio nacional. Esto indica que los casos reales podrían ser mucho más de los que se detectan y el sistema de salud podría verse en las próximas semanas saturado, ya que la ocupación de las camas de terapia intensiva es del 64%.

La decisión política de volver a cuarentena estricta ante la emergencia que vive nuestra provincia abre entonces otras preguntas: ¿alcanza con esta sola medida para reducir los contagios y evitar el colapso del sistema de salud? ¿Qué estrategia sanitaria necesitamos las y los trabajadores y sectores populares para que la prioridad sea la salud sin degradar aún más nuestras condiciones de vida?

A continuación analizamos punto por punto algunas medidas urgentes que siguen faltando.

Sistema de salud

Según informe del COE (Comité Operativo de Emergencia) del 21/07 la provincia cuenta con 172 camas de terapia intensiva en el sector público de la cuales 110 están ocupadas, es decir un 64% de ocupación. Por otro lado, 129 personas están con internación domiciliaria, y 231 en internación privada con un aumento del 55% en tan solo 5 días, ya que en el informe del 16/07 se habían indicado 104.

Además se informó de la llegada de 4 médicos terapistas de la provincia de Córdoba, ya que Jujuy cuenta con sólo unos 60 profesionales especializados que asisten el sector público y privado, no sólo para Covid-19. Vale recordar que hacia el 13 de julio, los trabajadores de salud representaban más del 30% de los casos totales, superando la media nacional, y como vienen reclamando siguen faltando elementos de protección personal, capacitación y asesoramiento.

Por otro lado, las propias condiciones laborales del sector, donde la precarización es moneda corriente junto a los bajos salarios, obliga a los trabajadores a tener más de un trabajo en diferentes lugares, lo que objetivamente es una fuente de “superdispersión”, entre hospitales en el sector público pero también entre el público y privado, como se vio con algunos contagios en estos días.

Es necesario avanzar con la unificación del sistema de salud público y privado, equipando a todos los centros de salud con los insumos de protección suficientes y mayores unidades de terapia intensiva - UTI y respiradores que los actuales. A su vez, una medida de prevención fundamental requiere reorganizar el trabajo en el sector para reducir los contagios.

En este sentido se vuelve imprescindible, capacitar inmediatamente a mayor cantidad de personal y reducir la jornada laboral, como también de los grupos de trabajo en cada sector y establecimiento para disminuir las rutas de contacto por las cuales se contagia el virus, tomando a todo el personal profesional desocupado que no sea parte de grupos de riesgo para garantizar relevamientos, asegurando un salario acorde a la canasta familiar y plenos derechos laborales. Si bien el Gobierno anunció la contratación de personal de la salud, está por detrás de lo que se necesita. Además, en el hospital de campaña de San Salvador trabajadores denunciaron que les debían varios meses de salario (que ronda los 22 mil pesos), y que las contrataciones son precarias.

Las comisiones de seguridad e higiene en cada hospital y centro de salud, bajo control de las y los trabajadores y con plenos derechos, son fundamentales para observar el cumplimiento de las disposiciones de acción y prevención que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar. También para evitar persecución y amedrentamientos a quienes exigen medidas elementales para protegerse y trabajar.

Rastreo, aislamiento y testeo

En la conferencia de prensa, Morales aseguró que la prioridad es “detectar, aislar y testear”. Sin embargo el retraso en los resultados de los test y los altos niveles de positividad, muestran las falencias en la propia estrategia anunciada por el gobernador. Por ejemplo, personal de la salud denunció que fueron testeados teniendo resultados a los 5 días, o que eran hisopados pero no les daban los resultados. El rastreo y seguimiento de los contactos estrechos es otro punto de falla en la política de detección ya que varios testimonios sostuvieron que no habían sido contactados durante el aislamiento.

Además aseguró que la búsqueda activa se centra en las personas sintomáticas, una estrategia insuficiente para cortar con la ruta de contagio y que implica dos grandes problemas. Primero, que de esta forma sólo se identifican los casos graves y moderados, y se pierden los casos leves y aquellos que se encuentran en los primeros días de incubación del virus, donde no se presentan síntomas y es justamente cuando se estima que se produce el 44% de los contagios. Es decir que no se reducen los contagios. Segundo, no se logra reducir las muertes, ya que las personas que tienen factores de riesgo, si contraen la enfermedad, tienen mucha mayor probabilidad de cursar complicaciones, aún con disponibilidad de camas de terapia.

Es urgente la necesidad de escalar en el testeo, poniendo en funcionamiento los laboratorios públicos que no están testeando y tienen capacidad para hacerlo y declarando de utilidad pública los laboratorios privados, evitando demoras y el “cuello de botella” en los resultados y ampliando los protocolos para testear exhaustivamente buscando cortar con la cadena de contagio. Para esto hace falta otra estrategia, una que busque suprimir los contagios.

Una estrategia de otra clase

Entre otras aseveraciones, el gobernador también dijo “El virus está circulando ya no importa si es por conglomerado o por lo que sea pero la gente se está contagiando” (sic). Y toda la tónica del discurso oficial tanto de provincia como de nación es “ahora es responsabilidad de todos”. Así, se intenta instalar en la opinión pública la idea de que la cantidad de casos depende del accionar individual, en vez de las políticas sanitarias que se llevan a cabo.

Sin embargo, la estrategia sanitaria no tiene como objetivos frenar los focos de contagio, sino tan solo aminorarlos con la cuarentena como única medida. El sistema sanitario ya tiene una ocupación que es preocupante y no se está teniendo una política exhaustiva para frenar los contagios, sino que simplemente se busca a los sintomáticos una vez que ya cursan la enfermedad.

Otra estrategia sanitaria es posible, si se rastrea, aísla y testea no solo a los sintomáticos sino también a sus contactos estrechos tengan o no síntomas, para seguir la ruta de contagio. Morales dice cumplir con los protocolos nacionales, pero el rastreo de contactos estrechos es una medida que estuvo ausente en las conferencia de prensa. Además a los trabajadores de salud en contacto con pacientes Covid, el testeo periódico como medida preventiva, aún sin síntomas, podría reducir entre el 25 y 33% de los contagios según indican estudios del Imperial College.

Por otro lado, también aseguró que dentro de las excepciones correspondientes a las tareas “esenciales” no se consideraron actividades contempladas por nación, sin embargo, la minera Exar por ejemplo sigue abierta. Es uno de los principales lugares que fue foco de coronavirus, que no es esencial, y sigue funcionando aún después de que los encargados respondiera de forma escandalosa ante el reclamo de los trabajadores por medidas preventivas mínimas como una limpieza adecuada. O como sucede en la empresa Ledesma, donde los mismos obreros y sindicato denunciaron hacinamiento y que les proveían barbijos "sociales", sin dar licencias a personas de grupo de riesgo mayores de 60 años.

Es responsabilidad de las patronales de todos los lugares “esenciales” el cumplimiento de protocolos de seguridad e higiene adecuados y del gobierno inhabilitar estas actividades en caso de infracción, sin afectar el salario de los obreros.

En cada lugar de trabajo y en cada barrio debemos organizarnos para exigir estas medidas fundamentales si queremos que la prioridad sean la vida de las y los trabajadores y de los sectores populares. Las direcciones sindicales estatales como las de la salud, pero también del sector privado, del azúcar, minería, construcción, comercio se tienen que poner a la cabeza de impulsar las comisiones de higiene y seguridad, como también de ámbitos democráticos para el intercambio y la toma de decisiones, para definir medidas de lucha a la altura de la grave situación que estamos atravesando que golpea mucho más a las y los esenciales y sus familias.







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