Política

CÓRDOBA // POLICÍA

Córdoba: más policías para el “control social” del ajuste

La contracara de la política securitaria del gobierno provincial es la miseria laboral para la juventud. Un presupuesto “histórico” para un control social histórico.

Laura Vilches

Legisladora provincial PTS-FIT | @VilchesLaura

Javier Musso

Dirigente del PTS Córdoba

Jueves 21 de julio de 2016 | Edición del día

El peronismo cordobés hace una demagógica bandera con la inclusión social. Sobre la base del mantenimiento de las leyes flexibilizadoras de los 90 que trajeron la precarización laboral, Unión por Córdoba ofrece mano de obra barata a las patronales a través del Plan Primer Paso ($ 3.000) al cual ahora se suma la “Ley del Aprendiz”: otra forma de subsidios directos a las patronales, con remuneraciones de $3.500 para los jóvenes trabajadores.

Se mantiene una gran precarización del trabajo en los sectores de la industria ligados a la fabricación de insumos para las terminales automotrices, al igual que en los servicios, ya sea empleados de comercio o call centers donde está planteada la reducción de jornada laboral en muchos casos.

Según cifras del Observatorio de Conflictos Sociales, el empleo se redujo, este semestre, un 7 % en la rama automotriz, del calzado y la construcción. En el mismo Estado hay incertidumbre por los miles de contratos que terminan el 31 de agosto.

Por si quedaran dudas de que la provincia es “tierra fértil” para la inversión patronal con bajo costo, allí están las declaraciones del vocero de la automotriz Nissan, quien afirmó en una reciente entrevista para el diario La Nación, que eligieron Córdoba por las condiciones laborales más flexibles y la colaboración de la dirigencia gremial. El propio Omar Dragún dio cuenta de esto en la entrevista en La Voz del Interior al afirmar que negociaron con la empresa un convenio con el 15 % menos del salario.

Como si semejante regalo fuera poco, las patronales multinacionales cuentan con el beneficio de las eximiciones impositivas por 10 años que les garantizada el gobierno provincial.

Con un panorama de mayor desocupación, más flexibilidad laboral de los trabajadores, reforzado por el ajuste en curso por la vía de los tarifazos, es de esperarse que se desate la “resistencia” de las clases explotadas. La premisa del gobierno de Schiaretti, frente a dicho escenario, es profundizar el operativo “saturación” iniciado por De la Sota.

La Policía provincial tiene un enorme poder de fuego, es la fuerza con mayor cantidad de integrantes por habitante en el país. Los planes de seguridad anunciados por el gobierno tienen todos el mismo carácter: mayor control social sobre la población pobre y trabajadora. La presencia policial en los barrios “urbano marginales” y la colocación de cámaras en hospitales y escuelas son prueba de esto.

Schiaretti, ¿más “progre” que De la Sota?

A pesar de que Schiaretti intenta mostrar una cara más amable que su antecesor de Unión por Córdoba y no desaprovecha oportunidad para mostrarse con algunos referentes provinciales de los DDHH, es el gobernador que más fortaleció en los últimos 16 años, el aparato represivo provincial. Su discurso “progre” es inversamente proporcional a la cantidad de policías que incorporó a la fuerza.

Cuando asume su primera gestión, Schiaretti aumenta entre los años 2008 y 2009 5.500 agentes policiales, declarando a los medios que significaba una elevación del 50 % de la fuerza existente. La Policía contaría según este cálculo, con alrededor de 17.000 agentes.

Al finalizar su gestión en el año 2011, la policía provincial contaría con más de 20 mil policías, tal como consta en la ley de presupuesto.

La ley de presupuesto prevé para el año 2016, el gasto en remuneraciones para alrededor de 23 mil agentes policiales. Según los anuncios del Ministro Massei en la Unicameral cordobesa, los planes de incorporación de nuevos policías incluyen los 1.500 que el gobierno acaba de anunciar, así como una segunda incorporación de otros 1.500 en agosto próximo y 1.500 más para los primeros meses de 2017. Esto llevaría a una cifra estimada de 27 mil agentes policiales para dentro de un año. Es decir, un policía cada 130 habitantes de la provincia.

Esto sin detenernos a considerar los gastos en armas, patrulleros, cámaras de vigilancia que son parte inestimable de este fortalecimiento objetivo de la fuerza policial que pocos centroizquierdistas se detienen a observar.

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