Sociedad

Córdoba: ganancias para pocos, problemas ambientales para muchos

La votación de la ley agroforestal el miércoles pasado es un ataque más al medioambiente en la provincia. ¿Qué propone el Frente de Izquierda?

Martes 8 de agosto | Edición del día

Las importantes movilizaciones en defensa del bosque nativo se nutren de organizaciones y comunidades que han enfrentado diversos conflictos socioambientales. En Córdoba, los grandes hitos son la lucha de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones y la pelea de los vecinos de Malvinas Argentinas contra Monsanto.

El activismo en defensa del ambiente se enfrenta a los intereses de los empresarios del campo y la ciudad, y a un Estado que garantiza dichas ganancias, a costa del medioambiente y la salud de los habitantes de la Provincia.

La Ley de Ambiente, presentada como de vanguardia en el 2014, se aprobó en medio de una represión que dejó como saldo numerosos heridos y 27 detenidos. El gobierno en realidad pretendía lavarse la cara y desactivar las protestas contra Monsanto y su modelo de semillas transgénicas y herbicidas.

Desde la aprobación de la Ley, se realizaron 220 audiencias públicas ambientales, pero sólo una logró frenar un proyecto. Las audiencias no siempre son obligatorias y no son vinculantes, por lo que la Secretaría de Ambiente otorga licencias ambientales a discreción.

Así, el modelo continuó en expansión y en el interior de la provincia arrasó con los bosques nativos. Al mismo tiempo, el Gran Córdoba se expandió a imagen y semejanza de la anarquía capitalista, prolongando los conflictos que en ella se encierran.

Los años pasan pero las promesas se repiten y en otros casos, el remedio es peor que la enfermedad.

Alta Córdoba, el Estado es responsable

En el 2005, se descubrió que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) había dejado 11 toneladas de DDT, un plaguicida altamente cancerígeno, en un depósito de Alta Córdoba. Los residuos se trasladaron provisoriamente a la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym. Una década después, el DDT continúa en Taym, el predio de Senasa no fue remediado y no hubo seguimiento del impacto de los tóxicos en la salud de los vecinos. Recién este año la justicia confirmó que el organismo nacional deberá pagar $ 840 mil pesos a la familia que vivía en el lugar.

En 2014, a pocas cuadras, explotó el depósito de una empresa química, que no estaba habilitado para almacenar líquidos inflamables. La explosión causó la muerte de una mujer, heridas a unas 70 personas y daños irreparables a numerosas viviendas.

Recién después de este verdadero crimen social, la Municipalidad clausuró definitivamente la planta de Dioxitek, que producía dióxido de uranio para las centrales nucleares del país. La empresa pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1997, a pesar de que no está permitido ese tipo de actividades en un barrio. En el lugar hay enterradas 58 mil toneladas de residuos de baja radiación.

Este año, la Municipalidad permitió a la empresa seguir operando durante dos años más, mientras se termina otra planta en Formosa. A cambio, la empresa y la CNEA proveerán de 400 luminarias solares a la Municipalidad y la Nación donará al municipio un predio en el mismo barrio. La CNEA también tiene pendiente la remediación de una mina de uranio abandonada desde 1990 en Los Gigantes.

Todos estos ejemplos, al igual que el de la planta de bioetanol de Porta en el barrio San Antonio, demuestran que el Estado cumple un papel fundamental en los desastres ambientales. Pero no son casos aislados: luego de la explosión en Alta Córdoba, se conoció que en la ciudad de Córdoba hay más de 200 empresas que violan todas las ordenanzas referidas al uso del suelo y al impacto ambiental.

La basura, un problema de larga data

La disposición final de los residuos de la capital y el Gran Córdoba también es un problema que tiene varios años.

La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) planifica construir un Complejo Ambiental para enterrar y tratar sus residuos. Los vecinos de Santa Ana, un pueblo cercano al lugar elegido, se oponen fuertemente a la instalación del complejo y por el momento todo está frenado por amparos presentados en la justicia.

El reclamo de Santa Ana se basa en motivos técnicos del terreno, pero sobre todo, en la historia desastrosa de los distintos enterramientos de residuos en los últimos años, siempre ubicados en la zona sur de la capital.

En 2010, los vecinos de Bouwer lograron que se cerrara el enterramiento de Potrero del Estado, que había receptado la basura de Capital por 30 años, por la cantidad de enfermedades que causó entre sus pobladores. En ese momento se inauguró el predio de Piedra Blanca, de modo “transitorio”. Ambos sitios siguen exactamente igual que hace 7 años. En paralelo, nunca se llevó adelante una política de separación y reciclaje de residuos.

Cerca del futuro Complejo Ambiental se encuentra la planta de residuos peligrosos Taym, propiedad del Grupo Roggio. El 28 de marzo pasado, el lugar quedó totalmente anegado por una tormenta y el agua se escurrió hasta el canal Los Molinos, que provee de agua al 30 % de la ciudad de Córdoba. Ante la posibilidad de que los contaminantes hubieran llegado a la planta potabilizadora, se interrumpió el suministro de agua por tres días y Taym fue clausurada.

La empresa concesionaria de la potabilización y distribución del agua es Aguas Cordobesas, también propiedad del Grupo Roggio. Tal vez por ese motivo, la investigación sobre posible contaminación ambiental responsabilidad de la empresa y de los funcionarios está paralizada. Los vecinos querellantes ni siquiera pueden acceder al expediente de los análisis que se realizaron luego del desborde.

Cuál es la salida

Queda claro que al gobierno de Unión por Córdoba, así como a la falsa oposición de Cambiemos, no les tiembla el pulso para defender los grandes negociados de sus amigos empresarios. De hecho, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) denunció que funcionarios de la Secretaría de Ambiente ocuparon cargos en Pan American Energy y Taym. Javier Britch, el actual secretario de Ambiente, fue codirector del Centro de Investigación de la UTN que realizó los análisis del agua del canal Los Molinos luego del anegamiento de Taym.

Pero el kirchnerismo tampoco ha sido ninguna alternativa ante esta situación. Fue la misma Cristina Fernández quien se reunió con los directivos de Monsanto en el 2012 para concretar la “inversión” en Malvinas Argentinas. En el 2014, un legislador del FpV votó a favor de la Ley de Ambiente, mientras otro se abstuvo. También la Ley Agroforestal fue aprobada por todo el bloque Córdoba Podemos, aunque manifestaron su desacuerdo con algunos puntos.

El miércoles pasado, la legisladora del PTS Laura Vilches, manifestó que “no creemos que la idea de ‘oposición responsable’ pase por sentar posiciones solamente para actas taquigráficas sino realmente defender en las calles el medioambiente y la salud”.

El Frente de Izquierda acompaña y participa de todas las luchas en defensa del medioambiente, ya sea en la Legislatura como en las calles, La defensa del ambiente es un problema de salud pública para las grandes mayorías populares.

La devastada situación ambiental de la provincia exige resolver un ordenamiento territorial de bosques para evitar el desmonte y avanzar en la restauración ecológica de los ambientes nativos. La base para esta restauración es través de impuestos progresivos a los grandes empresarios del campo.

En la ciudad, el manejo integral de la basura y la ubicación de industrias contaminantes debe ser parte de una planificación sustentable de espacio urbano. Se deben prohibir los depósitos de residuos peligrosos en cercanías de lugares poblados y que atentan contra servicios fundamentales, al mismo tiempo que erradicar las plantas que contaminan del ejido urbano sin afectar los puestos de trabajo. A los trabajadores afectados se les debe reducir la jornada laboral a seis horas sin afectar el salario, garantizando el pago de un plus por insalubridad y la jubilación anticipada.

Mientras miles de familias viven de manera precaria, el negocio inmobiliario lucra con la destrucción del medioambiente. Hay que poner en pie un plan nacional de obras públicas bajo control obrero y organizaciones barriales, financiados a través de impuestos progresivos a las grandes fortunas, para dar respuesta a esta problemática sobre la base de una planificación habitacional sustentable.






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