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LESA HUMANIDAD

Córdoba: el 25 de julio llega a juicio la “causa de los magistrados”

Cuatro ex funcionarios de la Justicia Federal están imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Sábado 8 de julio | Edición del día

Carlos Otero Álvarez y Jaime Díaz Gavier en 2008

El juicio tiene como imputados al exjuez federal Miguel Ángel Puga; el exfiscal federal Antonio Cornejo; el exdefensor oficial Ricardo Haro y el exsecretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez. También había sido imputado el ex defensor Luis Eduardo Molina, quien fue apartado del proceso por razones de salud y, por lo tanto, no afrontará el debate oral y público.

Están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas presos políticos que pasaron por la Dirección de Informaciones Policiales (D-2), de la Policía provincial y luego por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba.

El proceso se inició a partir de los testimonios de víctimas de la dictadura en distintos juicios por crímenes del terrorismo de Estado realizados en Córdoba desde 2008. Entre ellos, el dirigente de Derechos Humanos Miguel Baronetto, cuya esposa fue fusilada en la vieja cárcel de barrio San Martín junto a otros 30 presos políticos en 1976. Los testigos declararon que los ex funcionarios eludieron actuar ante graves delitos que cometían represores, incluidos secuestros, torturas, tormentos y asesinatos, cuando en muchos de los casos fueron testigos de esos hechos o recibieron denuncias.

Sin embargo, el ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su entonces secretario Otero Álvarez estaban denunciados desde 1984 en la CONADEP por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la UP1. En el 2008, Otero Álvarez integró el tribunal oral que dictó la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. En 2009 adelantó su jubilación para evitar el jury que podría haberle costado la destitución.

En el 2012, el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, actuando como subrogante en Córdoba, sobreseyó a Otero Álvarez, Puga y Fernández porque “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos”, y dictó las faltas de mérito de Haro y Molina. Recién en 2015, la Sala II de la Cámara cordobesa de Apelaciones revirtió los fragmentos de la resolución de primera instancia que beneficiaban a Otero Álvarez, Haro y Molina, y confirmó los procesamientos de Puga y Cornejo por incumplir “la obligación de promover la persecución penal” y por “encubrimiento de delitos de lesa humanidad”.

Desde ese momento no se había podido conformar el tribunal, que finalmente quedó integrado por los jueces Julián Falcucci (presidente), José Camilo Quiroga Uriburu (subrogante) y Jorge Sebastián Gallido (subrogante).

Se estima que el juicio se extenderá hasta octubre y está previsto que declaren una treintena de testigos.








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