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Córdoba: Se presentó proyecto contra el Plan Aprender

Desde la banca del Frente de Izquierda, la legisladora Laura Vilches presentó en la unicameral cordobesa, una solicitud para que diputados nacionales y el ejecutivo provincial se expidan contra la aplicación de las pruebas estandarizadas, moldeadas para profundizar la precarización laboral docente.

Martes 31 de octubre | Edición del día

El “Operativo Aprender” se pretende aplicar el próximo 7 de Noviembre en todo el país, con el argumento de la calidad educativa y está dirigido a estudiantes de sexto grado y a estudiantes del último año del secundario en todas las escuelas públicas y privadas. Además, se evaluará a una muestra de estudiantes de cuarto grado. La prueba costará $380 millones.

Desde las bancas del Frente de Izquierda, que siempre están a disposición de las luchas de las trabajadoras y los trabajadores, Laura Vilches, docente y legisladora por el PTS-FIT, presentó el día de hoy en la legislatura provincial, un pedido para que los diputados nacionales y el ejecutivo provincial, por la facultad que tiene rechacen la aplicación de los operativos de evaluación.

El operativo que se encuentra a medida de las demandas del mercado, el año pasado fracasó por un rechazo rotundo de la comunidad educativa y hoy mientras crece el rechazo, ya que anticipan una reforma educativa flexibilizadora, la UEPC (gremio de los docentes de Córdoba) avala los operativos y llama a los docentes a presentarse a las aulas y lograr los mejores resultados.

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La legisladora destacó que se presenta este proyecto de rechazo porque considera que “Es parte de lo que desde la docencia venimos cuestionando, que son pruebas estandarizadas que no responden a las realidades y a las necesidades de cada institución escolar en cada lugar del país, en cada rincón de las provincias y que tienen el único objetivo de evaluar a los docentes y poner en ellos el mal llamado fracaso o éxito educativo y que en función de eso habrá premios o castigos que incluyen el salario docente”.

Los trabajadores de la educación dejaron sobradas muestras de que el operativo es un verdadero ataque a la educación pública ya que dispone un sistema de evaluaciones estandarizadas, externas al proceso de enseñanza-aprendizaje, en las escuelas de nivel primario y secundario de todo el país.

“En el fondo lo que el Gobierno quiere es avanzar en una contrarreforma profunda en la educación que ataca directamente la educación pública. Y serán los trabajadores de la educación, los estudiantes y las familias quienes, como interesados en defender la educación pública, la defiendan. El gobierno debe saber que sus medidas no van a avanzar sin una resistencia”.

A su vez son las trabajadoras y los trabajadores de la educación y las familias son las que padecen y conocen las condiciones sociales en las que viven millones de estudiantes, millones de niños con carencias de necesidades básicas y cientos de miles de jóvenes que en muchas ocasiones dejan sus estudios para ir a trabajar y ayudar a sus familias y que eso afecta el desarrollo pedagógico e integral de niños y jóvenes.

El proyecto de declaración presentado por la banca del PTS en el Frente de Izquierda remarca que “En las últimas décadas como consecuencia de los lineamientos determinados por el BID y el BM, en Argentina la educación pública ha sido atacada por los distintos gobiernos. En 1992 con la Ley de transferencia de servicios educativos a las provincias y la posterior Ley Federal de Educación, comenzó un proceso de descentralización financiera y centralización pedagógica que tuvo continuidad en la Ley Nacional de Educación en 2006 y se profundiza con el Plan Maestro que propone el gobierno actual. Esta descentralización financiera genera una profunda diferencia entre escuelas de provincias con más recursos y provincias o distritos con menos recursos, fragmentando el sistema educativo nacional y promoviendo la privatización de la educación por distintas vías, ya sea favoreciendo la educación privada por el vaciamiento de la escuela pública o con modalidades que, a causa del desfinanciamiento estatal, empuja a las instituciones educativas a introducir el financiamiento privado de empresas, ONG, etc. para poder sostenerse materialmente. En Argentina la primera necesidad que se impone es la renacionalización del sistema educativo".

E incorpora el rechazo a las declaraciones del Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y la secretaria de Evaluación Educativa Elena Duro, que “A través de los medios masivos de comunicación, atacan a los gremios docentes que se oponen a la evaluación externa, buscando demonizar la lucha de los docentes en defensa de la escuela pública y avanzar en lo que durante años ningún gobierno logró en la Argentina, que es dividir la pelea mancomunada de los docentes junto al pueblo de conjunto en defensa de la educación pública”.








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