MINISTERIO DE SEGURIDAD

Córdoba: Bullrich inauguró sede de Gendarmería en Río Ceballos

80 efectivos se encontrarán en esa sede para supuestamente combatir la “inseguridad y el narcotráfico”

Viernes 16 de septiembre de 2016 | Edición del día

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Ministro de Gobierno de Córdoba, Carlos Massei y demás autoridades nacionales y provinciales inauguraron este miércoles una nueva sede de Gendarmería en la localidad de Río Ceballos. En esta sede se encontrarán cerca de 80 gendarmes con la principal tarea de reforzar los controles en los siguientes puntos de la provincia: cruces de ruta en Río Cuarto y Villa María; en la ruta 9 Norte; Ruta 38; Ruta 60; Ruta 7 y el límite entre la ciudad de San Francisco y la localidad santafesina de Frontera.

En el mes de mayo, se hizo público el anuncio que efectivos de Gendarmería Nacional se encontrarían patrullando en diferentes puntos de las Sierras Chicas y de la provincia. Pese a la presencia actual de gendarmes en diferentes puntos de la provincia, el narcotráfico sigue existiendo, mostrando la complicidad de esta fuerza con el gran negocio del narco. Esto demuestra cómo la Policía de Córdoba, así como la Gendarmería y la Policía Federal, son un eslabón clave e indispensable para que exista el narcotráfico y el crimen organizado.

A su vez, el anuncio de mayo pasado generó una polémica entre distintas autoridades municipales de las ciudades de las Sierras Chicas con el gobierno provincial, donde el ministro Massei manifestó que no estaba de acuerdo. Parece que los desacuerdos quedaron en el pasado ya que no se dijo una palabra sobre el tema en la jornada de ayer.

Massei sostuvo que “necesitamos que Gendarmería controle nuestras rutas de acceso a la provincia, para que no entren el contrabando y las drogas. Y también las intervenciones que se están dando entre nuestra Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía provincial y las fuerzas nacionales. Esta es la tarea que estamos haciendo en conjunto, en la que doblegamos esfuerzos”.

Parece que el ministro tampoco recuerda sobre el “narcoescándalo” de las bandas policiales que se quedaban con estupefacientes y dinero que secuestraban en allanamiento. Ni mucho menos el escandaloso fallo del tribunal presidido por el juez Vaca Narvaja que sentenció a penas leves a los acusados de ser “narcopolicías.”

No es un solo policía, es toda la institución.

La complicidad de las fuerzas policiales con el negocio del narcotráfico también se pudo comprobar hace poco más de un año cuando tres gendarmes fueron detenidos en la terminal de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, mientras intentaban retirar una encomienda con 3 kilos de cocaína proveniente de Salta. Estos tres gendarmes, se sumaron al que ya había sido detenido, junto a dos miembros de la Policía Federal, durante el mes de mayo en la localidad de Concordia de la provincia entrerriana vinculados también al narcotráfico.

Estos se suman al descubrimiento y la detención de 5 gendarmes que formaban parte de una banda de “boqueteros”, que realizaba robos en la zona de Pompeya, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cabecilla de la banda ya había sido exonerado por un delito previo y tres de los integrantes estaban destinados al control de la zona en donde realizaban su actividad criminal.

A la banda de gendarmes ladrones se le secuestraron elementos para demoler paredes, modalidad con la que accedían a los locales robados.

Todos estos episodios echa tierra sobre el prontuario de supuesta pulcritud con la que fue legitimada la futura presencia de la Gendarmería en la región y pone un manto de sospecha sobre la vinculación de todas las fuerzas de seguridad y el crimen organizado.

Como señaló el periodista Ricardo Ragendorfer en una entrevista para este medio, “el narcotráfico es una excusa para engordar la Ley Antiterrorista” y fortalecer al aparato represivo. Los distintos gobiernos municipales de las Sierras Chicas, con la inestimable colaboración de Schiaretti y Macri, justifican mediante el discurso de la “inseguridad” la saturación del espacio público que les permitirá criminalizar la pobreza y reprimir conflictos sociales cuando sea necesario.







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