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Control de daños: Gobernación busca negociar con Javier Corral

Ante presión de Washington y también del PAN, Peña Nieto intenta contener crisis de abierta por gobernadores corruptos.

Bárbara Funes

México D.F |

Martes 23 de enero | 21:32

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, salió a decir que “mantiene las puertas abiertas para dialogar con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en torno a las inquietudes que tiene sobre la partida federal del 2017 para su entidad”.

Según declaró, espera que durante la marcha que encabeza el gobernador de Chihuahua hacia la Ciudad de México, puedan platicar sobre este tema.

Respecto a la Caravana por la Dignidad –iniciada el sábado 20 en Ciudad Juárez, Chihuahua–, señaló que "tiene más un asunto jurídico que electoral".

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Una respuesta para esquivar la debilidad con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a estas elecciones, con una intención de voto menor que la de López Obrador y el Morena, e incluso que de la de la coalición de México al frente, integrada por Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC).

Navarrete Prida señaló que si Javier Corral tiene algún argumento jurídico “lo puede hacer valer, si no lo hay, pues desde luego tendrá que entregarse esa carpeta de investigación y hacer que las instituciones, en este caso la Fiscalía (especializada en materia de delitos electorales) funcione y le pueda dar resultados a los mexicanos”.

A su vez, consideró que el gobierno de Chihuahua puede tomar las acciones que considere convenientes, pero resaltó que ninguna autoridad local necesita convocar a mítines y marchas "cuando tiene argumentos, leyes y cuando tiene abiertas las puertas del diálogo".

La crisis del caso César Duarte

El ex gobernador de Chihuahua está acusado, entre otras cosas, por desviar $80,500 millones de pesos (mdp) y por enriquecimiento ilícito. Generó una deuda que asciende a $36,861, la más alta de todas las entidades. La acusación más grave es el desvío de 250 millones de pesos del presupuesto para campañas políticas priistas, triangulada entre la Secretaría de Finanzas de Chihuahua, con la autorización de la Secretaría de Hacienda.

Al finalizar su mandato en octubre de 2016 se fue a vivir a Estados Unidos. Primero a El Paso, Texas, y luego a Miami, según señala Raymundo Riva Palacio en su columna de El Financiero.

Según este periodista, la presión que hizo Javier Corral sobre las autoridades estadounidenses fue la que llevó a éstas a insistir al gobierno de Peña Nieto para que solicite la extradición.

Muy a pesar del gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó tres solicitudes de extradición, dos de ellas de la Fiscalía de Chihuahua y una más de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.

Desde la PGR anunciaron que se trabajaba en 8 solicitudes más, pero deberían ser cursadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos para integrarlas al caso antes de realizar la extradición. En caso de no hacer esto, sólo será factible juzgar a Duarte por los delitos de las solicitudes presentadas hasta ahora.

De nuevo parece que toda la maquinaria burocrática está puesta a funcionar para ganar tiempo, y ahorrarle penas al exgobernador César Duarte, al gobierno de Peña Nieto y al PRI. Lo mismo que se pudo observar en los casos de Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz, en el de Roberto Borge, de Quintana Roo, y el de Roberto Sandoval de Nayarit.

Un elemento de incertidumbre es que no se sabe cuál es el plazo del Departamento de Justicia de Trump para responder la solicitud del gobierno mexicano.

No obstante, pase lo que pase, y aun cuando el PRI conserve parte de su aparato partidario disciplinado –cuestión que aun está por verse– el daño está hecho.

Desde la crisis abierta por Ayotzinapa hasta ahora el descontento social –a veces visible en las calles y en otras latente– se expresa en la baja intención de votos que hay hacia el PRI, ahora ubicado en un tercer lugar para los comicios presidenciales, y en la pérdida de votos de 30% de votos respecto a 2011 en el Estado de México (aunque retuvo la gubernatura), cuestión que se vio en las elecciones de 2017.






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