Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Contra la picana del PRO y la Metropolitana

Organismos de derechos humanos se presentaron ante la Corte Suprema en un expediente en el que se discute la decisión del Gobierno de la Ciudad de implementar el uso de las tristemente célebres pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana.

Matías Aufieri

Abogado | CeProDH

Jueves 3 de diciembre de 2015 | Edición del día

En la mañana de ayer, Myriam Bregman, diputada nacional por el PTS y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, , y Alejandrina Barry, ambas luchadoras contra el aparato represivo del Estado e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sumaron su pedido de ser consideradas como “amicus curiae” junto a otros organismos, en la causa que impulsa el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que convalidó la decisión del gobierno porteño de Mauricio Macri que incorpora las pistolas eléctricas Taser X 26 al armamento de la Policía Metropolitana.

Tal decisión del gobierno de la Ciudad, que momentáneamente fue postergada por instancias inferiores de la Justicia no habiéndose concretado hasta la fecha, constituyó un alarmante avance represivo, que seguramente padecerán los sectores populares que luchan en las calles, como así también los pobres urbanos en situación de calle que ya conocen la brutalidad del gobierno del PRO en la Ciudad desde la conformación de la UCEP, aquel embrión parapolicial de la Metropolitana que perseguía a los habitantes sin techo de la Ciudad a fuerza de golpizas y desalojos.

El uso de estas armas, se encuentra prohibido en numerosos países del mundo, y severamente cuestionado en otros tantos, dada la cantidad de casos de asesinatos mediante su aplicación en las calles, como por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se cuentan más de 500 muertes provocadas por esta arma verdaderamente letal, la cual, más allá de ser usada oficialmente para “neutralizar” delincuentes, claramente es contemplada en manos de las fuerzas represivas para reprimir manifestaciones e incluso como una verdadera picana para torturar, al amparo de la autorización legal de la que gozarían por ejemplo en Buenos Aires tras el recurrido fallo de su Tribunal Superior.

Basta con recordar que el propio fabricante de estas nefastas armas, que descargan fuerte voltaje hasta a once metros de distancia, plantea distintos límites y precauciones a la hora de su uso, que contempla a vastos sectores de cualquier población, que ante su aplicación podrían –y de hecho se cuentan de a millares los casos corroborados- sufrir la muerte o secuelas irreversibles en el organismo.

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente se debate sobre la posibilidad o prohibición de su uso, que es resistido por numerosos organismos de derechos humanos a nivel internacional (comenzando por Amnesty Internacional) y local, entre ellos el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se suma así a la lucha contra esta máquina de muerte y tortura que pretenden utilizar contra los sectores populares el PRO y sus aliados en la Ciudad, y en un futuro no muy distante a nivel nacional.

Los abogados y referentes de los derechos humanos que formamos parte del CeProDH y del PTS, nos hemos plantado firmemente contra esa posibilidad y daremos esta pelea hasta las últimas consecuencias contra las fuerzas represivas del Estado.




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