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Conflicto en la Universidad Nacional de Luján: ¿Qué pasa en las Universidades?

Una nueva avanzada privatista contra la Educación Pública, encuentra una férrea oposición del movimiento estudiantil y los docentes, en una Universidad con tradición de lucha.

Alejandra Perez

Estudiante de Ciencias de la Educación

Miércoles 14 de junio | Edición del día

El día Jueves en una sesión escandalosa el Consejo Superior de la UNLu (Universidad Nacional de Lujan) encabezado por el Rector Osvaldo Arizio utilizando patotas de la burocracia sindical de ATUNLu-FATUN (gremio No Docente) como fuerza de choque contra los estudiantes y docentes, que rechazaban la aprobación de “El Sistema de Reconocimiento Académico de Educación Superior” por considerarlo una avanzada privatista encubierta. Lo que motivo la toma de la sede regional San Miguel votado en asamblea con más de 150 estudiantes en repudio a la patota en UNLu y la aprobación del ingreso hacia este sistema.

¿De dónde venimos?

En el año 1988 el Banco Mundial elaboro un documento titulado “Universidades: lecciones de la experiencia”, un documento en el que palabras más o palabras menos se planteaba que los países latinoamericanos que tuvieran deudas con los organismos de crédito internacionales no podían darse el lujo de tener una universidad pública y gratuita y proponían el modelo Chileno de universidad, un modelo, elitista y restrictivo que obliga a las familias de la clase trabajadora a endeudarse por años para acceder a la educación superior y que durante los últimos años el movimiento estudiantil chileno ha mostrado una gran lucha contra este modelo de universidad, herencia de la dictadura de Pinochet.

En la década de los 90’ la ofensiva neoliberal del capital, en nuestro país permitió un correlato de estas sugerencias al promulgar en el año ‘95 la Ley de Educación Superior a imagen y semejanza del menemato. En el marco del plan de reformas neoliberales establecidas por el Consenso de Washington, los ideólogos de la LES partían de cuestionar la baja “eficiencia productiva” de una universidad masiva, que recibía “muchos” recursos para unos pocos egresados y de “dudosa calidad”. El argumento principal fue que subordinando el financiamiento a la implementación de objetivos de “eficiencia” se aumentaría la “calidad” de la educación universitaria y su “equidad” social.

Esta ley implicaba poner en cuestión diversos paradigmas con los que se había estructurado la concepción del término “educación pública”. En esta nueva versión la educación superior ya no era considerada un derecho adquirido mediante años de lucha, sino que por el contrario la educación era considerada “un gasto”, y el estado debía empezar a pensar que ramas de la economía eran más dinámicas y productivas para invertir y en relación a ello incentivar determinadas carreras, esto por supuesto también implico que aquellas que para el mercado no fueran las más “productivas” tenían la alternativa de re orientar los contenidos de las carreras o sufrir el desfinanciamiento, y algunas directamente dejarían de existir como tales.
La LES además dio origen a la CONAEU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) un organismo creado por la LES (Ley de Educación Superior), un organismo externo a la universidad que no solo pone en duda el alcance material de la autonomía universitaria heredada de la reforma del 18’, debido a sus amplias atribuciones de crear, suprimir o modificar los contenidos específicos de las carreras sino que además se encarga de la distribución presupuestaria basada en la selección arbitraria y la asignación de recursos discrecional, cuestiona también el alcance de la autarquía financiera.

Los resultados de estos esquemas dieron lugar a una privatización encubierta vía la mercantilización del conocimiento, el traslado de contenidos de las carreras de grado a los posgrados arancelados, la búsqueda de financiamiento alternativo mediante la venta de servicios, es decir una orientación en la que las mayores beneficiadas serían las grandes empresas que mediante múltiples convenios pudieran “invertir” en las universidades nacionales, y obtener recursos humanos capacitados y orientados a su propia producción.

Por supuesto que no todos los estudiantes podrían ser absorbidos en dichas empresas, entonces también se dieron diversos mecanismos de exclusión y altísimas tasas de deserción.

En los últimos años se realizaron modificaciones secundarias reflejadas en la Ley de Educación Nacional manteniendo el núcleo central respecto a la orientación de la educación superior, en el sentido de una orientación al servicio del mercado que se mantuvo vigente.

¿Qué es lo que esconde el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de Educación Superior?

En la resolución Nº 1870/2016 que establece la creación del Sistema de Reconocimiento Académico por parte del Ministerio de Educación y Deportes de Esteban Bullrich, el problema no es lo que dice con frases rimbombantes como “establecer un sistema nacional armonizable con el resto de los sistemas vigentes en el mundo de manera de facilitar la movilidad estudiantil entre las instituciones” sino lo que oculta: en toda la resolución encontramos alabanzas a este nuevo sistema que se pretende implementar pero en ninguna parte encontramos ni una sola vez la palabra GRATUIDAD.

Bajo el argumento de combatir la deserción la resolución ministerial establece una medida igual para todas las universidades, el “Reconocimiento de Trayecto Formativo” (RTF) que convierte las horas cátedra, en horas de trabajo del estudiante y propone “se posibiliten el reconocimiento de estudios, considerados en tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, materias u otras experiencias formativas reconocidas curricularmente, de modo simple y abreviado".

Es decir que la implementación del Sistema apunta a una mayor homogeneidad en los contenidos, para poder dividir en ciclos la trayectoria universitaria dejando carreras de grado cortas, con contenidos generales es decir un tronco común de conocimientos básicos y otro ciclo para la especialización. O sencillamente que lo que hoy se adquiere gratis pasaría a ser pos-grado, maestría, doctorado para obtener la especialización que permita un título competitivo.

En los artículos 2 y 3 de la resolución 1870/2016, se refuerza la injerencia extorsiva de la CONEAU menemista, que como explicamos tiene las atribuciones de crear, suprimir, modificar, carreras y planes de estudio. Un organismo integrado por el poder político de turno y que tiene como uno de sus miembros a Francisco José Piñón, ex rector de la Universidad del Salvador, que le otorgó al represor Emilio Massera el título “honoris cause” en 1977. La CONEAU es ante todo un organismo externo que viola la autonomía universitaria conquistada en 1918 y define las partidas presupuestarias a discreción según el puntaje de evaluación y acreditación, moldeando los perfiles profesionales a las necesidades del mercado.

Al igualar públicas, privadas y terciarios se garantizan una oleada de estudiantes de terciarios que ingresen directamente a las “especializaciones” a través de posgrados arancelados, un verdadero negociado con el derecho a la educación de millones. La propia normativa atenta contra los derechos laborales conquistados por los docentes ya que la llamada “movilidad docente” modifica unilateralmente las condicionales laborales actuales.

Por último, la resolución 1870 es un modelo calcado del Plan Bolonia que demostró un fracaso estrepitoso cuando en 4 años de aplicación dejo afuera de la educación superior a 127.000 estudiantes de las universidades españolas.

Cabe destacar que esta “maravilla” (anti) educativa fue pactada por el gobierno de Cambiemos junto a 75 rectores de universidades nacionales púbicas y privadas incluidas aquellas de la “resistencia K” como la Universidad Nacional Arturo Jauretche o como la misma Universidad Nacional de José C Paz, es que como existe una red clientelar y de prebendas entre el gobierno y los rectores instaurada por el gobierno nacional del FPV y que Cambiamos viene a profundizar. Por esto rectores que hasta el 9 de diciembre de 2015 eran abiertamente Kirchneristas como Arizio rector de UNLu ahora simpatizan con el macrismo y sus políticas de ajuste y vaciamiento en la educación superior.

La lucha que empezó en la UNLu es la primera pulseada entre un movimiento estudiantil con tradición de lucha en defensa de la educación pública y un rectorado funcional a Cambiemos en su nueva embestida contra la educación pública.

¿Cuál es la salida?

Luchemos por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo pobre, que nuestra vida y educación valgan más que sus ganancias.

La mejor defensa que tenemos los estudiantes ante los ataques de los gobiernos capitalistas que presenten imponer sus intereses y ganancias en detrimento de nuestros derechos conquistados es la auto organización. La lucha de los estudiantes de la UNLu debe ser un conflicto testigo para el resto de las universidades de la zona, necesitamos coordinar y poner en pie un movimiento estudiantil que siga el ejemplo de la organización desde abajo para defender una educación pública, laica, gratuita y de calidad.

Es necesario desterrar definitivamente la elitización y la mercantilización de la universidad. En este sentido, los centros de estudiantes que son nuestros organismos políticos y gremiales, tienen que estar a la cabeza de la lucha contra de la implementación de este convenio que define nuestro futuro profesional y ataca a la autonomía de la universidad pública.

Lanzar una gran campaña nacional contra el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de Educación Superior y por la ANULACIÓN de la LES. Y de esta manera avanzar en la construcción de una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo pobre.

Al mismo tiempo es necesario que se debata y se discuta en clases públicas, plenarios y asambleas interclaustros las mejores medidas para expandir y visibilizar la lucha.

La mayoría de los estudiantes somos trabajadores o hijos de trabajadores, por eso debemos defender nuestras conquistas. La unidad entre trabajadores y estudiantes es la única capaz de enfrentar los planes del gobierno y el imperialismo. En este camino, desde la Juventud del PTS luchamos por forjar una verdadera unidad estudiantil con las organizaciones combativas y democráticas de los trabajadores, para poner todos los recursos científicos, intelectuales y materiales, al servicio de desarrollar la lucha independiente y revolucionaria de la clase trabajadora.

Queremos retomar las banderas de la unidad obrero-estudiantil del Mayo francés y del Cordobazo, empezando por rodear de solidaridad las luchas que está dando el movimiento obrero, y llegando a organizar acciones y conquistar organismos comunes para luchar contra la esclavitud capitalista.

Por eso tenemos que dejar en claro que no permitiremos avanzar la injerencia del financiamiento privado en la Universidad Pública y que es una necesidad inmediata aumentar el presupuesto universitario. De esta manera las carreras no serán moldeadas por el mercado y los convenios que atan a la Universidad a los monopolios capitalistas.

Las carreras y el perfil profesional deben estar orientadas a satisfacer las necesidades del pueblo trabajador. Queremos convenios con las organizaciones combativas de la clase obrera.

Tenemos que ponerle un freno a las acreditaciones de la CONEAU conformada por representantes del gobierno y de los intereses empresariales en defensa de la plena autonomía universitaria. Hay que luchar por el ingreso directo e irrestricto a la universidad y cursos de apoyo extracurriculares para quienes los quieran tomar. Oponernos al negocio de los posgrados pagos y la degradación del título de grado. Los posgrados, maestrías y cualquier especialización tienen que ser gratuita, medidas tendientes a garantizar una educación verdaderamente pública, gratuita, y de alta calidad científica.

Para terminar con la exclusión por razones socioeconómicas es necesaria la implementación de un plan nacional de becas de $11.500 pesos (la mitad del costo de la canasta familiar) para los hijos de los trabajadores y los desocupados y reducir la jornada laboral a 6hs y 5 días, con salario equivalente al costo de la canasta familiar para los trabajadores que quieran estudiar en la universidad, junto a otras medidas más elementales como la provisión gratuita de los materiales de estudio y comedores estudiantiles.

Proponemos en unidad con los trabajadores de la educación dar la pelea por el salario y contra la estratificación del plantel docente. Las universidades como usinas de pensamiento en vez de fomentar la formación de intelectuales cómplices de la burguesía que es una minoría pueden dar lugar a una intelectualidad comprometida con la clase trabajadora. Para conquistar nuestras demandas es necesaria la democratización de los órganos de gobierno, a través de eliminar el voto ponderado, la elección directa de todas las autoridades universitarias, una persona un voto y que esos funcionarios que se enriquecen a costa de nuestra educación cobren como un docente. Solo un Co-gobierno docente, no docente y con mayoría estudiantil puede brindar esta salida y una alternativa ante la avanzada privatista. Solo la auto-organización, la lucha consecuente y la unidad con los trabajadores podrá garantizar que nuestra educación deje de ser un privilegio y sea realmente publica, laica, gratuita y de alta calidad científica.






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