Mundo Obrero

ATE SANTA CRUZ

Condenaron a estatales de Río Gallegos en un juicio armado

En la mañana de ayer finalizó el juicio contra cinco militantes de ATE, procesados por el incendio de un edificio público el año pasado. Cuatro fueron condenados (quedaron libres por haber cumplido más de un tercio de la pena) y la enfermera Patricia Benítez fue absuelta. Para nueve de cada diez santacruceños, son inocentes.

Daniel Satur

@saturnetroc

Martes 2 de diciembre de 2014 | Edición del día

  • Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino, y demás familiares escuchando la sentencia
  • Carlos Platkowski (PTS-CeProDH), Alfonso Lobo (ATE-CTA) y Norma Garrigue
  • Los acusados escuchando la sentencia
  • Carlos Platkowski (PTS-CeProDH), Alfonso Lobo (ATE-CTA) y Norma Garrigue
  • Carlos Platkowski (PTS-CeProDH)

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Fotos: Prensa CTA Santa Cruz

En los tribunales de la capital de la provincia de Santa Cruz ayer por la mañana se leyó la sentencia del juicio en el que fueron procesados cinco militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Ernesto Apendino, Juan José Vera y Alberto Arteaga recibieron penas de tres años de prisión y la orden de realizar tres años de tareas de parquizado, forestación y pintura de plazas públicas y concurrir a un curso sobre ecología y medio ambiente. Según la condena, se los consideró culpables de los delitos de “estrago simple” y “daño agravado en concurso real con lesiones leves agravadas”.

Los tres trabajadores quedaron en libertad apenas terminado el juicio, dado que ya habían cumplido un año en prisión, esto en virtud del artículo 13 del Código Penal. Recordemos que desde hace poco más de un año estaban presos a la espera del juicio oral que acaba de finalizar.

Por su parte el trabajador Diego Reyes fue condenado a un año de prisión por el delito de “lesiones leves agravadas” y “daño agravado”. Como también estuvo un año preso se le consideró cumplida la pena y quedó libre. Reyes es uno de los trabajadores que más sufrió el año de prisión antes del juicio. De hecho denunció públicamente en una de las audiencias las torturas y los vejámenes que recibió estando detenido.

La enfermera Patricia Benítez fue absuelta, algo que ya se sabía desde la última audiencia del viernes 21 de noviembre, cuando se la dejó en libertad por “falta de mérito”. Sin embargo esta trabajadora salteña también sufrió un año de detención, lo que demuestra la arbitrariedad y el maltrato recibido por parte de la Justicia patagónica.

Un sexto trabajador acusado en el juicio, Luis Díaz, quien se había autoinculpado por los hechos y no estaba preso, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por ser coautor secundario del delito de “estrago simple”.

Los “considerandos”

Los jueces plantearon que las penas fueron atenuadas debido a que consideraban que si la policía y los bomberos hubieran intervenido en el incendio, las consecuencias hubieran sido menores. Con esta definición, el propio Estado reconoce de algún modo que la denuncia contra las fuerzas represivas provinciales por haber dejado la “zona liberada” tenía asidero. Sin embargo no ordenaron investigarlas.
Luego de las jornadas del juicio, con testimonios amañados y falta de pruebas contundentes en contra de los imputados, la sentencia evidentemente resulta arbitraria.

A los testigos propuestos por la defensa no se les concedió valor probatorio, al considerarlos “parciales” ya que son compañeros de militancia, de trabajo o amigos de los acusados. Sin embargo a dos empleadas estatales que declararon como testigos comprometiendo a los acusados sí se les dio valor probatorio pese a que después se rectificaron y denunciaron que les fraguaron la declaración.

También se consideró ciertas las declaraciones de los mismos policías que el tribunal cuestionó por no actuar dejando que se incendie el edificio. Y se tomaron como verdaderas las versiones de policías que no declararon en el juicio oral sino sólo ante la jueza de instrucción. Testimonios que fueron impugnados por la defensa, sin resultado favorable alguno.

El Tribunal cuestionó hasta las planillas de ingreso y egreso que demostraban que la enfermera Benítez estaba trabajando cuando se produjo el incendio. Cuestionamiento que de todos modos no alcanzó para inculparla, como pretendían.

A su vez ordenó investigar al dirigente de esa lucha de los trabajadores estatales, Raúl Gómez.

"Grave condena", solidaridad y simpatía popular

Dentro y fuera de los tribunales de Río Gallegos ayer había familiares de los acusados, acompañados de militantes y organizaciones gremiales, políticas y sociales como la CTA, ATE, el gremio de Judiciales y partidos de izquierda. El dirigente del PTS y abogado del CeProDH Carlos Platkowski viajó desde Buenos Aires para estar presente durante la sentencia.

Fuera de la comisaría, donde pasaron un año presos, y pese a las condenas y el tiempo transcurrido en prisión, los familiares de los imputados se manifestaron contentos ya que hoy mismo sus seres queridos salieron en libertad. "Sin embargo el costo de esta libertad, con una condena increíble y muy grave a cuestas, es un precedente muy grave porque se los considera culpables sin prueba alguna, y las supuestas pruebas fueron producto de aprietes, absurdas como una foto donde supuestamente se ve a alguien tirando una piedra", señaló Carlos Platkowski.

El doctor Platkowski también denunció ante los medios al Tribunal, ya que no tuvo en cuenta las denuncias fehacientes y comprobables de Diego Reyes respecto a las torturas que recibió (le fracturaron la nariz en la comisaría, fue dejado desnudo en el patio de la alcaldía, entre otros ataques) por lo que no ordenó investigación alguna sobre esos hechos. Y a su vez marcó el “cinismo sin límite de parte de los jueces, que condenan a tomar cursos de ecología y medioambiente a los trabajadores estatales condenados, mientras en la provincia las multinacionales petroleras destruyen sin control los recursos naturales y hasta el momento ningún gerente pisó un tribunal”.

Vale destacar que gracias a la campaña realizada por el Comité por la Libertad de los Presos de ATE, entre los que se encuentran Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino, y Alfonso Lobo, secretario de Prensa de ATE Santa Cruz, que junto a los familiares del resto de los detenidos y las denuncias de los propios compañeros que con gran valor se animaron a sacar a la luz los apremios y las terribles situaciones que hicieron de esta una causa armada, se logró instalar en la opinión pública la causa como un hecho incontrastable de criminalización de la protesta social y persecución a las luchas.

Esto quedó en evidencia con la solidaridad que la comunidad santacruceña les brindó a los presos de ATE en todos estos meses. Una encuesta del portal Tiempo Sur sobre este juicio arrojó un resultado contundente: sólo el 13% de la población de la provincia cree que los cinco militantes de ATE son culpables.

Una opinión colectiva que abre el interrogante sobre cuál hubiera sido la sentencia en este juicio si existiera un jurado popular sorteado democráticamente en lugar de un tribunal más relacionado con el poder político y económico que con las necesidades de las mayorías.






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