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Concejo Deliberante: el traspaso del agua a la Municipalidad pasó a Comisión y sigue sin resolverse

En una sesión extraordinaria donde el oficialismo intento pasar un paquete de medidas de manera exprés, el tratamiento de la segunda lectura del proyecto estuvo en el centro de la escena. La concejala Laura Vilches destacó en una jornada donde la rosca política y la negociación entre PJ y oposición fueron el denominador común.

Martes 7 de enero | 18:13

El oficialismo municipal estrenó su gestión haciendo abuso de las sesiones extraordinarias para impulsar mega-paquetes de medidas en forma exprés. Luego de la aprobación de la Emergencia en la Municipalidad que abre el camino a la privatización de prestaciones y ataca el salario de los empleados municipales, esta vez el PJ volvió a la carga con un nuevo paquetazo de medidas entre las que se destaca la municipalización del contrato del agua.

El interés del oficialismo está en lograr transferir a la órbita municipal un contrato con el Grupo Roggio, prestatario del servicio de la empresa Aguas Cordobesas, por el que la gestión de Llaryora empezará a percibir un canon de 200 millones de pesos por el derecho de uso de la concesión. Esto, mientras se le seguirá garantizando al Grupo Roggio, que está entre las 100 empresas con mayor facturación del país, cuantiosas ganancias.

Mientras la oposición de la UCR, Córdoba Cambia y Encuentro Vecinal proponen demagógicamente la revisión del contrato sin cuestionar que la prestación del servicio siga en manos privadas, el Frente de Izquierda planteó desde el primer momento que se ponga en discusión el contrato con Aguas Cordobesas para avanzar en la estatización de un servicio fundamental que no puede ser concebido como negocio.

Cuarto intermedio, negociación abierta

Si bien la bancada oficialista cuenta con mayoría automática, ésta no es suficiente para tratar un proyecto de municipalización para el que se requieren los dos tercios de los miembros del cuerpo. Por esto, se resolvió pasar a un cuarto intermedio durante el cual se espera que sigan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición.

Quienes prestaron su apoyo en la primera lectura del proyecto fueron los concejales de la Unión Cívica Radical, Córdoba Cambia y el de la Encuentro Vecinal Córdoba. Pero para la segunda lectura exigían una cláusula que congele las tarifas del agua al menos por 6 meses, exigencia que la bancada oficialista no estuvo dispuesta a conceder.

La bancada del radicalismo y Córdoba Cambia alegaron la supuesta defensa del "interés de los vecinos" para frenar el tarifazo, pero mientras fueron gobierno, no sólo no aceptaron la municipalización que les hubiera permitido cuestionar (como poder concedente) el contrato con Aguas Cordobesas, sino que permitieron el avance del tarifazo en los servicios.

La tarifa de otro servicio esencial como el agua -el trasporte - aumentó en un 1020 % y fue cada vez más deficiente bajo la gestión Cambiemos. Lo que hacen es pura demagogia para la tribuna mientras, proclamándose como una oposición responsable, "no salvaje", dispuesta al consenso, le aprobó al oficialismo el 95% de sus ordenanzas exprés (incluyendo la emergencia con superpoderes para Llaryora). Dejan así a la administración Schiaretti / Llaryora, gobernar sin problemas.

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Desde el Frente de Izquierda la edil Laura Vilches sostuvo: “El contrato del agua, que tiene al Grupo Roggio como principal accionista, pretende ser municipalizado tal y como ha sido suscripto por el Gobierno de De La Sota, hace más de una década. Se trata de un convenio absolutamente leonino donde hay un pacto sellado desde 2006 entre el oficialismo y Aguas Cordobesas para garantizar el negocio. De La Sota y Schiaretti no avanzaron ni en la estatización ni en la municipalización del servicio de agua. Lo que se llevó a cabo es un cambio en el paquete de acciones mayoritarias que pasaron de Suez a la empresa de Benito Roggio.

Aguas Cordobesas sostuvo permanentemente el incumplimiento del contrato firmado con la provincia no realizando la instalación de medidores, con obras realizadas y garantizadas por el gobierno provincial, y pidiendo aumentos de tarifa sistemáticos cada 6 meses. Incluso trasladó a los usuarios el costo de la instalación de medidores para no achicar su abultado margen de ganancias. Es un convenio que lo único que garantiza para Córdoba es que estos empresarios se hagan, desde hace años, ganancias millonarias".

Vilches agregó: “Lo que están ratificando el oficialismo provincial y el local es que son incapaces de tocar una coma del contrato leonino que va en contra de los usuarios. Demuestran así su rol reaccionario, defendiendo al capital y no el derecho fundamental al agua para las mayorías populares”.

Se abre un impase durante enero, en que el Gobierno municipal tratará de acercar posiciones con la oposición patronal. Estos piden la incorporación formal de una cláusula que "inste al Departamento Ejecutivo Municipal a revisar el convenio con Aguas Cordobesas".

Según explicó la concejala a La Izquierda Diario, "La mera incorporación de dicha cláusula, no garantiza que el gobierno cuestione el llamado "Convenio 26" que data de 2006. Es un solución de compromiso entre oficialismo y oposición que muy lejos está de cuestionar las ganancias empresarias y garantizar un servicio elemental en condiciones dignas para el conjunto de la población. Por eso nosotros exigimos la verdadera estatización del agua, sin ningún pago para la privatizada que se cansó de llevarse ganancias millonarias. La estatización debe ser bajo gestión de los trabajadores, con el aporte técnico de especialistas de las universidades y con el control de los usuarios populares, verdaderos interesados en acceder a un agua potable y de calidad."

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Más allá del agua: exceso de temas

La quinta sesión extraordinaria del Concejo que conduce Daniel Passerini es la primera del año 2020. El tema por el cual se la había convocado, el traspaso del contrato del agua a la Municipalidad, no fue resuelto. Sin embargo el Departamento Ejecutivo aprovechó la reunión estival de los ediles cordobeses para imponer la aprobación de muchos otros temas: disposición de autos y chatarra; presupuesto participativo barrial; prórroga de contratos de bacheos y desmalezamientos; designaciones en la empresa C.RE.S.E.; modificación de las multas por contravención por autos de alquiler con chofer (taxis y remises).

Taxis y remises

Entre los numerosos expedientes sometidos a tratamiento en extraordinarias se encontraba el que fue llamado “movilidad urbana”, que modifica artículos del Código de Convivencia Municipal relacionados con el servicio de autos de alquiler con chofer. En este tema hubo participación de algunos trabajadores que se acercaron al recinto para conocer como se modificaba lo que hace a su trabajo cotidiano. Solo el Frente de Izquierda llevó a cabo la defensa al derecho de huelga que se viera cercenado por multas a los choferes que participaran de piquetes para manifestarse en el marco de las huelgas. Esto provocó los únicos aplausos que se escucharon en la maratónica jornada del 6 de enero y que manifestaban el reconocimiento a la concejala Laura Vilches, que defendió a los obreros del volante en el Concejo tal como lo hiciera en 2017 en la Legislatura con sus pares del servicio de transporte urbano de la ciudad.

Vilches expresó: “Se incluye en este articulado la negativa al derecho a protesta de los trabajadores que utilizan sus coches para manifestarse, algo que es muy caro al movimiento obrero como es el piquete en el marco de las huelgas”, la concejala agregó que desde el Frente de Izquierda no se puede acompañar de ninguna manera estas medidas.







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