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Con intervención federal pretenden apagar el incendio de Guerrero

Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), está a cargo del Plan Nuevo Guerrero: un plan diseñado para tratar de contener la rabia que se expresa en las calles del estado y de todo el país por el asesinato de tres normalistas y la desaparición de 43 de sus compañeros.

Bárbara Funes

México D.F |

Miércoles 29 de octubre de 2014 | Edición del día

Rosario Robles en mayo de este año ya había sido noticia por sus polémicas declaraciones en el diario La Jornada y otros medios mexicanos: “el programa Oportunidades no apoyará a las familias indígenas que tengan más de tres hijos, ya que la procreación se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar”. Esto lo declaró durante la entrega de un comedor comunitario en Los Encinos, una población de 350 habitantes de la etnia cora.

Esta funcionaria, ex dirigente del PRD y que siendo Jefa de Gobierno del DF reprimió la lucha del Consejo General de Huelga de la UNAM en 1999, se alejó de ese partido por estar vinculada a los videoescándalos, acaecidos entre 2004 y 2005, cuando sorprendieron, entre otros, a René Bejarano –entonces diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y colaborador de Andrés Manuel López Obrador– recibiendo 45 mil dólares del empresario argentino Carlos Ahumada, a cambio de favores.

Rosario Robles también estuvo en el ojo de la tormenta por el escándalo del uso de fondos de ayuda social para compra de votos en el 2013.

Esta mujer es ahora la persona designada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para coordinar el Plan Nuevo Guerrero, creado en 2013, ante los efectos devastadores de los huracanes Ingrid y Manuel, que dejaron más de 65 muertos en Guerrero y más de 68 desaparecidos en La Pintada, un pueblo guerrerense arrastrado por el deslave de un cerro.

En septiembre de este año, mujeres de la Montaña de Guerrero denunciaron que los gobiernos estatal y federal no habían reconstruido sus viviendas y tampoco habían reubicado a las familias que habitan en las zonas de mayor riesgo. No se realizaron tampoco medidas de prevención frente a la temporada de huracanes en las regiones más vulnerables. Peor aun: la “ayuda oficial” “sólo sirvió para que los militares entraran a la zona para reprimirnos cuando decidimos defendernos u organizarnos”.

De acuerdo con el informe dado por Ángel Aguirre, el ex gobernador del estado, en marzo de este año, el plan tenía asignado para este año poco más de 30 mil millones de pesos. La duda flota en el aire: ¿qué pasó con ese dinero? ¿Cuánto de esa suma fue para solventar los gastos del despliegue de las fuerzas represivas en el estado? ¿Cuánto se destinará a migajas para tratar de acallar el descontento?

Los 43 normalistas siguen desaparecidos

Mientras tanto, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” continúan desaparecidos. Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) informó en una conferencia de prensa que el día 27 por la noche hubo cuatro nuevas detenciones: dos hombres confesaron haber “recibido” a los normalistas detenidos y dos reconocieron ser “halcones” (vigilantes) que custodiaron el traslado de los estudiantes.

En Cocula, municipio que dista 22.7 km de Iguala, se descubrieron restos óseos, a cien metros de un basurero. Según se informa en el artículo “Localizan restos humanos cerca de tiradero en Cocula”, publicado en La Jornada, “El pasado 26 de septiembre, policías municipales de Iguala habrían entregado a sus similares del municipio de Cocula a 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y posteriormente resguardados por miembros de la delincuencia organizada al servicio del alcalde perredista con licencia, José Luis Abarca Velázquez”.

Ya se denunció que elementos de inteligencia encubiertos agredieron a periodistas que fueron a cubrir la noticia. El gobierno no sólo mantiene en vilo a todo el país tratando de retrasar lo más posible la aparición de los estudiantes, sino que reprime, violenta, agrede a quienes los buscan.

Mientras, los desprestigiados PAN y PRI tratan de relacionar a López Obrador con el prófugo ex alcalde de Iguala. Hoy nadie cree en los partidos del Congreso como hasta antes de esta crisis.

¿De quiénes serán los restos hallados? ¿Serán los normalistas? ¿O serán más muertos anónimos de la “guerra contra el narco”? Con esta desinformación ¿el gobierno trata de evitar una crisis mayor? Es evidente que es una situación que jaquea al hasta hace poco ensoberbecido “nuevo” PRI.

Aunque una y otra vez Peña Nieto prometa justicia, el régimen mexicano está en descomposición. Sigue en el aire la pregunta de cómo se resuelve esta crisis. ¿De la mano del PRI-PAN-PRD coludidos con el narco? ¿De Andrés Manuel López Obrador quien dice no tener vínculos con José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, prófugo, aunque en redes sociales circula una fotografía donde posa sonriente junto a Abarca y su esposa?

¿O vendrá de los jóvenes, los trabajadores y los campesinos que hoy nuevamente se movilizarán por la aparición con vida de los 43 normalistas?







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