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"Con el fracking, el Gobierno atenta contra las Constituciones nacional y provincial"

La Izquierda Diario entrevistó a Julieta Lavarello, abogada y activista socioambiental, quien dio su opinión sobre el decreto para explotar fraking en Mendoza, emitido por el gobernador el día de ayer.

Daniela Álvarez

Docente | Mendoza

Domingo 11 de marzo | 00:00

Foto: El Otro

En el día de ayer se dio a conocer que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió un peligroso decreto para autorizar el método de fractura hidráulica (conocido como fracking) en nuestra provincia. La Izquierda Diario dialogó con Julieta Lavarello, referente de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y abogada, quien participó de la redacción del proyecto de Ley para prohibir el fraking en la provincia. A través de sus palabras, podemos conocer en detalle los tintes autoritarios y la poca reflexión en materia socioambiental que posee el gobernador.

En una entrevista anterior se dieron los argumentos sociales y ambientales por lo qué las asambleas de Mendoza se pronuncian en contra de la actividad.

Encontramos que en la fractura hidráulica, gran parte de los químicos que se usan han sido declarados por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos y mutagénicos y que varios países del mundo lo han prohibido por los altos niveles de sismicidad y de contaminación registrados.

Julieta comienza explicando que "el fraking está dentro de la lógica del modelo de saqueo y contaminación, busca beneficiar a unas pocas empresas a costa del prejuicio de los territorios de quienes habitan, en este caso, en Mendoza. Es una actividad que no puede ser controlada porque en sí es altamente contaminante y no depende ni de los estudios de impacto ambiental ni de ningún control ni mayores condiciones a quienes lo implementen porque igualmente va a causar daños irreversibles al ambiente y, económicamente, no lleva a ningún beneficio económico. Esto creo que da por tierra cualquier esperanza que se pueda tener con este decreto".

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- El gobernador ha firmado este decreto, pero han sido numerosas las organizaciones y personas que se manifestaron contra esta práctica.

Una cuestión muy grave es el hecho de que el gobernador ha desoído a la sociedad desde el primer momento porque autorizó una primera explotación en Malargue sin ponerlo en conocimiento de la opinión pública. Luego, el 28 de diciembre de 2017 en el salón Thesaurus de la ciudad de Malargue se arbitró una audiencia pública que terminó siendo un circo porque fue una instancia en la cual, los que se manifestaron a favor estaban a favor de llevar adelante la fractura hidráulica por una cuestión meramente económica, laboral, de generar puestos de trabajo sin ser concientes ni dar argumentos entorno a lo ambiental, al cuidado de la naturaleza y sin plantear ninguna exigencia para controlar la actividad.

Por otro lado, la audiencia fue un circo porque se hicieron muchísimas preguntas a la secretaría de ambiente que es la futura autoridad de aplicación de la actividad y de éstas sólo cuatro fueron contestadas y otras cuatro las contestó con evasivas. El resto fueron evadidas. Esto significó que las pocas modificaciones que se le hicieron al decreto no fueron modificaciones relevantes. Los reclamos y planteamientos que nosotros hicimos no se tuvieron en cuenta.

- ¿Cuáles fueron las cosas que no quisieron contestar?

Algunas son muy graves, se está atentando contra la constitución provincial y la nacional, también contra la leyes nacional y provincial de protección del ambiente. Por ejemplo, el articulo número 7 del decreto prevé que la autoridad de aplicación solicite autorización al departamento general de irrigación para el uso de aguas superficiales para un proyecto concreto, siendo que el artículo 194 de la constitución provincial establece que el permiso de uso de aguas superficiales lo otorga la legislatura provincial por ley. Esto significa que el decreto en ese punto es inconstitucional. Otro ejemplo es que prevé aprobar ciertos aspectos de la declaración de impacto ambiental con una simple declaración jurada emitida por la misma empresa que solicita aprobación para realizar el emprendimiento. Eso no es un control, es confiar en el empresario. Éste va a declarar que está realizando las cosas con un estricto cumplimiento de todas las leyes de protección del ambiente y nadie va a corroborar que esto es así.

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No nos sorprende que haya salido el decreto porque este gobierno, al igual que los anteriores, desde que asumió ha dado claras muestras que no le interesa los intereses del pueblo.

Como asamblea vamos a seguir concientizando a la población sobre lo que significa esto. Las medidas legales que hemos tomado han sido la presentación de un amparo el año pasado y también como Ampap (Asambleas mendocinas por el agua pura) logramos ingresar el año pasado un anteproyecto de ley de prohibición de fractura hidráulica en toda la provincia de Mendoza. La única diputada que asistía a las comisiones de ambiente, vale aclarar, era Macarena Escudero del FIT.

El fraking está dentro de la lógica del modelo de saqueo y contaminación, busca beneficiar a unas pocas empresas a costa del prejuicio de los territorios de quienes habitan, en este caso, en Mendoza

- ¿Qué medidas van a seguir tomando contra la insistencia del gobierno en desarrollar esta actividad?

Nuestro trabajo es más político que legal. Nos vamos a seguir oponiendo a que se autoricen este tipo de actividades y al actuar inconsulto del gobierno de la provincia, que no le importa tener legitimidad social para realizar este tipo de actividades.

Queremos que en Mendoza se genere un movimiento en contra de estos proyectos. Hay que tener en cuenta que el movimiento contra el fracking es un movimiento mundial y se ha logrado prohibir en Vermont (EEUU), Bulgaria, Francia, Rumania, algunos estados de España, en un estado de Suiza. Hay moratorias que se presentan y luego de cinco o 10 años se vuelven a renovar en países como en Alemania, Inglaterra, República Checa, Uganda, más ciudades de España, EEUU, Sudáfrica, Australia, Brasil, Uruguay. En Argentina, se ha prohibido en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, en algunas ciudades de Neuquen, Rio negro, Chubut, Buenos Aires.

Particularmente en Mendoza el movimiento permitió que varios departamentos sean declarados libre de fraking, estos son: San Carlos, Tupungato, Tunuyan, Lujan y Alvear. En estos departamentos el gobierno lógicamente va a presionar para dar por tierra con estas ordenanzas. Cornejo tiene pensado autorizar estos proyectos en Malargue mayormente, en Tupungato y Lujan.







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