Política

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Con Macri o el kirchnerismo: el Estado, un “aguantadero” para las grandes patronales

Más allá del personal político que ocupe la Casa Rosada, todos los Gobiernos han garantizado una gestión del Estado al servicio del interés capitalista.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Miércoles 19 de abril | Edición del día

El grupo Macri logró un beneficio de más de 170 millones de dólares cuando Domingo Cavallo, en el último período de la dictadura militar estatizó la deuda externa del gran empresariado. En el año 2002, cuando Eduardo Duhalde llevó adelante la pesificación asimétrica, el grupo Socma logró un rédito cercano a los 200 millones, Y en la misma moneda. En dictadura o bajo el régimen democrático, el Estado nacional ha sido un verdadero “aguantadero” para el grupo empresarial que integra el actual presidente.

Ayer el titular del Poder Ejecutivo criticó a quienes convirtieron al Estado “en un aguantadero”. La afirmación presidencial muestra la doble vara de Macri, fiel representante del empresariado argentino. Esa dualidad entre aprovechar todos los recursos del Estado en función de sus propios intereses y despotricar cuando no es plenamente así.

Te puede interesar: Macri y su “Estado aguantadero”: contra los empleados públicos, a favor de los CEO

El Gobierno de Cambiemos hace gala de apostar a un Estado que maximice eficiencia en aras de los intereses del gran empresariado. Pero ello no implica exclusividad a la hora de gestionar el mismo al servicio de los intereses capitalistas. Aunque mucha agua haya pasado ya bajo el puente, el apotegma de Marx y Engels del Manifiesto Comunista, revela plena actualidad.

Bajo las gestiones de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, más allá de los discursos, el Gobierno del Estado moderno es "el comité de los negocios comunes de la clase capitalista”. Progresistas y neoliberales solo tienen para ofrecer distintos tipos de beneficios al gran capital, en detrimento de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Un genocidio y muchos millones

La masacre llevada a cabo contra el conjunto del pueblo trabajador entre 1976 y 1983 benefició al gran capital. El exterminio de los sectores más avanzados de una generación que cuestionaba crecientemente la dominación capitalista en Argentina implicó una reorganización de los intereses de clase.

Ya en los momentos finales del régimen genocida, la estatización de la deuda beneficiaria al clan Macri entre muchos otros. Consignemos otras firmas de ese capital que pide bajar el gasto cuando se habla de las llamadas políticas sociales, pero exige todo tipo de prebendas al mismo Estado.

La estatización de la deuda implicó la asunción, por parte del Estado nacional, de una cifra superior a los 20.000 millones de dólares. De ese monto, más de la mitad pertenecía a 70 firmas. El listado de “ganadores” incluye, entre otros, a Celulosa Argentina, que recuperó U$ 836 millones; Acindar (U$ 649 millones); Banco de Galicia (U$ 293 millones); CitiBank (U$ 213 millones); Banco Francés (U$ 184 millones) y Sevel (U$ 124 millones). La lista podría extenderse, pero las menciones permiten dar la pauta de la enorme transferencia de recursos desde el conjunto de la sociedad al gran capital local e imperialista.

Te puede interesar: Los Macri, el golpe de 1976 y la deuda externa

En octubre de 2001, en plena crisis de la convertibilidad, Franco Macri pediría que se tomen "medidas drásticas”, como por ejemplo “estatizar toda la deuda privada”. El padre del actual presidente solo pedía un multimillonario regalo similar al recibido dos décadas antes.

Ganancias en blanco y rojo

La salida de la dictadura configuró un nuevo esquema de poder capitalista en la Argentina. La primacía del gran capital imperialista y una nueva oligarquía empresaria local fue la matriz sobre la que gestionó el Estado Raúl Alfonsín.

Las primeras intenciones de favorecer parcialmente la situación económica de la clase trabajadora fueron abandonadas con rapidez por el presidente radical. Los llamados "capitanes de la industria" estuvieron entre los beneficiados por el primer Gobierno del régimen democrático.

Señala Martín Schorr en La industria argentina entre 1976 y 1989… (Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional del San Martín) que “durante el gobierno del Dr. Alfonsín se profundizaron considerablemente los principales legados críticos de la dictadura sobre la economía y la industria locales a pesar de los importantes cambios sobrevenidos en el nivel internacional”.

En este período, el radicalismo se evidenciaría una vez más como el vehículo de los intereses del gran empresariado. El Estado jugaría un rol esencial, garantizando una montaña de beneficios a favor del gran capital.

Señala Schorr que, dentro de las políticas llamadas de promoción industrial, “los subsidios derivados (…) financiaron prácticamente la totalidad de la escasa formación de capital que se verificó en el transcurso de los años ochenta (…) a mediados de la década más del 90 % de la inversión neta del sector privado correspondía a inversiones favorecidas con distintos tipos de incentivos promocionales (especialmente de tipo fiscal) y, por otro, que de los 30 proyectos de inversión asociados a la apertura de nuevas plantas fabriles que se registraron en el sexenio 1983-1988, 29 se efectivizaron al amparo de diferentes regímenes de promoción”.

Graficando la situación, en 1988 la fundación FIEL escribiría que “por cada austral invertido por el sector privado el Estado contribuye con la misma suma a través de menores impuestos. De esta forma, en los hechos, los contribuyentes aportan la totalidad de los fondos invertidos”.

Con los colores radicales, el Estado siguió funcionando como “aguantadero” de las ganancias empresariales.

Privatismo explícito

A partir del inicio de la década de los 90’, el menemismo desarrolló una política que apostaba a la configuración del “Estado mínimo”, relato correspondiente al triunfo y avance del neoliberalismo en todo el mundo.

El Estado se “minimizó” garantizando un gigantesco negociado para el gran empresariado nacional y extranjero. Las privatizaciones fueron, casi literalmente, la venta de empresas a precio de remate. La resultante sería una estafa continuada sobre la nación, con empresas que usufructuarían un mercado cautivo, realizando mínimas inversiones y recibiendo pingües beneficios de ese mismo Estado. Esa parte de la entrega nacional continúa hasta nuestros días.

La burocracia sindical peronista estaría entre quienes también se beneficiaron de ese achicamiento del Estado. Su participación en las privatizaciones haría crecer exponencialmente el llamado sindicalismo empresario.

Ligado estrechamente a esto aparecía el Estado nacional garantizando un crecimiento exponencial de la deuda externa. Menem se retiró del Gobierno con un endeudamiento que se acercaba a los U$ 140 mil millones, un monto que duplicaba lo “heredado” del Gobierno de Alfonsín.

Pero además, la función del Estado no puede medirse solo en aras de las erogaciones realizadas. Bajo el menemismo el conjunto de las normativas legales estuvo puesto en función de garantizar las ganancias del gran capital extranjero. El Estado “ausente” tuvo una marcada presencia para garantizar el Régimen de la Convertibilidad, que otorgaba casi intangibilidad a los capitales extranjeros, al garantizar una paridad entre peso y dólar que no era sostenible de manera permanente.

La corrupción de la casta política que gestiona el Estado capitalista se revelaría de manera creciente en esos años. El menemismo, con su secuela de "pizza y champagne", hundiría progresivamente al pueblo trabajador. No pocos de los integrantes del kirchnerismo estaban en ese entonces en el tronco oficialista.

La ilusión estatalista del kirchnerismo

Esteban Mercatante sostiene en La economía argentina en su laberinto (CEIP, 2015) que “no pueden comprenderse los rasgos que adoptó la economía política kirchnerista sin partir de los efectos duraderos de las jornadas de diciembre de 2001 en la conciencia política de amplios sectores sociales”.

Allí también señalará que “la mejora de los ingresos fiscales combinada con la fuerte caída del gasto serán las claves para un poderoso aumento de los niveles de ahorro fiscal” que harían posible parte de la política kirchnerista. El kirchnerismo es así un digno heredero de la declaración de default de Adolfo Rodríguez Saá y de la devaluación realizada por Eduardo Duhalde.

En los años kirchneristas, como lo dijo la misma Cristina Fernández en innumerables ocasiones, el gran empresariado “se la llevó con pala”. El Estado fue parte esencial de garantizar esa situación.

Uno de los mecanismos privilegiados de transferencia de recursos desde el conjunto de la sociedad hacia el empresariado fueron los subsidios. Mercatante afirmará que “los subsidios estatales han venido solventando una parte de los costos empresarios y se han transformado así en un componente que contribuye a la ganancia empresaria (…) solo en el año 2013 las 500 grandes empresas recibieron en concepto de subsidios $ 17.900 millones. Es decir, el equivalente a un 11 % de sus utilidades en el período”.

Al mismo tiempo, la declamada vuelta del Estado en la gestión de empresas mostró que, “en la mayor parte de los casos de empresas que el Estado tomó a su cargo se trató de hacerse cargo de quebrantos empresarios y asegurar la provisión de servicios esenciales”.

Esos recursos fueron utilizados por el kirchnerismo bajo la bandera de la "reconstrucción de la burguesía nacional". Los (oscuros) nombres de Cristóbal López, Lázaro Báez, Sergio Taselli, Matías Garfunkel, José López y varios más aparecen allí. En este caso, el Estado cabía en varios bolsos y valijas.

El “retorno del Estado” en el kirchnerismo, a pesar de las tensiones que existieron realmente, vino a la ser garantía de los altos niveles de rentabilidad del gran empresariado. Valga recordar un dato más: la pseudo estatización de YPF se saldó con una millonaria indemnización que alcanzó a casi 10.000 millones de dólares. Entregar tamaña suma a una empresa que saqueó el subsuelo nacional y desinvirtió, mal puede ser considerado una "defensa de la soberanía".

Te puede interesar: Los contornos de la dependencia

Parte esencial de ese rol del Estado fue la continuidad del bajo valor de la fuerza de trabajo, expresada en las formas de una precarización laboral ampliamente extendida y el enorme porcentaje de trabajo en negro e informal. Como escribe Paula Abal Medina, en un trabajo reciente “el empleo no registrado descendió desde el 48,5 %, su pico máximo en 2003, hasta el 34 % en 2010. Tras este descenso significativo quedó prácticamente estancado hasta el 2015” (¿Existe la clase obrera?, Capital Intelectual 2017).

La CEOcracia macrista y el Estado

Tal vez, como nunca antes en las últimas décadas, el Gobierno de Cambiemos muestra al poder capitalista al frente de la gestión de su propio Estado. Forma y contenido tienden a unificarse.

Los llamados "conflictos de interés" -de los cuáles el más resonante fue el escandaloso acuerdo con el Correo Argentino- ponen en evidencia que la CEOcracia considera el lugar conquistado como una palanca para seguir impulsando sus propios negocios. Sin embargo, no es lo mismo administrar una empresa que dirigir (o intentar dirigir) el Estado en su conjunto.

El conjunto de los Gobiernos anteriores mostraron que el Estado está lejos de ser un lugar neutral desde el cual organizar la sociedad. El macrismo, con su plan de ajuste, no hace más que ratificarlo.

Para la clase trabajadora, el pueblo pobre y la juventud se impone la tarea de organizar una fuerza social y política que, desde una posición independiente de los sectores patronales, se proponga luchar por su propio poder, en el camino de la emancipación de la humanidad. Una meta que el limitado marco del Estado capitalista no puede dar, utilice su rostro neoliberal o su rostro "nacional y popular".

Te puede interesar: Ni “populistas” ni “republicanos”: el Estado desde el punto de vista del marxismo






Temas relacionados

Franco Macri   /    Raúl Alfonsín   /    Estado    /    Macrismo   /    Mauricio Macri   /    Dictadura cívico-militar   /    Kirchnerismo   /    Cristina Fernández de Kirchner   /    Política

Comentarios

DEJAR COMENTARIO