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RÍO NEGRO

Cipoleños piden al municipio que dé respuestas a la falta de viviendas

Hace dos semanas más de 100 familias están en un predio cercano a barrio Labraña pidiendo al Gobierno Municipal que solucione el problema de la falta de viviendas que hace años crece en Cipolletti. Sin embargo, la amenaza de desalojo es la única respuesta clara de gobernantes y sectores privados.

Lunes 7 de septiembre | 16:59

"Rucalaf" y "28 de Agosto" se llaman los asentamientos que hace dos semanas empezaron a poner en pie familias, mamás solteras y jóvenes de los barrios populares de Cipolletti. La falta de viviendas es una demanda que se extendió y profundizó con la cuarentena. La compleja situación de no tener un hogar, familias numerosas que comparten espacios reducidos, la falta de empleo y posibilidades de poder pasar la cuarentena en casa, impulsaron a este grupo a tomar unos terrenos cerca del barrio Labraña, otro barrio que comenzó como una toma y que hoy por la lucha de los vecinos, sale adelante.

Estos jóvenes son los olvidados de los políticos, como decía uno de ellos “los políticos se olvidan de nosotros, no nos dan ninguna oportunidad, así que no te queda otra que salir a pelearla”. Ellos son los hijos de trabajadores y como sus padres tratan de salir adelante, confiando en que pueden progresar si están todos unidos, peleando todos juntos. Se organizan para que no falte la comida ni la leña para pasar el frío de la noche, también hacen guardias y se mantienen en contacto con otros asentamientos para cuidarse.

Juntos Somos Río Negro, había prometido planes de vivienda y urbanización en su campaña, como también lo anunciaban los otros candidatos, pero pasa el tiempo y los vecinos no pueden seguir esperando. Mientras la crisis se agrava y crecen las necesidades, la falta de recursos y la precarización empujan a la informalidad a cientos de familias. Muchos no pudieron seguir pagando los alquileres por que se quedaron sin trabajo, las changas solo alcanzan para la comida del día, mientras que otros fueron desalojados aún estando prohibidos por ley.

Los vecinos afirman que esas tierras están abandonadas “hace años que acá no se produce nada, nosotros lo sabemos por qué vivimos siempre en esta zona”. Ellos están dispuestos a llegar a un arreglo “nosotros lo que queremos es poder tener un pedazo de tierra para poder vivir, hacer nuestra casa y poder brindarle algo a nuestros hijos” “no queremos que nos regalen nada, nosotros estamos dispuestos a pagar, pero necesitamos que nos den facilidades porque la situación está difícil”. A su vez las familias denunciaron que como represalia, desde el municipio, les cortaron los suministros al comedor comunitario del barrio, al que concurrían sobre todo niños y niñas. Como así también el hostigamiento que viven por parte de la Policía “la policía te para, te verduguea y hasta te pega, hace unos días agarraron a dos pibes que iban al Labraña, les tiraron los celulares y les pegaron”.

“Hace años que venimos hablando para que se nos den terrenos y ya estamos en una situación en la que no podemos esperar más, todo te empuja a tener que hacer esto” agregaba una joven mientras amasaban unas tortas fritas. Por el contrario, el municipio actuó de manera exprés para sacar un comunicado pidiendo a la justicia que actuara y desalojara los terrenos. En sintonía con los dichos de la Gobernadora y sectores del PJ nacional, en relación a las tomas que recorren el país, los partidos se alinearon amenazando con el peso de la ley y la mano dura de las fuerzas represivas a quienes participen de la ocupación de terrenos.

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El intendente Claudio Di Tella, de Juntos Somos Río Negro y la oposición en el Concejo Deliberante, el PRO y el PJ, se convirtieron en voceros de los chacareros y un grupo económico que reclama la defensa de la propiedad privada “tomaremos las medidas que sean necesarias para que en particular este asentamiento sea desalojado y sirva como ejemplo de que la propiedad es inviolable” afirmaban en una carta dirigida al Ministerio Público Fiscal, que ni lento ni perezoso cuando se trata de estar del lado del poder, elevó el viernes, un pedido de formulación de cargos contra 70 personas por usurpación, que su vez va acompañado del requerimiento de desalojo y la investigación a una de las mujeres como “Instigadora”.

Con total desprecio a su vez, ninguno de los que hoy pueden dar una respuesta a esta situación, recibió ni tampoco se acercó a hablar con las familias. El gobierno, empresarios y la justicia actúan para criminalizar el conflicto mientras cientos de personas esperan que se resuelva el pedido de una casa propia; situación que va a seguir estando presente y profundizándose si no se destinan los recursos y se atiende las urgentes necesidades que se ponen de manifiesto. Cuando el hartazgo por las promesas incumplidas, hace que las personas tengan que salir a resolverlas por sí mismas no constituye un delito sino una necesidad de supervivencia.

Con la crisis abierta por la pandemia, se vuelve más difícil salir de la precarización, por eso es urgente que se discuta a donde están destinados los recursos y cuáles son los esfuerzos que hay que hacer en común. Como sostienen sectores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, hay que generar un impuesto a las grandes fortunas y propietarios, a las empresas frutícolas que siguen ganando con las exportaciones, para generar créditos baratos y recursos para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías populares y de trabajadores.

Pero también es importante el acompañamiento de los gremios y sindicatos al reclamo por la vivienda y el trabajo, como también unir el rechazo a las posturas que parten del chantaje y la persecución para defender los negocios de unos pocos.

La expropiación de las tierras ociosas para que se destine a planes de viviendas y de producción por parte del Municipio resulta indispensable para dar solución a las familias de Cipolletti, tanto para quienes necesitan una casa como para los pequeños productores que se fueron fundiendo con el avance de la concentración de la tierra y de la producción, en mano de grandes empresarios.

Hay que dar respuesta inmediata a las familias trabajadoras de la zona con un plan sustentable y equilibrado entre quienes necesitan de la tierra para poder vivir y trabajar.

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