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Represión.Chubut: Arcioni mantiene vigente el uso de armas de fuego de Patricia Bullrich

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denuncian que Arcioni, aliado del Frente de Todos, mantiene vigente el uso de armas de fuego a lo Patricia Bullrich. Denuncian que lo usa para criminalizar la protesta social. Exigen en una carta la derogación inmediata de protocolos que incrementan los niveles de violencia policial y limitan el ejercicio de la protesta social.

Miércoles 7 de abril | 23:04

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) plantean en una carta al gobernador Arcioni, aliado del Frente de Todos, que "en la provincia de Chubut se encuentran vigentes los protocolos para la utilización de armas de fuego en situaciones con agresiones con armas blancas -publicado bajo la Resolución 145-2020 del Ministerio de Seguridad- y de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, publicado a través de la Resolución 172-2018 del Ministerio de Gobierno".

De acuerdo con la presentación, "el protocolo de uso de armas de fuego representa un retroceso en materia de control de uso de la fuerza letal por parte de las y los efectivos policiales. Recupera directivas y criterios de intervención previstos en la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, creada por la administración anterior y derogada por la actual en diciembre de 2019, a la vez que suma nuevos elementos que redundan en una ampliación de los supuestos para la utilización del arma de fuego".

La carta denuncia que "El protocolo provincial se aparta de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, fijados por la normativa local e internacional, entre ellas, los Principios Básicos de la ONU y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incorporado a nuestra Ley de Seguridad Interior y reforzados por los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe a los Estados privar arbitrariamente de la vida a las personas".

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Explican además que "La norma plantea una serie de problemas muy graves: amplía los márgenes de la intervención y discrecionalidad policial para penalizar el ejercicio de la protesta sin necesidad de una orden judicial; omite dar indicaciones claras sobre al uso de las armas denominadas ‘menos letales’ y la capacidad de daño de su utilización; afecta el trabajo periodístico ya que es la propia policía la que puede indicar a las y los trabajadores de prensa dónde ubicarse de modo de no interferir con su procedimiento; no establece medidas respecto de la identificación del personal policial, como ser la obligatoriedad de uso de uniforme y la identificación que permita individualización del personal interviniente".

Y finaliza planteando que "Ante la creciente conflictividad social, con genuinos reclamos del pueblo de Chubut, resulta inadmisible que la provincia sostenga normativas que se oponen a derechos constitucionales y a leyes nacionales y locales".

La carta la firman además del CELS y la APDH, la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia Chubut, la Secretaría Provincial de DD.HH de CTA Autónona Chubut, H.I.J.O.S. Puerto Madryn, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la Red por la Identidad Esquel, la Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE) y la Asociación Civil Instituto Futaleufú.

Esta política, avalada por el Gobierno nacional del Frente de Todos y que da mayores atribuciones a las fuerzas represivas, no es solo un recurso utilizado por el gobernador Arcioni en Chubut. Como denuncia Amnistía Internacional, en muchos países se utilizó la crisis sanitaria generada por la pandemia para mantener medidas de mayor control social, ataques a derechos y libertades. Señaló que algunos gobernantes "han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado" y hay incluso quienes vieron en la pandemia una "oportunidad" para "afianzar su poder".

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En la provincia, como respuesta a la protesta y los reclamos sociales que se desarrollan desde 2018 con la toma del Ministerio de Educación y la lucha de los estatales de la provincia contra el ajuste y contra la megaminería, Arcioni ha apelado a la criminalización de la protesta, a detenciones ilegales, seguida de torturas en comisarías como denuncian activistas ambientales de la UACCh y a terciarizar la represión utilizando patotas contra los que luchan como vimos en piquete docente en Comodoro Rivadavia en 2019 o el 13 de enero en Lago Puelo ante la visita del presidente Fernández, tanto del sindicato Petroleros como de la UOCRA.

No podemos olvidar que en 2020 utilizó la pandemia para darle rienda suelta a la policía provincial al mando de Massoni y abrió centros de detención en gimnasios de Trelew, detuvo y baleó a vecinos que salían a dejar la basura e hicieron desnudar a mujeres en la comisaría de Madryn, violando todos los derechos humanos.

Martín Saéz, docente de Trelew y referente del PTS en el FIT Unidad, manifestó sobre esta exigencia: "apoyamos esta iniciativa de las organizaciones sociales y de derechos humanos contra la política represiva y de criminalizar la protesta de Arcioni. En atacar los derechos y las libertades democráticas parece no haber grieta entre Morales de Juntos por el Cambio, Insfran del Frente de Todos y Arcioni, aliado de Alberto Fernández. El gobernador y su ministro de seguridad, Federico Massoni, quieren ser los continuadores de la doctrina Chocobar en la provincia, que alentaba la ex-ministra Bulrich y hoy continúa el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni" para finalizar planteando que "hay que convocar a una gran movilización en toda la provincia para lograr el desprocesamiento de todos los luchadores y derrotar la política de mano dura y represión del gobierno".

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