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Cayó otra causa contra Del Caño y otros diputados opositores: ni Bonadio la sostuvo

Fue archivada otra de las denuncias iniciadas contra Nicolas del Caño y diputados de Unidad Ciudadana desde sectores cercanos al gobierno de Cambiemos en relación a las protestas de diciembre de 2017 contra la ley de reforma previsional.

Viernes 14 de septiembre | Edición del día

El juzgado federal n º 11 a cargo de Claudio Bonadío resolvió desestimar y archivar por inexistencia de delito, la denuncia iniciada por parte del abogado Alejandro Freeland contra los diputados Nicolas del Caño, Leopoldo Moreau, Agustín Rossi, Andres Larroque, Máximo Kirchner y la diputada Mayra Mendoza, en el marco de la feroz represión policial desatada los días 14 y 18 de diciembre del pasado año sobre centenares de miles de manifestantes que repudiaban el proyecto de ley que se trataba en la Cámara de Diputados para reducir jubilaciones y pensiones a millones de habitantes.

La denuncia del mencionado abogado, cercano al macrismo y defensor de miembros de la patota de José Pedraza condenados por el asesinato de Mariano Ferreyra, tuvo lugar en el marco de una andanada de causas iniciadas en diciembre del año pasado desde el propio gobierno nacional y sectores afines sobre los mismos hechos y los mismos diputados opositores, con el afan de criminalizar a referentes políticos de los enormes sectores que se movilizaron en aquellas semanas contra el ajuste de Cambiemos sobre el pueblo trabajador.

Esa batería de denuncias, impulsadas desde el oficialismo en una clara práctica de forum shopping (presentando una cantidad de denuncias similares esperando que alguna recaiga en un juzgado afin), ya había comenzado a hacer agua a lo largo de todo el corriente año, siendo desestimadas y archivadas numerosas causas, con unanimidad de criterio entre distintos fiscales y jueces.

La causa 20.287/17 que acaba de ser archivada, había tenido su inicio en el juzgado federal n.º 3 de Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente, y remitió la causa al juzgado n.º 11 de Bonadío que concentró todas las denuncias sobre hechos relacionados con el 14 de diciembre de 2017. Semanas atrás, ya había resuelto el archivo, a instancias del fiscal Jorge Di Lello, de la causa 20.899/17 impulsada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich contra la legisladora Myriam Bregman, Del Caño, y algunos de los diputados también denunciados por Freeland.

Las acusaciones, en todos los casos, planteaban las rimbombantes figuras de sedición, rebelión, atentado y resistencia a la autoridad, abuso de autoridad, alzamiento en armas, y lesiones graves entre otros delitos, contra diputados que simplemente se encontraban debatiendo al interior de la Cámara de Diputados contra una ley que despertó la indignación de millones en todo el país, y que requirió para su aprobación de la represión estatal a los cientos de miles que se manifestaban. El único hecho concreto que los denunciantes atinaron a imputar, fue el de pretender interponerse ante los efectivos de Gendarmería que reprimían ferozmente a las masas en Congreso, siendo varios de ellos incluso atacados con gas pimienta en sus rostros.

Otras de las denuncia que corrieron la misma suerte, siendo archivadas por resultar inexistente el amplio abanico de delitos denunciados, fueron la causa 20.185 contra Juan Grabois por sedición ante el juez Canicoba Corral, y la causa 20.186/17 contra Bregman y Del Caño por parte del juez Ariel Lijo.

Continúan avanzando, en cambio, las causas que investigan las responsabilidades policiales en las mismas jornadas de protesta, como la que impulsan la propia Bregman y Matías Aufieri del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) por el ataque de Gendarmería con perros contra el diputado Grosso, o contra efectivos de la Policía de la Ciudad por las lesiones graves provocadas a numerosos manifestantes el 18 de dciembre. Toda una definición que muestra con claridad a las víctimas y a los victimarios de aquellas semanas de diciembre pasado.

Redoblando la movilización, a su vez, deberá lograrse el fin a la criminalización contra los manifestantes de esa jornada, que se expresó esta semana en la detención de Daniel Ruiz, sumado a la continuidad de los procesamientos contra Dimas Ponce, César Arakaki, y Sebastián Romero.







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