Política Estado Español

TRIBUNA ABIERTA

Catalunya, el escenario del horror para los constitucionalistas

Las elecciones del 21 de diciembre no van a ser unas elecciones de trámite sino justo todo lo contrario.

Antonio Liz

Historiador, Madrid

Jueves 14 de diciembre de 2017 | Edición del día

Acto de entrega de los premios Ferrer Salat 2017, el pasado 22 de noviembre. En el centro, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà. / Fomento del Trabajo

El “procés” en origen fue un pulso entre la burguesía española representada por el PP y la burguesía catalana representada por CDC (hoy PDeCAT). La chulería de ambas representaciones políticas llevó a la situación actual, “yo no te doy el control sobre la financiación”, dijo Mariano Rajoy a lo que Artur Mas le contestó, “bueno, pues yo te pongo la independencia encima de la mesa”.

Tanto Rajoy como Mas representan a la misma clase de bandidos sociales, pero a diferentes fracciones nacionales de ella. Tanto el uno como el otro sólo están interesados en que su clase obtenga beneficios de la clase trabajadora vía salario directo o vía prestaciones. Así, bajar el salario todo lo que puedan y no invertir en prestaciones sociales más allá de lo imprescindible forma parte de su guía espiritual. Ahora bien, si toda fracción nacional de una burguesía cualquiera tiene como modus operandi obtener el máximo beneficio posible de la clase trabajadora en un país dado también es ley histórica que entre fracciones de la burguesía nunca hay la más mínima solidaridad -sólo en caso de enfrentar una revolución social, dese esta donde se dé. Recuérdese que la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial, para poner los dos ejemplos más claros que nos da la Historia, vinieron por enfrentamientos entre diversas fracciones de la burguesía planetaria. Así, cada fracción quiere todo el pastel y sólo lo comparte obligada por la relación de fuerzas.

Lo que ha ocurrido en esta guerra política entre fracciones burguesas es que el “derecho a decidir” del pueblo catalán va más allá de las fronteras políticas y sociales de la burguesía catalana y española, hermanadas en bandidaje social, por lo que en su pugilato sobre el mayor o menor control de la financiación en Catalunya se ha colado el derecho del pueblo catalán a decidir qué tipo de Estado quiere. Ni el PP ni el PDeCAT y ERC quieren un República que esté al servicio de las necesidades de la mayoría social. El PP ni tan siquiera quiere oír la palabra “República” porque eso llevaría a desmontar el Régimen del 78 que posibilitó que la burguesía española blanquease lo obtenido en la Guerra Civil y que hoy está sosteniendo contra viento y marea con la ayuda imprescindible del PSOE y Ciudadanos. PDeCAT y ERC quieren controlar las finanzas de Catalunya pero no conquistar una República verdaderamente democrática por la sencilla razón que su construcción llevaría aparejado derechos en prestaciones sociales que no quieren dar porque mermarían los beneficios de la clase a la que sirven.

El tira y afloja entre ambas fracciones políticas ha llevado a que la fracción más débil se vea obligada a radicalizar su mensaje para defenderse del poder del Estado español, que ya ha demostrado que no sólo ha implementado el 155 para llamar a la cordura a la fracción burguesa catalana, sino que la quiere derrotar en toda la línea con cárcel y factura económica incluidas. Y esta reacción ha traído la candidatura electoral de Junts per Catalunya que el president Carles Puigdemont, cesado por el 155, presenta como una lista nacional y no de partido. Esta lista ha revitalizado al PDeCAT que estaba prácticamente desahuciado como representante político de la burguesía catalana por la brutal caída electoral que se le pronosticaba, por lo que un pequeño-burgués como Puigdemont, elegido circunstancialmente para sustituir a Mas, se ha encontrado con un rol político dirigente.

La implementación del artículo 155 también informa que la gran burguesía catalana no tiene la necesidad de la independencia de Catalunya, como bien han demostrado las fugas de las sedes sociales de grandes empresas. Hace ya muchos decenios que el Estado nacional le queda pequeño a la gran burguesía, sea en origen de la nacionalidad que sea, por lo que salirse de un marco más amplio político-económico como es la Unión Europea para quedarse en uno mucho más reducido va en contra de sus intereses materiales, razón por lo cual hoy PDeCAT y ERC representan en los hechos a la pequeña-burguesía catalana y no a la grande. Pero aún hay más, Junts per Catalunya ha tenido que radicalizar su lenguaje criticando inclusive a la UE por obsoleta, algo que le produce pánico a la burguesía catalana ya que tiene en ella un escudo y una lanza para combatir comercialmente contra otras fracciones de la burguesía planetaria.

Toda esta dinámica ha conducido a que las elecciones del 21-D no sea un plato de gusto para la gran burguesía catalana ni para la española ya que se puede “desestabilizar” Catalunya. Esa “desestabilización” para los intereses del Capital vendría si ERC, Junts per Catalunya y la CUP obtienen la mayoría en el Parlament. “Desestabilización” que se aceleraría si la lista nacional pequeño-burguesa de Puigdemont obtiene un apoyo que obligue a ERC a reelegir al propio Puigdemont como president de la Generalitat. Este es el escenario en el que no desean verse inmersas las fuerzas “constitucionalistas” –españolistas– porque encarcelar a un reelegido president de la Generalitat no le saldría gratis al Régimen del 78 ya que podría desatar grandes movilizaciones sociales porque es más que previsible que el incremento de la acción represiva del Estado llevaría a activar mecanismos de defensa sociales como los ya existentes Comités de Defensa de la República y eso incrementaría la participación directa del pueblo catalán en la lucha socio-política, lo que pondría en el orden del día catalán no sólo otro régimen político sino también otro régimen social, con las implicaciones que traería en el conjunto del Estado español.

El escenario que firmaría ahora mismo toda la gran burguesía y sus partidos es que los “independentistas” no obtuvieran la mayoría en el Parlament y que quedase en las manos de los “constitucionalistas” el Govern. Las diversas encuestas están a caballo de una u otra opción y a pesar de que ya sabemos que han dado en otras ocasiones pronósticos que no se cumplieron estas elecciones tienen una radicalidad mayor que en pasadas ocasiones lo que polariza los campos y dificulta prever el desenlace del choque político-electoral. No obstante, los medios de comunicación españoles están volcados en que los sectores apáticos del españolismo en Catalunya vayan a las urnas, después podrán seguir en el sofá de su casa ya que de la política ya se encargarían “sus” políticos porque, como tantas veces repiten los políticos de la derecha españolista, “la política no se hace en la calle”.

El 21-D no sólo va a determinar el inmediato camino en Catalunya, sino que va a influir en la lucha social y política en todo el Estado español. Una victoria del “independentismo” reactivaría la necesidad del cambio de régimen y su derrota traería el fortalecimiento del PP y Ciudadanos.







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