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Cataluña: los retos de la izquierda ante la presidencia de Quim Torra

La toma de posesión de Quim Torra abre un escenario signado por la escalada represiva del Estado y la abierta claudicación del procesismo catalán ¿Qué retos se plantean para la izquierda y los trabajadores?

Santiago Lupe

Barcelona | @SantiagoLupeBCN

Jueves 17 de mayo | 14:20

Este jueves a mediodía, Quim Torra ha tomado oficialmente posesión como nuevo President de la Generalitat. La fórmula escogida ha sido similar a la que empleara en enero de 2015 quien le designó como candidato, Carles Puigdemont: "con fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalunya representado por el Parlament", sin aludir a la Constitución, al Estatut y al rey.

Algo más excepcional ha sido el acto institucional y el protocolo seguido, con el que Torra ha querido escenificar que asume el cargo provisionalmente y sin dejar de reconocer que el presidente legítimo está para él en el exilio berlinés.

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El espacio elegido ha sido el salón Virgen de Montserrat, el mismo espacio donde Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta del 9N. La única bandera presente ha sido la catalana y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell, ha sido el encargado de leer el decreto de nombramiento. Roger Torrent, presidente del Parlamento, ha estado presente en el acto pero sin pronunciar discurso alguno. Ambas autoridades lucían en la solapa el lazo amarillo en apoyo a los presos políticos catalanes.

Torra mantiene así la retórica y gestos simbólicos de la que ha hecho gala el procesismo desde 2012. Sin embargo, más allá de lo formal, el contenido de la nueva “hoja de ruta” de la dirección soberanista quedó ya más que definido en su política durante el otoño catalán y ahora se vuelve a expresar con sus llamamientos al diálogo con el gobierno de Rajoy.

A casi 8 meses del 1-O, hoy sabemos que el gobierno catalán no contaba ni deseaba la gran movilización social que se extendió tras las detenciones del 20 de septiembre. Las manifestaciones, huelgas estudiantiles, ocupaciones de colegios y la puesta en pié de los CDR garantizaron que el referéndum pudiera llevarse adelante. Jordi Sanchez consideraba días antes que era difícil llegar al millón de votos. Preparaban un “9N bis”, incluso de menor envergadura, para, desde una autoderrota que desmoralizara, poder negociar una salida con el Estado español.

Ese fue el “leiv motiv” de todo lo que vino después. La huelga del 3 de octubre y el clima posterior a esa fecha fue abiertamente despreciado. La proclamación-suspensión de la república del día 10, de la que hoy cínicamente Torra y Puigdemont dicen arrepentirse, fue la expresión más clara de que ni ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) ni el PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán) pretendían conquistar el derecho de autodeterminación por medio de la movilización social. Su hoja de ruta era forzar una negociación imposible, a la vez que se esforzaban por desmovilizar y que las “aguas volvieran a su cauce”.

A pesar de todo, el Estado español ya estaba en marcha para aplicar una salida autoritaria y represiva. Felipe VI dio la señal con su mensaje del 3-O. No había margen de negociación, y como se ha visto en estos meses, la política del bloque monárquico -PP, PSOE, Cs y la Judicatura- era la de aplastar con cárcel, multas y exilio al movimiento independentista. Esto llevó a la proclamación de la república -nuevamente simbólica- el 27-O, para acto seguido negarse a la más mínima defensa o llamamiento a la movilización.

Los partidos históricos de la burguesía catalana se mostraron impotentes para dirigir una lucha democrática de este calado. Para conquistar el derecho de autodeterminación era necesaria la puesta en marcha de una gran movilización social, algo solo posible si a la vez se abría la discusión sobre qué república, si la de los herederos del pujolismo (en referencia al ex presidencia Jordi Pujol) o la de los trabajadores y sectores populares.

Delante de esta perspectiva, la amenaza de que esta lucha desatara una revolución venida de abajo, prefirieron claudicar e incluso asumir que el peso de la represión caería sobre ellos. En última instancia estos políticos rindieron pleitesía, una vez más, a la clase de la que provienen o cuyos intereses representan. Antes acabar en la cárcel o el exilio que contribuir a la apertura de una situación revolucionaria.

Hoy ERC asume abiertamente que lo que toca es una vuelta al “autonomismo”. El PDeCAT está en la misma sintonía, e incluso los hombres y mujeres de Puigdemont, como el mismo Torra, también lo asumen, si bien consideran que manteniendo la tensión verbal y simbólica se podrán conseguir mejores condiciones para negociar la rendición y la “entrega de rehenes”.

Quien quiera ver en Torra y sus gestos una muestra de lo contrario solo tiene que responderse a esta pregunta ¿un reaccionario y racista de este calibre estará dispuesto a apostar por una movilización encabezada por las mismas clases populares a la que él ha despreciado en toda su carrera política e intelectual? Nuevamente la cuestión de clase viene a determinar la política en la disputa de los derechos democráticos nacionales.

En el otro lado el Estado español sigue redoblando su ofensiva reaccionaria. El PP y el PSOE ya han pactado mantener el control de las finanzas de la Generalitat -el 155 antes del 155- y volver a intervenir la Generalitat ante cualquier nuevo desafío institucional -y esta vez entrando hasta el control de TV3. Cs, en su carrera electoral con el PP para ver quien es “más facha”, pide directamente que no se levante el 155, sino que se extienda y profundice. La Judicatura mantiene la persecución de activistas con nuevas detenciones contra miembros de los CDR, la CUP (Candidatura de Unidad Popular) y la persecución de docentes. E incluso Llarena, que acaba de recibir una importante derrota en la causa belga, se atreve a advertir por carta a los jueces alemanes de que no cometa el mismo error que en Bélgica.

Las perspectivas son por lo tanto preocupantes para el movimiento democrático catalán. Por un lado, un Estado dispuesto a llegar hasta el final para descabezar y “españolizar” Catalunya, incluidas las escuelas, radios y televisiones. Por el otro, una dirección que mantiene la retórica como justificación de su negativa a enfrentar con la movilización social la represión y la lucha por el derecho a decidir, y de paso poder seguir aplicando las mismas políticas neoliberales que sus antecesores en el cargo desde 2010.

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El mandato de Torra que comienza hoy planteará cada vez de manera más acuciante la necesidad de que se retome el camino de las movilizaciones del otoño catalán. Que se extiendan y masifiquen los CDR y demás organismos de autoorganización en barrios, centros de estudio y trabajo. Que se retome la vía de las movilizaciones, los cortes y las huelgas sectoriales y generales, como las del 3-O o el 8N. Y sobre todo que todo esto se haga partiendo de las lecciones de más de 5 años de procesismo, es decir desde una posición independiente de la dirección de ERC y el PDeCAT.

Haber estado alentando hasta el último momento la fórmula de Puigdemont president, no deja a la CUP en una buena posición para ello. Más si tomamos en cuenta su apuesta por la “mano extendida” hacia los convergentes y republicanos desde 2012, que llegó hasta el voto favorable a los últimos presupuestos. Pero la izquierda independentista debería abrir un abierto y franco debate sobre el balance de esa política y como afrontar el próximo periodo en una clave de independencia de clase y movilización social.

Que la lucha del movimiento catalán “cambie de piel” es cuestión de vida o muerte. Que la pelea contra la represión y por el derecho a decidir esté claramente ligada a un programa para hacerle pagar la crisis a los capitalistas, y por lo tanto a enfrentar las políticas del gobierno central y el catalán. Con medidas como por ejemplo el reparto de horas de trabajo, la expropiación de la banca y las viviendas vacías o los impuestos a las grandes fortunas para garantizar una educación y sanidad públicas, gratuitas y de calidad. Medidas que no apoyan ni ERC ni el PDeCAT, que acaba de votar con el PP y Cs en el Congreso una ley para facilitar los desahucios, pero que representan los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, los únicos realmente interesados en poder arrancarle éstos y otros derechos sociales y democráticos que niega sistemáticamente el Régimen del 78.

Y al mismo tiempo con una orientación abierta de confluir con el resto de la clase obrera y los sectores populares del Estado, en una lucha común contra esta democracia para ricos, para poner fin al Régimen del 78 y poder abrir verdaderos procesos constituyentes donde se pueda discutir y decidir sobre todas las grandes cuestiones que se vienen expresando en la calle desde el 15M.

Esta nueva “hoja de ruta” es la que se tiene que empezar a discutir y llevar adelante por la izquierda independentista, los sectores del sindicalismo alternativo y el resto de la izquierda política y social, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. La pelea por la república catalana debe partir de que ésta será obrera y socialista o no será, y que la lucha que queda por delante debemos hacerla en la perspectiva de poder conseguir gobiernos de trabajadores en Catalunya y el resto del Estado que puedan federarse libremente como lo deseen.

Torra, admirador de asesinos de sindicalistas y simpatizantes del Duce como los hermanos Badia de los años 30, difícilmente comulgue con una perspectiva así, lo que es normal. Lo que sería raro e imperdonable sería que desde quienes defienden a la clase trabajadora, los inmigrantes (hablen lo que hablen) y demás sectores oprimidos, se vuelva a coincidir con la hoja de ruta de personajes de esta talla.







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