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Red Internacional
La Izquierda Diario

Aunque los acusados por el crimen del joven ocurrido en 2017 son miembros de la Prefectura, el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Javier Zapata, resolvió aceptar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante.

Miércoles 3 de marzo | 09:07

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla, había realizado una presentación ante la justicia federal de Bariloche para ser aceptada como querellante, en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel de 22 años, ocurrido el 25 de noviembre de 2017.

El juez Zapata dictó una resolución aceptando el pedido, que permite a la secretaría "acceder al expediente judicial, solicitar medidas de prueba, controlar las pruebas realizadas y las pendientes de producción, y recurrir las decisiones que se tomen respecto al devenir de la investigación".

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Pero quienes están acusados de ser los autores del crimen son integrantes de la Prefectura, es decir, que es el propio Estado el que debe dar explicaciones sobre el crimen del joven. De hecho, el juez citó a ampliar su declaración indagatoria a cinco de los prefectos que participaron de la represión el día de su asesinato, tras el resultado de una nueva pericia balística que confirmó que la bala que lo mató, provino de miembros de la Prefectura.

Entre los fundamentos de su decisión, el juez destacó que "del desarrollo efectuado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación se advierte con facilidad que se pretende intervenir en el legajo como organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional a fin de peticionar lo que a su criterio resulte necesario y conveniente para asegurar -con diligencia- la investigación y sanción de toda violación a los derechos humanos que podría eventualmente comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino".

Sin embargo, hasta el momento el Estado solo viene intentando dar algunas escasas señales, lejos de dar respuestas concretas a los crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad. Aun los asesinatos de Nahuel y Maldonado, siguen impunes.
Pero además durante la pandemia se recrudecieron los hechos de violencia institucional, policial y por parte del conjunto del aparato represivo. La desaparición y posterior hallazgo sin vida del joven Facundo Castro, después de haber sido detenido por la Policía Bonaerense, es un claro ejemplo. También lo demuestran otros casos como el de Luis Espinoza en Tucumán y las cientos de víctimas del gatillo fácil.




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