Política

CRIMEN DE ESTADO

Caso Maldonado: vil operación mediática en favor de los criminales

Once meses después de su desaparición forzada y sin ninguna prueba (solo basándose en supuestos contenidos de escuchas ilegales) Infobae afirmó que Santiago le tiró bombas molotov a Gendarmería.

Daniel Satur

@saturnetroc

Martes 26 de junio | Edición del día

Este domingo una nueva operación política, disfrazada de información periodística, fue publicada en uno de los sitios más visitados de Argenntina. Desde la plataforma de Infobae y con la firma de Loreley Gaffoglio se difundió un supuesto hallazgo en el caso de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.

“Una nueva escucha del caso Maldonado a la que accedió Infobae revela que el joven tatuador les arrojó bombas molotov a los miembros de la Gendarmería durante su huida de las fuerzas de seguridad dentro del Pu Lof de Cushamen el 1 de agosto”, comienza diciendo el artículo titulado “Exclusivo: en su huida hacia el río, Santiago Maldonado les arrojó bombas molotov a los gendarmes, revela una nueva escucha”.

El texto continúa aclarando que el ataque del joven a los gendarmes “fue minutos antes de que Santiago Maldonado se lanzara a la carrera hacia el río Chubut”.

También afirma que “ante su falta de destreza para manejar las hondas de revoleo para el lanzamiento de piedras, los miembros de la comunidad mapuche habían dejado a Maldonado a cargo de una caja con bombas molotov, que el joven utilizó contra los gendarmes y que posiblemente cargó en su mochila antes de zambullirse y ahogarse en el río Chubut”.

Si no se tratara de uno de los casos más graves de violencia criminal estatal ocurridos en los últimos años, el artículo en cuestión sería muy gracioso. Pero por el contrario es todo lo patético que puede resultar de la manipulación de datos, nombres y circunstancias con el objetivo de favorecer a quienes en verdad deberían dar muchas explicaciones.

En este caso, la tan “exclusiva” data publicada se construyó en base a conversaciones telefónicas privadas obtenidas de forma ilegal (e inconstitucional, al decir del juez Gustavo Lleral) por orden del juez federal de Esquel Guido Otranto y de la fiscal federal Silvina Ávila. Escuchas que el juez actual del caso Maldonado ordenó dar por nulas y mandar a destruir pero que aún siguen existiendo porque la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia no resolvió qué hacer con ellas.

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La declamada “exclusividad” de la información no se estaría debiendo en este caso al resultado de sagaces maniobras de investigación periodística sino a estrechos lazos personales entre quien escribe y quienes serían sus “fuentes confiables”. Gaffoglio es parte del selecto grupo de “periodistas” con acceso directo a los datos y los relatos que detentan quienes están sospechados del crimen de Maldonado. De allí que muchas de sus notas sean verdaderas provocaciones contra la familia de Santiago y las organizaciones de derechos humanos que la acompañan.

Sin pruebas

Este domingo, el nivel de operación política de la autora de la nota en favor del Gobierno nacional y de la peligrosa Gendarmería alcanzó ribetes escalofriantes. Además de todos los lugares comunes de la derecha que odia las causas populares y adora la criminalización de la protesta social, esta vez se avanzó en un relato vil y revictimizante de Santiago.

Las afirmaciones vertidas en el artículo tienen como toda “prueba” y fundamento el supuesto contenido de escuchas ilegales a las que solo accedieron las mismas dos o tres plumas que vienen alimentando desde el principio del caso la campaña contra las comunidades mapuches de la Patagonia, contra los Maldonado y contra quienes se solidarizaron con ellos.

No se puede afirmar, alegremente y con pretensiones de ser creíble, que un amigo de Maldonado develó en una conversación telefónica con “una mujer” (de la que no se dice identidad pero es obvio que, si existe, la conocen) que “el joven tatuador les arrojó bombas molotov a los miembros de la Gendarmería durante su huida”.

¿Once meses después de los hechos, y solo gracias a una escucha ilegal, se viene a descubrir que Santiago en lugar de atacado fue atacante? ¿Por qué ningún gendarme declaró judicialmente que fue atacado con bombas molotov? ¿Dónde están las pericias que demuestran rastros del ataque incendiario contra Gendarmería?

¿No será que la periodista de Infobae confunde con humo de bombas caseras el humo de las fogatas realizadas por la propia Gendarmería con las pertenencias de la comunidad mapuche de Cushamen durante las horas que sitiaron y militarizaron la Pu Lof aquel mediodía del 1° de agosto?

De las escuchas secretas y “exclusivas” para Infobae se desprendería que “los miembros de la comunidad mapuche habían dejado a Maldonado a cargo de una caja con bombas molotov” y que él “posiblemente” cargó esa caja en su mochila “antes de zambullirse y ahogarse en el río Chubut”.

Resulta entonces que Santiago no solo habría asumido la responsabilidad de quedarse con todo ese armamento artesanal sino que se lo habría llevado con él al río, pasara lo que pasara. Y lo que pasó, según el oloroso pescado difundido este domingo, es que esas bombas se esfumaron dentro de la mochila de Santiago. Mochila que nunca apareció pese a que sí lo hizo su cuerpo 78 días después en un lugar inesperado y pese a los exhaustivos rastrillajes y pericias realizadas por el Estado sobre el terreno en varias oportunidades.

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La intriga como recurso

La periodista de Infobae (hasta hace poco una pluma renombrada de La Nación) fue un poco más allá. “Esta escucha en particular abre múltiples interpretaciones”, escribe respecto a la supuesta charla entre el amigo de Santiago y “una mujer”. Y lo afirma en función de que en la grabación el joven no estaría diciendo “taxativamente qué fue lo que le ocurrió a su amigo. De allí la importancia que podrían aportar judicialmente el conjunto de las escuchas, cuyo contenido todavía se desconoce”.

De un plumazo Graffoglio borra la larga lista de irregularidades, maniobras y graves atropellos judiciales desplegados por el Gobierno nacional (con Patricia Bullrich y Gonzalo Cané a la cabeza), y la resolución del caso pasaría a estar en manos de los amigos de Santiago y de la comunidad mapuche.

Tal es la insolencia que, en medio de la investigación judicial altamente cuestionada por las víctimas del caso, la autora de la operación se anima a decir que esas escuchas ilegales “servirían para conocer la verdad sobre cómo y quiénes orquestaron la fábula alrededor de la desaparición forzada de Maldonado”.

Graffoglio dice que no sabe qué es lo que pasó con Santiago y que eso lo sabrían quienes desde el 1° de agosto piden justicia por él. Pero carece de toda credibilidad. Ella misma fue la que el domingo 18 de septiembre (cuando Maldonado llevaba más de un mes y medio desaparecido) publicó en La Nación una extensa pero muy poco incisiva entrevista a Guido Otranto.

Vale recordar que esas declaraciones le costaron al ¿desbocado? juez su desplazamiento de la causa por haber anticipado la hipótesis del ahogamiento.

La misma periodista fue la que, horas después de esa entrevista, tuvo la “exclusiva” del megaoperativo conducido por el propio Otranto en la Pu Lof de Cushamen con cientos de policías federales que dieron vuelta como una media esa porción de territorio mapuche al tiempo que torturaban a miembros de la comunidad.

Aquella mañana del lunes 19 de septiembre Otranto estaba acompañado de la fiscal Ávila y del mismísimo Cané, una de las fuentes más que confiables de Graffoglio. Aquella mañana, la hoy pluma de Infobae informaría minuto a minuto desde La Nación las alternativas del allanamiento.

“Preguntas que exigen una respuesta”

Este domingo la familia de Santiago Maldonado decidió no responderle a la nueva operación encargada por el Gobierno a sus comunicadores amigos. Pero sí hicieron público un comunicado en el que continúan denunciando y exigiendo.

“Una vez más, la causa en donde se debería investigar la desaparición forzada y muerte de Santiago se vuelve contra sus familiares. El día 15/6/18 se rechazó el pedido de recusación de la Fiscal Ávila y debimos presentar un nuevo recurso de apelación contra esa decisión”, dice el comunicado.

Agregan que “la Fiscal Ávila incumplió sus obligaciones como integrante del Ministerio Público: no informó ni contuvo a la familia de Santiago en la tramitación de la causa e incluso permitió que algunos de ellos fueran investigados sin que existan motivos fundados para ello. Por estas razones debe ser apartada de la causa, que debe encaminarse de una vez y avanzar en resultados concretos en lugar de investigar a las víctimas”.

Los Maldonado se preguntan “quiénes, porqué, cómo y cuándo mataron a Santiago”. Y concluyen en algo lógico. “Son preguntas que exigen una respuesta urgente y es responsabilidad de la Justicia establecer los hechos y responsables”.







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