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IMPUNIDAD

Caso Maldonado: la fiscal Ávila se sacó de encima a quienes debían investigar a Gendarmería

Con aval del juez Lleral, la funcionaria que no investigó la desaparición forzada de Santiago ahora se deshizo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que estaba actuando en la causa.

Daniel Satur

@saturnetroc

Jueves 2 de noviembre | Edición del día

No hace mucho en este sitio se analizó el rol de la fiscal federal de Esquel Silvina Ávila en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y se aseguró que, tras las recusación y apartamiento del caso del juez Guido Otranto, la permanencia de esa funcionaria manejando el expediente era realmente peligrosa para poder llegar alguna vez a la verdad y la justicia.

El tiempo parece ir dándole la razón a quienes consideraron desde un principio que el rol de Ávila en el caso no sólo era cuestionable sino que tenía el objetivo central de intentar salvar a los criminales, tanto los que ejecutaron las acciones como a sus jefes políticos y encubridores.

En las últimas horas se supo que Ávila tomó la decisión de apartar del caso a los funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) que venían interviniendo en la investigación. Precisamente esos funcionarios tenían a su cargo analizar lo realizado por los miembros de Gendarmería Nacional en los hechos que terminaron con la vida de Maldonado.

Según trascendió, Ávila tomó la decisión luego de que el juez Gustavo Lleral reasumiera la investigación en la causa caratulada como desaparición forzada. “Ya no era necesaria la intervención de la procuraduría especial”, habría determinado Ávila, dejando con esa definición más interrogantes que certezas.

Vale recordar que durante los primeros días del caso y ante las evidencias que conducían a sospechar inequívocamente en la Gendarmería Nacional, la fiscal solicitó a regañadientes la colaboración de la Procuvin por pedido de la familia de Maldonado y de la Comisión Provincial por la Memoria (que integran Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas).

Los roces entre Ávila y los fiscales de la Procuvin fueron aumentando a lo largo del caso. Incluso antes de que apareciera el cuerpo de Santiago se especulaba con la posibilidad de que la jefa de la fiscal, la procuradora Alejandra Gils Carbó, activara los mecanismos institucionales para provocar que Ávila dejara de conducir la (no) investigación. Eso finalmente nunca sucedió y, por el contrario, ahora es Gils Carbó la que abandonó su cargo al frente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Quizás Ávila, por sus fluidos y estrechos contactos con los ministros Patricia Bullrich de Seguridad y Germán Garavano de Justicia y Derechos Humanos, supo con anticipación que a Gils Carbó le quedaba poco tiempo como procuradora. Y así fue que se sacó de encima a la Procuvin varios días antes de que su jefa presentar la renuncia.

Algunos dicen que Ávila fue “presionada” por Garavano para que aparte a la Procuvin del caso. Pero a juzgar por los roces previos y por la ausencia absoluta de trabajo “en equipo” entre colegas, vale sospechar que más que presiones Ávila habrá recibido amistosas sugerencias.

Según informó el sitio Cadena del Sur, Ávila había llegado a crear “un expediente paralelo” para que todos los pedidos de la Procuvin relacionados con el caso (como medidas de prueba, peritajes o llamados a declaraciones testimoniales) no aparecieran entre las fojas de la causa 8232 del Juzgado Federal de Esquel.

El dato no es menor, ya que precisamente la Procuvin es el único nicho estatal encargado de investigar el accionar de los gendarmes en el violento operativo del 1º de agosto que tuvo a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen como epicentro y a Santiago Maldonado como su víctima mayor.

Las querellas del caso (entre quienes están la familia Maldonado y organismos de derechos humanos) expresaron en las últimas horas su malestar por la decisión de Ávila respecto a la Procuvin. E incluso estarían evaluando hacer una presentación ante el juez federal Gustavo Lleral para pedir que ese equipo de fiscales continúe investigando en la causa.

“La fiscal se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, había dicho la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel, cuando salía de pedir que se apartara tanto a Guido Otranto como a Ávila de la causa. Este nuevo “gesto” de la fiscal hacia los principales involucrados en el crimen de Santiago y hacia sus superiores políticos de la Casa Rosada, parece darle la razón a Heredia.

Tal vez sea hora de que quienes, buscando genuinamente avances judiciales, aún depositaban esperanzas en el accionar de Ávila empiecen a reconsiderarlo seriamente. Mientras tanto, la funcionaria sigue operando junto a su secretaria Rafaella Riccono (esposa de Otranto, nada menos) en pos de garantizarle la impunidad a los asesinos.


Alejandra Gils Carbó junto a Silvina Ávila en una reunión el 29 de agosto en la sede de la Procuración General de la Nación








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