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Caso HSBC: una causa paralizada con pocas citaciones a indagatoria

El escándalo mundial, que se conoció a fines de 2014, sigue en stand by. Una causa que pone en evidencia un sistema armado para favorecer la evasión de impuestos y la fuga de capitales.

Victoria Sánchez

@VickytaTw

Lunes 28 de marzo de 2016 | 09:39

Créditos: Contrainfo

A fines del 2014, a partir del testimonio y de información obtenida por un ex trabajador de la filial suiza del banco HSBC, salió a la luz uno de los escándalos financieros más grandes de la historia. El ex trabajador de dicho banco era parte del sector informático. Su nombre era Herve Falciani y dio a conocer una lista que detallaba miles de nombres de empresas y particulares que habían incurrido en un fraude financiero.

Se estima que el fraude total cometido es mayor a los U$100.000 millones, tomado a escala internacional. Para poder llevarlo a cabo, los clientes contaron con ayuda del propio banco. La lista -aún desconocida en su totalidad- incluye empresas, políticos, personajes de la farándula y deportistas conocidos mundialmente.

Las repercusiones no tardaron en llegar a argentina y la AFIP, en su momento presidida por Ricardo Echegaray, denunció la existencia de más de 4000 cuentas no declaradas de personas argentinas en suiza. Según Echegaray "hay abogados, contadores y economistas que dieron directa asistencia a los clientes y generaron estructuras complejas en función de evadir impuestos".

El gobierno kirchnerista lanzó estas medidas como una forma de mostrarse activo contra la evasión mientras permitió una fuga generalizada de capitales que, entre 2003 y 2011, superó los U$100.000.

La investigación del lavado de dinero correría a cuenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de una comisión bicameral especial impulsada por miembros del anterior oficialismo. La misma se llamaba ’Comisión Bicameral Especial Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Destinados A Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País’, y funcionó a lo largo del año pasado. Estaba compuesta por cinco senadores y cinco diputados de los distintos bloques políticos, entre ellos se encontraba Ricardo Buryaile, actual ministro de Agroindustria.

La comisión comenzó a sesionar en marzo pasado y contaba con un plazo de 90 días corridos, prorrogables por tres meses más, para investigar y proponer cambios en las leyes que impidan que se puedan realizar maniobras ilegales.

Entre los incluidos en la lista se encontraban el Grupo Clarín y el actual ministro de finanzas, Alfonso Prat Gay, que figuraba como apoderado de cuentas de la familia Fortabat. En medio del fuego cruzado por las acusaciones de la causa Hotesur y el caso Ciccone, se realizaron distintas medidas, como allanamientos y acciones provisorias que incluyeron multas, así como el congelamiento temporal de activos del banco y la prohibición de girar divisas al exterior para distintos sectores involucrados.

El cambio de gobierno y la transición desarrollada en el verano enlenteció (aun más) los ritmos que venía teniendo la causa. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia y su gabinete de CEO llegó también a una de las entidades encargadas de investigar los casos de lavado de dinero.

A fines de de enero pasado, Macri designó a algunos de esos evasores de la banca en la dirección de la UIF. La vicepresidencia de la misma quedó en manos de María Eugenia Talerico, quien se desempeñó hasta ocupar este cargo público, como abogada de la filial argentina de HSBC. ¿Una persona que podría garantizar parcialidad? No parece ni remotamente el caso.

Como parte de los ataques a trabajadores estatales en el marco del ajuste que se lleva adelante, las nuevas autoridades de la UIF despidieron, junto a más de cien trabajadores, a María Celeste Schiaffino, la abogada que llevada adelante la causa contra la entidad bancaria.

Del total de los más de 4000 acusados de cometer fraude al fisco y lavado de dinero, al día de hoy solo han citado a 224. De ellos 204 son acusados de cometer evasión agravada y 20 por presunto lavado de dinero. En el caso del actual ministro de finanzas Alfonso Prat Gay la jueza a cargo desestimó la acusación ya que, "aunque tenía una cuenta en el exterior, estaba declarada, mientras que en la otra, donde aparecía como apoderado, había una diferencia ínfima entre lo declarado y lo denunciado".

Gran parte de los que no han sido llamados a declarar, se debe entre otras causas a fallecimientos o incluso prescripciones de tiempo. También entre los que quedaron afuera de la indagatoria, se encuentran quienes entraron al blanqueo de capitales del 2013-2015. El mismo fue una herramienta impulsada por el gobierno kirchnerista para favorecer a los empresarios que tenían dólares en el exterior.

El sistema impositivo local es profundamente regresivo y favorece a quienes más tienen. Pero además, como se evidenció recientemente, en el escándalo de evasión a cargo de Cristóbal López los empresarios cuentan con todas las ventajas para evadir abiertamente el pago de los mismos.

El mega escándalo del banco HSBC pone de manifiesto que el caso de Argentina no es algo aislado. Existe un entramado internacional en el que bancos, financieras y empresarios obran con la colaboración de los Estados.

Tal es así que amparándose en el “secreto” bancario el Departamento federal de justicia y policía de la Confederación Suiza se negó, hace poco más de diez días, a dar información sobre las cuentas bancarias radicadas en la filial extranjera. Una vez más, ganan la banca y los evasores.







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