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Caso Anaya: notario negó haber firmado papeles de nave industrial

Salvador Cosío, el notario, no reconoce su firma en los papeles de la transacción, según El País. Se complica la acusación contra Anaya en un nuevo episodio de la guerra electoral.

Miércoles 14 de marzo | 15:34

Cosío no reconoce su firma en varios documentos de un cambio de acciones en la empresa que adquirió la nave industrial al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional (al que pertenece Anaya), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC).

Leer: Ricardo Anaya, presidenciable acusado de lavado de dinero

Así es que el notario interpuso una demanda por falsificación de documentos, que se suma a otra presentada por Humberto Hernández, esposo de María Amada Ramírez, la otra accionista original de Manhattan Master Plan –la compañía que vendió la bodega a Anaya–, y que ha ejercido como contador de Manuel Barreiro, empresario queretano relacionado con el candidato. Hernández declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR) que nunca tuvieron constancia de la existencia de la empresa.

Las acusaciones contra Anaya

La PGR tiene abierta una investigación de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, a partir de la venta de una bodega en 2016. Se indaga el origen de los fondos con los que adquirió el inmueble, luego de que dos abogados, David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, dieran a conocer a fines de enero que la transacción se realizó a través de un esquema de lavado de dinero.

Los abogados afirman que fueron contactados por Manuel Barreiro, quien les ordenó que no quería que se le vinculase con Anaya. Por eso contrató sus servicios “con la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que deberíamos diseñar”.

Según cita El País, Daniel Rodríguez, afirmó: “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni Serra, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble”. Así se conseguiría “hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa, esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya, desde hace muchos años”.

Manhattan Master Plan, constituida para esta operación en julio de 2016, fue declarada “empresa fantasma definitiva” por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) el 16 de febrero pasado. Al inicio, Luis Alberto López y María Amada Ramírez Vega eran los socios, prestanombres según declaró ahora el abogado Daniel Rodríguez.

A sugerencia suya, se realizó un cambio de dueños. Juan Carlos Reyes, hermano de Sergio Reyes, socio de Barreiro en varias compañías, pasó a ser el propietario. De acuerdo con El País, Daniel Rodríguez redactó:

un acta de asamblea que tenía que ser con fecha anterior a la compra, que se materializó el 25 de agosto de 2016, por lo que la señalé con fecha del 11 de julio de 2016, en la cual Juan Carlos Reyes compraba una parte social con el valor del 99% del capital para que así diera la impresión de que él era el dueño desde antes de la compraventa.

A su vez, el mismo abogado señala que preparó un convenio de negocios, también con fecha anterior, en la cual se autorizaba a Luis Alberto López a realizar la compraventa “para así darle sentido del por qué habría sido este el que había hecho tales actos cuando supuestamente ya era dueño Juan Carlos Reyes”.

Estos documentos –el acta de asamblea y el convenio– son los que quedan cuestionados al no reconocer en ellos su firma el notario Salvador Cosío y María Amada Ramírez.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han podido probar ni que el origen del dinero -53 millones de pesos, 2,9 millones de dólares- sea ilegal ni que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente haya obtenido beneficios por la operación.

La respuesta del panista

Anaya niega la acusación de lavado de dinero y denuncia el uso de instituciones por parte del PRI para golpearlo de cara al proceso electoral. Subraya como defensa que en el “contrato de venta de la nave existe una cláusula, la número 20 por la que Manhattan Master Plan se compromete a que el dinero utilizado para la compra es de origen lícito”. A su vez, admite que conoce a Barreiro.

En un vídeo, el candidato explica que había vendido la bodega a Manhattan Master Plan, que su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes y que la operación de venta la realizó su suegro. Reconoce que estaba al tanto del cambio de propiedad de las acciones, pero no las deficiencias del acta y el convenio.

Otro episodio de la guerra electoral

Cosío, hijo del ex gobernador priista Guillermo Cosío Vidaurri y candidato a la gubernatura de Jalisco por el proyecto Confío en México con el Partido Verde Ecologista (PVEM), un aliado tradicional del PRI, aunque en esta entidad no van en coalición para las próximas elecciones. Es inevitable que sus declaraciones generen suspicacias. Puede ser un alfil más en la batalla electoral que amenaza a escalar día con día y exponer en el camino más aun la podredumbre de la democracia para ricos y sus partidos.

Con esta campaña contra Anaya, el PRI busca desplazarlo del segundo puesto que ocupa hasta ahora en las encuestas, encabezadas por Andrés Manuel López Obrador.

Leer: El riesgoso cambio de estrategia del PRI contra Anaya

Pero la realidad es que el partido más cuestionado a los ojos de las mayorías, es el propio PRI, con una sucesión de gobernadores prófugos o detenidos vinculados con el crimen organizado, acusados de enriquecimiento ilícito e innumerables casos de corrupción, como César Duarte, Tomás Yarrington, Javier Duarte, Roberto Sandoval y Roberto Borge, por citar algunos. Tampoco el PAN, ni su aliado el PRD, están exentos de acusaciones del mismo tenor en los estados que gobiernan.

Por su parte, el Morena atrae como imán a expriistas, expanistas y experredistas que vienen del riñón de lo que López Obrador llama la “mafia del poder”. Difícil creer que se puede mejorar la situación de las mayorías de la mano de estos personajes.

Ante este panorama, se hace evidente la urgencia de avanzar en poner en pie una herramienta política de la clase trabajadora y los sectores populares, independiente de los empresarios y sus partidos, y que no se subordine a las órdenes de los organismos internacionales.






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