Política

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Casación dejó firme la prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner

La Cámara de Casación emitió su fallo en respuesta a la apelación que había presentado la ex presidenta y confirmó la prisión preventiva. Es el segundo revés judicial para CFK.

Mirta Pacheco

@mirtapacheco1

Viernes 9 de marzo | Edición del día

En la causa donde la judicialización de la política dicta los fallos, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo M. Hornos ratificaron el procesamiento con prisión preventiva para todos los acusados de encubrimiento por la voladura de la AMIA. Acusación hecha por quien fuera el fiscal de la Unidad AMIA durante 10 años, el fallecido Alberto Nisman.

De esta forma se ratifica la prisión preventiva de Zanini, ex Secretario Legal y Técnico del gobierno de CFK, de Esteche, ex dirigente de Quebracho acusado de ser uno de los “puentes” entre el anterior gobierno y los iraníes acusados por Nisman -sin pruebas fehacientes de haber perpetrado el atentado a la mutual judía-, Luis D’Elía, otro “enlace” con miembros del gobierno del país persa y Jorge Youssuf Khalil, un dirigente de la comunidad islámica en Argentina.

Quedó exceptuado de su prisión domiciliaria, después de varias idas y vueltas, Héctor Timmerman para que pueda continuar su tratamiento médico en EEUU.

Cristina Kirchner sumó así, dos fallos (el primero había sido el de la Cámara Federal – sala II) en su contra. Esta semana Bonadío elevó a juicio oral esta causa donde el juez, parte del llamado Partido Judicial, intenta ponerla entre las cuerdas.

Mientras CFK viene del traspié de haber designado a Anibal Ibarra –el responsable político de la muerte de 194 pibes y más de 1000 heridos en el boliche de Cromañon-, como abogado defensor, que luego se vio obligado a renunciar, dado que esa designación había provocado muchas críticas incluso entre sectores del propio kirchnerismo.

Por otra parte también continúan procesados –pero en libertad-, acusados del mismo delito, Parrilli, Andrés Larroque, el ex número dos de la AFI, Juan Martín Mena y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona.

Ya muchas veces se mencionó que esta acusación es la más floja de papeles, donde Bonadío parece querer ser más “papista que el papa” extremando con sus pasos jurídicos “la grieta” a la que tanto recurre el macrismo para seguir justificando sus políticas. Porque en el senado (Cristina de Kirchner está exenta de la prisión por sus fueros), tanto el PJ como Cambiemos no tienen la intensión, por ahora, de discutir su desafuero. Al gobierno porque le es más conveniente continuar la polarización con “la jefa” del kirchnerismo y al PJ porque a la crisis en la que está sumido, y su necesidad de reconstuirse de cara al 2019, tampoco le conviene una Cristina presa.

Pero Bonadío (el juez que fue apartado de la Causa AMIA, recusado por parcialidad en el 2005, el juez que respondía directamente a Menem en los años 90), insiste en constituirse como garantía de continuidad de la acusación contra CFK (y por ende contra los iraníes), cuando en verdad el memorandún de entendimiento con Irán nunca se aplicó porque en aquel país no fue aprobado por el parlamento –condición necesaria- y porque está probado que no hubo ni intercambio comercial ni ningún otro que los favoreciera, incluso las alertas rojas continuaron vigentes.

Lo que nadie dice, ni el Partido Judicial, ni Cambiemos, ni el kirchnerismo, es que hoy luego de 24 años (el atentado ocurrió el 18 de julio de 1994) la causa de la voladura de la AMIA continúa impune, porque todos los gobiernos –incluído el actual-, ni piensan en ahondar en la responsabilidad que tuvo el Estado argentino (con la cloaca de sus servicios de inteligencia).

Por eso, más allá de las diversas maniobras distractivas, al día de hoy no hay una real y total apertura de todos los archivos de inteligencia que contienen información sobre qué pasó los días previos, ese mismo día y los posteriores al atentado, qué servicios de inteligencia estaban operando en el país, por ejemplo.

Esa es la razón por la cual un sector de los familiares de las víctimas, como APEMIA, denuncia que el juicio que está en curso contra Menem, Beraja, Galeano, etc. es solo por irregularidades a título individual, cometidas en la Causa AMIA y no se juzga “el plan de encubrimiento articulado bajo el amparo y la estructura del aparato del Estado”.

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De esa impunidad del Estado, también es responsable Cristina Kirchner, la firma del memorandún es parte de eso. No lo que pretende demostrar Bonadío, sin pruebas, que se esmera por hacer pasar una decisión política, como el acuerdo con Irán, como un acto de encubrimiento de quienes el gobierno nacional y la Justicia quieren hacer aparecer –por obra y gracia de los servicios de inteligencia de EEUU y del Estado de Israel-, como responsables de la voladura de la mutual judía.







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