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PRESUPUESTOS MADRID

Carmena y Sánchez Mato aceptan el techo de gasto de Montoro

Tras meses de negociaciones en los despachos, el equipo de Ahora Madrid acepta un techo de gasto que supondrá un recorte en los presupuestos de 598 millones.

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Jueves 8 de junio | 17:58

Finalmente el Ayuntamiento de Madrid ha decidido aceptar, sin gran resistencia, las duras imposiciones presupuestarias del Ministro de Hacienda. El techo de gasto para 2017 definido por Montoro será escrupulosamente respetado cumpliendo así con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Termina así un “pulso” entre las dos instituciones que comenzó a finales de 2016 cuando el equipo de Manuela Carmena aprobó un primer techo de gasto en su Plan Económico Financiero (PEF) que estaba 598 millones por encima del establecido por Hacienda para el periodo 2015- 2017.

Un “pulso” que no ha pasado del cruce de declaraciones. En ningún momento Ahora Madrid se ha planteado desobedecer al Ministerio ni mucho menos llamar a la movilización contra la austeridad impuesta desde el gobierno central. Un proceso de negociaciones por arriba entre despachos ministeriales y municipales, que ha dejado en nada las declaraciones del concejal del área económica, Carlos Sánchez Mato, que no ha parado de decir cosas como que: “cuando el Ayuntamiento genera más recursos, cuando tiene superávit, cuando ahorra por encima de ese límite, no puede gastarlo en lo que considera, sino en pagar anticipadamente la deuda a las entidades bancarias (…) eso es una aberración”.

Llegados al final del “pulso” ya tenemos aquí la aberración aprobada en los presupuestos municipales de Madrid para 2017. Un Plan Económico Financiero que también contó con los votos de los socialistas, aunque cínicamente en el mismo pleno municipal en que fue aprobado el techo de gasto, la concejal socialista Carlota Merchán señalaba demagógicamente que “incumplir la regla de gasto no es incumplir la ley (…) no dejemos mensajes que crean desconfianza en la ciudadanía (…) salgan fuera y digan a los ciudadanos que teniendo superávit debemos amortizar deuda y recortar el viviendas sociales y servicios”. Al final es lo que ella misma votó ese día, cumplir y recortar.

Y es que fuera de cámaras todo ha sido mucho menos “agitado”. En la última reunión que mantuvo el Ayuntamiento con Hacienda, según lo trascendido, no hubo nada de rebeldía o indignación de parte de los dos asistentes por la parte municipal -Carmena y Sánchez Mato- ni de nadie del equipo de gobierno de Ahora Madrid. Tampoco de los socialistas, que tanto exigieron un mayor volumen de gasto en los prespuestos municipales para darles su apoyo, algo que a la hora de la verdad se les ha “olvidado”.

Tanto la alcaldesa como su concejal agacharon las orejas y obedecieron punto por punto al Ministerio de Hacienda, no fuera a ser que los “hombres de negro” ocuparan las oficinas municipales o fueran cesados cargos electos municipales de manera fulminante desde Hacienda.

Esto demuestra que la intervención de Hacienda sobre el Ayuntamiento de Madrid es absoluta sin que se haya planteado ninguna rebeldía al respecto desde el gobierno de Ahora Madrid. Esta es la manera como Ahora Madrid ejerce la defensa de principios democráticos tan esenciales como la autonomía municipal en la política presupuestaria, algo que limitará gravemente las posibles políticas sociales.

Tanto la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como el delegado de Economía, responsable de la elaboración del presupuesto, acordaron con Montoro proceder a la retención de 238 millones en dos partes. La primera parte implicaba congelar 104 millones de euros y la segunda parte del acuerdo supone bloquear el resto. Todo este duro ajuste se comprometieron a realizarlo en un plazo máximo que abarcaba hasta finales del mes pasado.

Este ajuste resulta muy duro para el presupuesto municipal. Lo aplicado hasta ahora se refiere en principio a lo superado del techo de gasto en los años 2015 -17 millones- y 2016 -233-. Es decir que no incluye el total hasta los 589 millones, es decir los 351 millones de exceso aprobados para 2017. Por lo tanto las partidas que se verán congeladas o recortadas serán aún mayores.

Pero para hacernos una idea de lo que esto representa en el presupuesto municipal miremos las cuentas municipales ejecutadas en 2016. En ellas el gasto social alcanzó los 605 millones de euros , un 33% más que en 2015. Pues bien, solo el recorte inicial de los gastos aprobados por compromiso de no disponibilidad suponen 238 millones de euros, un 39% de todo lo ejecutado en 2016 para gasto social.

El total de la rebaja impuesta por Montoro y aceptada por Carmena, para un presupuesto total que en 2016 fue de 4.810 millones, supondrá al menos un 5% del gasto total. La mayoría de dicho gasto va destinado a las nóminas de los trabajadores y otros gastos fijos. De ahí que la incidencia sobre las partidas sociales directas se prevé muy grande.

Ajustes en una administración que además mantiene una cifras de superávit muy importantes. En 2016 hubo un remanente de tesorería de 573 millones y un superávit de 1.022 millones de euros, habiendo sido aún mayor el superávit alcanzado en 2015 que fue de 1.287 millones. Entre ambos ejercicios hubo 2.309 millones de ingresos por encima de los gastos. Pero esto en vez de dedicarse al gasto social se seguirá empleando en pagar la deuda municipal que en campaña se prometía auditar y restructurar.

Desde mayo de 2015, cuando Manuela Carmena llegó a la alcaldía, se han devuelto 1.793 millones de euros a los bancos. Esto implica una reducción sobre la deuda que dejó Ana Botella de un 36%. A ese ritmo podría ser que se liquidara casi toda la deuda municipal durante la legislatura de Ahora Madrid, algo de lo que se presume desde el equipo de gobierno de Manuela Carmena, incluido Sánchez Mato.

Estas imposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria provienen de la reforma constituciona del artículo 135 acordada por el PSOE de Zapatero -con Pedro Sánchez votando como diputado- y el PP, y fue una de las condiciones para obtener del BCE el dinero para el rescate bancario. Dicha ley fija el techo de gasto máximo de los municipios en relación a un cálculo ponderado sobre el PIB. Para 2015, por ejemplo, el crecimiento máximo fue de un ridículo 1,3% y en el 2016 de un 1,8%. Muy por debajo de los incrementos del PIB en esos mismos ejercicios.
La propia Rita Maestre ha señalado que la norma actual acaba siendo “un obstáculo para que los Ayuntamientos presten servicios de calidad y con eficiencia”. Sin embargo frente a esto el Ayuntamiento de Carmena se planteó negociar, sin ningún éxito, en los despachos otra forma de cálculo más favorable que tomara como referencia el PIB de 2013.

Con esta línea la posibilidad de desarrollar una mínima política en favor de las clases populares - de los “de abajo” como repetían durante la campaña electoral- va a quedar en agua de borrajas. El gobierno de Carmena ha mostrado muy obediente a los planteamientos del Ministro de Hacienda, sin hacer ningún llamamiento a la movilización para tratar de torcer el brazo del gobierno de Rajoy. Más bien al contrario, y tal y como viene siendo habitual para Ahora Madrid en el Ayuntamiento madrileño, se ha plegado a la legalidad antisocial impuesta por el gobierno de Rajoy en materia de gasto público, en favor de los poderosos acreedores de la deuda ilegítima para los que hay que tener asegurado el pago por encima de cualquier necesidad social.

Este recorte visibilizará para amplias capas sociales, más pronto que tarde, la impotencia política de Ahora Madrid y su incapacidad para abordar soluciones de fondo a los problemas sociales en materias tan esenciales para los más humildes como vivienda, empleo, urbanismo, cultura...

Frente a esta realidad solamente queda la movilización y la exigencia de la implementación de una política de mayor inversión municipal en la generación de viviendas sociales, de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de reducción drástica del desempleo con fuertes inversiones públicas municipales y la creación de empleo, así como la recuperación de los servicios públicos a través de la remunicipalización de los servicios municipales gestionados por empresas privadas sin ningún despido y bajo control de trabajadores y usuarios.






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