Política

TERRITORIO EN OFERTA

Campo Los Andes, tierra fértil para los negociados

Son 7216 hectáreas que pertenecen al Estado nacional y que las pondrá a la venta en una subasta internacional. Rechazo de pobladores y productores locales. Sospechas de conflicto de intereses.

Sábado 18 de marzo | Edición del día

El anuncio realizado por Enrique Vaquié en el Foro de Inversiones Mendoza 2017, quien hasta hace unas semanas ocupó el cargo de superministro que hoy ostenta Martín Kerchner, de que saldrán a la venta 7.216 hectáreas que hoy pertenecen al Ejército en Campo Los Andes, Tunuyán, ha dejado mucha tela para cortar.

Son varias las aristas, muchos los involucrados y más aún los interesados en hacer negocios con algunas de las tierras más codiciadas de Mendoza. . La intención explicitada por la Nación es la de “reforzar el desarrollo vitivinícola” de la región, pero lo que se reforzó son las sospechas de un gran negociado.

En primer lugar es necesario decir que hay dos estados involucrados, por un lado el estado nacional que es quien pone las tierras en venta que hoy son administradas por Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ; y por otro está el estado provincial que sería quien, a través de endeudamiento, realizaría obras de infraestructura para valorizar las tierras como sería una represa hidroeléctrica, expansión del área irrigada, apertura de caminos, etc.

También está los productores que hoy ya trabajan esas tierras y que se verían afectados a menos que consigan un socio con la cantidad suficiente de dólares como para participar en la subasta. Otro de los actores es el actual titular de la UCAR (Unidad para el Cambio Rural), el radical Alejandro Gennari, que tiene intenciones de ocupar el puesto que dejará vacante el pejotista Jose Luis Alvarez cuando termine si mandato al frente de Irrigación.

En declaraciones a una radio local, Gennari aseguró que "esto es una enorme oportunidad de inversiones para Mendoza", y agregó en tono irónico: "Acá hay garantía de transparencia, Lázaro Báez no se va a presentar", sin embargo olvidó mencionar que uno de los Calcaterra, Fabio, el hermano menor de Ángelo Calcaterra, podría ser uno de los favorecidos con este negocio y con lo cual estaríamos ante un nuevo escando similar al Correo o Avianca.

Otros que especulan con estas tierras son los militares. Vaquié aseguró que las autoridades del Ejército analizan con entusiasmo la iniciativa, teniendo en cuenta que el año pasado se modificó una norma que establecía que todos los fondos obtenidos por la venta de bienes del Ejército se destinaban al fondo común del Estado nacional. En cambio ahora –comentó– la legislación determinó que el Ejército se quedará con el 70 % del dinero y que debe utilizarlo para equipamiento.

El empleo como excusa

Una vez más, políticos patronales y empresarios apoyándose en una necesidad del pueblo trabajador, generada por las políticas que esos mismos políticos y empresarios impulsaron durante años, intentan avanzar en la entrega de territorio nacional. Que existe la necesidad de miles de mendocinos y mendocinas de acceder a un empleo estable, en blanco, con un salario equivalente al costo de la canasta familiar es indiscutible, más aún luego de conocerse los índices económicos de Mendoza. Sin embargo esa no puede ser la excusa para entregar las riquezas de nuestra tierra al mejor postor con el objetivo de juntar algunos dólares que les permita llegar al final del mandato.

El foro de inversiones que se realizó y otras instancias similares solo cuentan con la participación de capitales especulativos o fondos buitres que lejos están de intentar aportar al desarrollo de la provincia o el país. Son saqueadores profesionales así como los políticos patronales son entregadores seriales de las riquezas del país.

“Este proyecto no es más que una nueva apuesta a los sectores concentrados en su mayoría extranjeros, dejando otra vez de lado a los humildes, a los excluidos, a los pequeños y medianos productores, a los campesinos y campesinas y priorizando desarrollar viñedos, bodegas y grandes inversiones” señala la Unión de Trabajadores Sin Tierra a través de un comunicado y agregan que “el Gobierno Nacional plantea entregar y rematar las mejores tierras de la provincia a empresarios extranjeros”

Por su parte, el diputado del FIT Lautaro Jimenez señaló que "esta iniciativa va a profundizar la concentración y extranjerización vitivinícola e inmobiliaria de la provincia, en primer lugar van a ser afectados los pequeños arrendatarios que desarrollaban sus actividades agrícolas en estos terrenos alquilados por el ejército. Pero en segundo lugar, la entrada de estos capitales especulativos en el sector va a afectar sobre el conjunto de la cadena, controlando aún más los precios y stocks vínicos, en manos de los mismos que ya dominan por completo el comercio exterior, llevando a miles y miles de pequeño productores a la ruina".

" Recordemos además que con el avance de las bodegas multinacionales en el Valle de Uco vino el auge de la explotación de la mano de obra "golondrina" en condiciones de esclavitud y explotación infantil. Esas son las inversiones que prometen los gobiernos de Macri y Cornejo. Nosotros le oponemos un plan de arriendos y créditos baratos para los pequeños productores. Y la construcción de barrios para obreros de viñas y bodegas. Las tierras del estado no pueden rematarse entre un puñado de grandes capitalistas, deben ponerse a disposición de un plan integral de desarrollo productivo del estado provincial y los pequeños productores que por generaciones han trabajado estas tierras" remató Jimenez.

Pedidos de informe y audiencia pública

Luego del anuncio los pedidos de informe no se hicieron esperar. Uno vino de parte del intendente de San Carlos, Jorge Difonso, otros de diputados del PJ y también del diputado del FIT Lautaro Jimenez que impulsa una Audiencia Pública para este martes en la Cámara de Diputados. Los legisladores invitan a hacerse presentes durante la misma a funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y al Ministro Economía, Infraestructura y Energía, así como también a autoridades de los municipios, pobladores y organizaciones de la comunidad que se verían afectadas.








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